Opinión

El propuesto Reglamento Conjunto perjudica a Puerto Rico

Lee la columna del Presidente de Para la Naturaleza y director ejecutivo del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico

Fernando Lloveras
Fernando Lloveras

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Se acaba de terminar el proceso de participación ciudadana para el propuesto Nuevo Reglamento Conjunto 2022 (RC2022), el cual ha sido objeto de críticas por parte de numerosas organizaciones e individuos en Puerto Rico. En Para la Naturaleza (PLN) sometimos nuestra ponencia solicitando a la Junta de Planificación (JP) que reconsidere el proceso llevado a cabo e inicie un diálogo y colaboración con las distintas organizaciones, municipios y ciudadanos, con el propósito de que se enmienden los errores señalados anteriormente por los tribunales y se planifique de manera adecuada para nuestras ciudades y recursos ecosistémicos.

Para la Naturaleza está disponible para colaborar y dar apoyo a la JP en la preparación de un nuevo reglamento conjunto que atienda los aspectos administrativos y procesales que hacen falta, sin pretender cambiar las calificaciones vigentes.

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El proceso de participación ciudadana llevado a cabo para este reglamento fue insuficiente. Aunque hubo un periodo para comentarios, el tiempo resultó ser muy corto, ya que la revisión requería que más de 30 agencias pasen juicio sobre un documento sumamente complejo, que a su vez agrupa más de 40 reglamentos y sobre un millar de páginas, sin contar con una participación ciudadana amplia, efectiva y oportuna. Además, para realizar un análisis tan complicado, hace falta un documento guía que permita conocer, justificar y contrastar el texto propuesto frente al que se pretende sustituir. Dicho documento no fue provisto durante este proceso.

Para la Naturaleza se opone categóricamente a la aprobación de este Reglamento Conjunto según fue propuesto. Entendemos que el mismo incumple con la Ley Orgánica de la Junta de Planificación y otras, como las leyes del Caño de Martín Peña, el Valle Agrícola de Lajas y la Ley del Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico. El RC2022 es, valga la redundancia, un reglamento y no un plan, por lo que no puede sustituir o enmendar el Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico, como tampoco puede enmendar otros planes, tales como el Plan Sectorial de la Reserva Natural del río Cialitos o el Plan Territorial de Rincón, por dar solo unos ejemplos.

Las propuestas presentadas en este reglamento tendrían efectos adversos en áreas naturales como el Bosque Nacional El Yunque, el Bosque Seco de Guánica y en todas las reservas naturales y bosques de las islas de Puerto Rico. Según redactado, el RC2022 permitiría nuevos usos sin la debida evaluación de sus impactos a los recursos ecosistémicos, abriendo paso a la otorgación de toda una serie de permisos para desarrollar con solo solicitar, sin pasar por la consulta y evaluaciones correspondientes.

Nuestras ciudades también se perjudicarían. Perderían habitabilidad al permitirse usos no residenciales como alojamientos a corto plazo, hoteles, hospitales, condominios y farmacias en nuestros parques y áreas dotacionales. Estas son solo algunas instancias en que el RC2022 elimina análisis esenciales de impacto a la calidad de vida de los seres humanos.

Otro aspecto preocupante es que el RC2022 simplifica los criterios ambientales para colapsarlos en tres distritos —conservación, preservación y bosque—, dejando desprotegidas áreas ecológicas importantes, como las áreas arqueológicas, cuencas hidrográficas, áreas de anidamiento de especies en peligro de extinción, humedales y manglares. Todo ello podría tener graves consecuencias para la biodiversidad y la conservación de áreas con alto valor ecológico.

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Es fundamental que se abra un espacio de diálogo para discutir cómo podemos reconstruir nuestras ciudades y, al mismo tiempo, conservar y recuperar las áreas naturales. Debemos trabajar juntos para promover soluciones y encaminar reglas que mitiguen los efectos de la crisis climática y protejan nuestros recursos ecosistémicos.

El propuesto Reglamento Conjunto 2022 sería perjudicial para los ecosistemas naturales y humanos de las islas de Puerto Rico y no debe ser aprobado.

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