En un país donde sigue extendiéndose el fenómeno de gente sin casa y de casas sin gente, el Estado, lejos de adoptar políticas que faciliten el acceso a vivienda, es cómplice del desplazamiento de comunidades. Según datos publicados por Hábitat PR y el Centro para una Nueva Economía, hacen falta 74,000 viviendas para alquiler, y la lista de espera para vivienda pública es de 25,000 familias. Huracanes y terremotos han agravado la situación, a la misma vez que el envejecimiento poblacional y el aumento en estadísticas sobre diversidad funcional plantean necesidades particulares para las cuales no hay oferta. En contraste, casi un cuarto de millón de viviendas están desocupadas debido a factores que incluyen impago de hipotecas y exilio económico.
Ante ese panorama, sin embargo, vemos acciones como la de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda, que acaba de eliminar formalmente las restricciones de varias propiedades públicas en Puerta de Tierra, según las cuales esos edificios debían destinarse a viviendas para familias de bajos ingresos. Así, el gobierno sella su alianza con los inversionistas extranjeros con privilegios contributivos que ya han acaparado buena parte de los inmuebles de la zona para dedicarlos a alquileres a corto plazo. Este tipo de actividad, como ya se ha estudiado en Puerto Rico, está resultando en un aumento de 7% de la mediana de alquiler y un alza de 23% del precio de venta de viviendas. Es la receta perfecta para el desplazamiento de comunidades tradicionales bajo la premisa de que el “progreso” del país debe medirse por cuánto ganan los inversionistas, y no por el acceso que la gente tenga a derechos humanos como la vivienda, la educación y la salud. De hecho, la escuela de la comunidad fue cerrada y vendida con el propósito expreso de convertirla en hospedería, y el Centro de Salud opera a un mínimo. Para completar el cerco, la mayoría de las viviendas públicas para personas con problemas de movilidad en el área permanecen clausuradas “para reparaciones”. Puerta de Tierra fue el primer barrio establecido fuera de las murallas de San Juan. Hoy, su gente también marca la vanguardia como comunidad que resiste el desplazamiento en una lucha en la que, tristemente, el gobierno es el adversario.