La crisis de vivienda que existe en Puerto Rico es cada día más evidente, amplia y urgente. Según datos de la Oficina del Censo, Estudios Técnicos y el Centro para una Nueva Economía, tras el paso de los hurcanes Irma y María sumado a los terremotos que estremecieron al Sur del archipiélago en el 2020, unas 500,000 viviendas resultaron afectadas. Se estima que al menos 185,000 de éstas sufrieron daños severos.
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Ante esa realidad es evidente que la iniciativa de reconstrucción del Estado ha sido extraordinariamente pobre, inefectiva e ineficiente. La mayor parte de los hogares afectados siguen sin ser rehabilitados o han sido reconstruidos por cuenta propia, lo que implica serios riesgos de seguridad de cara a otros posibles eventos naturales.
Mientras tanto, el Estado le ha abierto las puertas a inversionistas ajenos a la realidad de Puerto Rico y sus comunidades a través de la Ley 22, hoy Ley 60. Estos beneficios contributivos han provocado la acaparación desmedida de propiedades, el intento de limitar gravemente el acceso a nuestros recursos naturales para beneficio personal y la aceleración del proceso de desplazamiento de comunidades enteras.
El modus operandi de estos inversionistas busca comprar decenas de propiedades en una misma comunidad, sacar a sus inquilinos, reconceptualizar estos espacios como arrendamientos a corto plazo y transformar toda la comunidad hacia una economía enfocada en el turismo extranjero provocando un aumento vertiginoso en el precio de las propiedades y los alquileres.
Esto trae como resultado la eliminación de espacios de vivienda económicamente accesibles a los puertorriqueños(as) y la destrucción de los servicios necesarios para el sostenimiento de una comunidad saludable y funcional.
Esta crisis está afectando y afectará con mucha más fuerza al millón de ciudadanos(as) que viven alquilados. Pero eso no quita que llegará a la puerta de las familias que son dueñas de sus hogares. En realidad, hablamos de una crisis existencial para la sociedad puertorriqueña.
Para entender lo que nos espera si no hacemos nada, es necesario observarnos en el espejo de Hawái. Durante la década de 1840 comenzaron a llegar a ese archipiélago, que para entonces era una nación soberana, una serie de inversionistas y misioneros estadounidenses muy adinerados. En un periodo de 30 años compraron el 80% de las tierras de Hawai, derrocaron su gobierno, lo invadieron por completo y hoy los nativos hawaianos no sobrepasan el 20% de su población y quienes quedan son abrumadoramente pobres en comparación con el resto de ese estado.
Es importante señalar que, contrario a lo que quieren hacernos pensar, esta crisis tiene solución en nuestro país. Desde nuestra organización, El Otro Puerto Rico, hemos creado un Fondo de Inversión Social para comprar y rehabilitar propiedades y lanzar al mercado nuevas unidades de vivienda accesible. De igual forma nos proponemos impulsar la derogación de la nefasta Ley 22/60, la regulación de los arrendamientos a corto plazo y, la creación de un paquete de medidas que incentive con fuerza el acceso de nuestra gente al financiamiento de su hogar y el impulso a las cooperativas de vivienda como una alternativa para atajar la escasez de vivienda digna, segura y accesible que enfrentamos.
Lograr esto es crucial para garantizar nuestro derecho a quedarnos en nuestro país y el derecho a regresar de los puertorriqueños (as) que se vieron forzados a emigrar. Esta es la lucha impostergable de nuestro tiempo. La alternativa será un Puerto Rico sin puertorriqueños.
La opinión de esta columna corresponde a su autor. No representa la postura de Metro Puerto Rico.