La pandemia ocasionó un aumento en los precios de muchos bienes que se comercian en la economía internacional. La inflación en Puerto Rico se ha exacerbado con la guerra entre Ucrania y Rusia. Ambos países eran grandes productores de alguna materia prima ya sean granos, metales o petróleo. El Departamento del Trabajo de Puerto Rico encontró que la inflación para el último mes disponible (noviembre) seguía en 6.5%.
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Sin embargo, si mañana se controlan todos estos factores y la inflación cae en cero, el costo de vida seguiría alto en Puerto Rico: una inflación de cero solo indica que los precios en general no están aumentando, pero no quiere decir que están disminuyendo. Aun antes de estas situaciones, ya el costo de vida de Puerto Rico era relativamente alto: el costo de vida de la zona metropolitana en Puerto Rico ha estado consistentemente en el promedio de 289 jurisdicciones metropolitanas de Estados Unidos en el indicador Cost of Living Index que prepara la organización Council for Community and Economic Research (Instituto de Estadísticas 2020). En artículos de supermercado, Puerto Rico clasificó como el número 19 más caro entre 289 jurisdicciones de Estados Unidos y en costo de servicios esenciales (“utilities” en inglés) fue el cuarto más caro de esas 289 jurisdicciones de Estados Unidos.
Hay políticas públicas locales como federales que afectan el costo de vida en Puerto Rico. A nivel federal tenemos al menos dos: la ley Jones de 1920 y la escasa aplicación de las leyes antimonopolios. Por un lado, la mayoría de los estudios (Advantage Business Consulting, 2019; John Dunham & Associates 2019; Mari, 2017) concluye que la Ley Jones encarece el costo de las importaciones que llegan a Puerto Rico. En el caso de las leyes antimonopolios, es importante señalar que es un consenso en economía: mientras mayor sea el poder en el mercado de las empresas o la concentración de los mercados, mayor será el precio ante la falta de competencia intensa.
A nivel local podemos mencionar al menos otros cuatros factores. Primero, la inercia con respecto a regular sectores esenciales no solo se observa en la pasividad ante la monopolización de muchos mercados en Puerto Rico sino ante los aumentos tarifarios que estos imponen. Segundo, el gobierno de Puerto Rico impuso tributos regresivos como la “crudita” y el impuesto al inventario. Tercero, no hay un programa para hacer accesible la energía renovable a todos los hogares. Cuarto, no hay una política pública que promueva el transporte colectivo ni el acceso amplio a la vivienda.
Para contrarrestar en algo la inflación, es encomiable que se busque ajustar las escalas de impuestos por ingreso. Sin embargo, la propuesta incluida en el Proyecto del Senado 1111 de aumentar las deducciones por los intereses hipotecarios no ayuda en nada a las familias que pagan alquiler o que adquirieron su vivienda sin la intermediación de la banca hipotecaria.
La clase media trabajadora no ha recibido alivios sustanciales para contrarrestar la inflación, excepto por los empleados del gobierno central que recibieron recientemente una bonificación sustancial producto del Plan de Ajuste de Deuda. Sin embargo, los beneficiarios del Seguro Social recibieron un aumento por inflación al igual que algunos recipientes de transferencias federales.
Recomiendo que se ordene: una deducción especial para los asalariados del sector privado, quienes no recibieron ajustes por inflación ni bonificaciones adicionales; una deducción para las personas que pagan alquiler en vez de aumentar la deducción por intereses hipotecarios; un ajuste en las planillas para cuentapropistas que rinden la tasa fija bajo la Contribución Opcional (donde no se realizan deducciones); un ajuste mayor en las escalas de ingresos más bajas y menor en las escalas de ingresos más altas. Esto le daría progresividad al ajuste, ya que la inflación (al igual que cualquier impuesto fijo) impacta menos a las clases más altas, muchas de las cuales negocian sus ingresos; una mejoría en las estadísticas. El Departamento del Trabajo, entidad encargada de medir el Índice de Precios al Consumidor, dijo que en enero de 2021 el costo de combustible y vehículos estaba por debajo de enero 2020, pero los datos de precio de gasolina del Departamento de Asuntos al Consumidor lo contradicen.