El acceso a energía eléctrica confiable y a un costo razonable es de vital importancia para lograr que Puerto Rico pueda impulsar el crecimiento económico que necesita para enfrentar los retos que el Plan de Ajuste del gobierno central, COFINA, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y una clase política que se aferra a seguir funcionando bajo los mismos principios que nos quebraron traerán en el futuro cercano.
Mientras la AEE logra el cumplimiento con las métricas de generación mediante energía renovable, almacenamiento de energía, y programas de eficiencia energética, requeridos por la Ley 17-2019, esta depende casi en su totalidad de petróleo y carbón para generar energía. Esto crea una inestabilidad notable en los costos de generación de energía que afectan directamente la tarifa de las familias y negocios en Puerto Rico.
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Ejemplo de lo anterior, fue el último ajuste por concepto de compra de combustible y compra de energía emitido por el Negociado de Energía el 30 de diciembre de 2021, el cual resultó en un alza de 16.8% en la tarifa residencial. Esto quiere decir que si usted antes pagaba $100.00 de electricidad, ahora está pagando $117.00, sin contar el efecto que este aumento tiene en los negocios a los que usted acude, como el supermercado, los restaurantes, etc. Si en diciembre ese fue el ajuste, prepárense para el ajuste que vendrá al final de marzo de 2022, pues el petróleo sigue subiendo de precio. Esto no es tan solo inaceptable, sino que es vergonzoso que el Ejecutivo y Legislatura se crucen de brazos y permitan que en lo que el hacha va y viene, la familia en Puerto Rico se siga empobreciendo.
No hay razón para ello. Desde enero de este año está ante la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado, que preside el senador Javier Aponte Dalmau, el Proyecto del Senado 728 de la autoría de la Senadora Joanne Rodríguez Veve, portavoz de Proyecto Dignidad. A través de esta legislación se le ordena al Departamento de Hacienda la creación de un fondo con asignaciones especiales estatales y federales, y con los recaudos provenientes de deuda atrasadas, no corrientes, que agencias del gobierno federal, gobierno estatal, corporaciones públicas y municipios mantienen con la AEE. Estas deudas atrasadas ascienden a $233,727,563.00. El proyecto permite que dichos recaudos sean utilizados para estabilizar el costo de energía eléctrica frente a alzas en la tarifa de electricidad sin que impacten el bolsillo de la familia directamente.
Es necesario que el Senado se mueva con celeridad y apruebe este proyecto para que exista un fondo que le permita a las familias en Puerto Rico bandear estos vaivenes del costo de combustible en lo que los procesos en la AEE se normalizan. De no aprobarse con celeridad esta medida, o alguna otra dirigida a lo mismo, el costo de la energía eléctrica en la Isla puede alcanzar niveles tan elevados que afecte seriamente la demanda de energía y con ello, la viabilidad de la AEE mirando hacia el futuro.
Quizás no vendría mal comenzar a alimentar este Fondo de Estabilización del Sistema Eléctrico de Puerto Rico con los $50 millones del barril que la Cámara de Representantes aprobó el martes. Así nos aseguramos de que tengan un alivio real a todas las familias en Puerto Rico. ¿Habrá Voluntad Legislativa?
