Justo cuando creemos haberlo visto todo, la vida se encarga de sorprendernos. Lo mismo aplica al germen de la corrupción gubernamental que, a todas luces, lejos de perder tracción ha ganado terreno.
En la década de 1990 parecía que habíamos tocado fondo con aquella racha de sucesos protagonizada por el Instituto del SIDA o el Departamento de Educación bajo Víctor Fajardo. Más tarde alcaldes populares como Sol Luis Fontanes, Juan “Mane” Cruzado o Edgardo Arlequín y novoprogresistas como Bernardo Negrón o Edgard Santana. Nos equivocábamos. Llegaron historias como la de Julia Keleher o Ramón Orta. Pero estos últimos meses han superado cualquier expectativa. Al menos 6 alcaldes han tenido que salir de sus puestos luego de acusaciones por alegados actos de corrupción.
PUBLICIDAD
Ángel Pérez Otero, de Guaynabo; Félix “El Cano” Delgado Montalvo, de Cataño; Eduardo Cintrón Suárez, de Guayama; Luis Arroyo Chiqués, exalcalde de Aguas Buenas y la pasada semana los líderes municipales de Humacao y Aguas Buenas, Reinaldo “Rey” Vargas Rodríguez y Javier García Pérez.
Indudablemente una racha sin precedentes que ya llega acompañada de las declaraciones de portavoces de los gobiernos federal y estatal en las que anticipan investigaciones en curso que podrían dejar en aprietos a nuevos alcaldes. Al evaluar el panorama puede uno llegar a una de dos conclusiones. O estamos ante una camada de políticos excepcionalmente corruptos o, en realidad, muchos de ellos siempre lo han sido pero los mecanismos del Estado para identificarlos habían sido menos eficientes.
Sea cual sea la respuesta, es ineludible concluir que el problema se ha atendido de manera ineficiente por parte de los partidos y el Gobierno mismo. No es necesario ser erudito para concluir que la raíz de la corrupción gubernamental -más allá de la fibra moral individual- es el inversionismo político. Pensar que empresarios y dueños de capital donan miles a las campañas de figuras políticas solo por “amor al arte” es iluso. Donan porque quieren algo a cambio e invariablemente lo consiguen. En esta racha reciente queda claro que ejecutivos de las compañías señaladas, o bien aportaron dinero a la espera de ser beneficiados o buscaron cómo acceder a oficiales electos mediante el pago de una mesada para lograr que se les beneficiara con contratos y se le aceleraran los pagos de contratos activos.
Pero aunque localmente se ha discutido la posibilidad de eliminar -de manera consensuada - las aportaciones económicas privadas, nadie -o por lo menos los partidos principales- dice “yo”. A esa imposibilidad de desprenderse del dinero privado que alimenta sus campañas y, más tarde, sus casos de políticos señalados por corrupción, añada usted el hecho de que los procesos de selección de candidatos a puestos electivos dejan mucho que desear. Más allá de alguna entrevista y una revisión de sus finanzas, los partidos parecen dedicar poco tiempo a la búsqueda de los hombres y mujeres que llenarán su papeleta, aún cuando esos hombres y mujeres se convertirán en su rostro público.
Precisamente por ello, los partidos deben reconocer el problema y agarrar con fuerza los procesos de selección de candidatos de cara a los próximos comicios. Está claro que hacerlo no garantizara que no se cuelen “manzanas podridas”. Está claro que o hay proceso infalible. Sin embargo, las colectividades deben comprender la importancia de que puedan enmendar esos procesos a la hora de ser evaluados de cara al futuro ante la opinión publica. Ese saneamiento también podría ayudar a permitir que los partidos históricos logren reclutar nuevos seguidores, un esfuerzo que cada vez se les hace mas cuesta arriba y en el que pierden tracción ante el surgimiento de nuevos movimientos políticos. Meter la cabeza en un hoyo e ignorar la necesidad de esas reformas solo les pondrá en una posición de mayor precariedad ante el país que les observa. Y eso, como la idea de continuar viendo el desfile de corruptos esposados, es siempre una posibilidad.
