Columna de Julio Rivera Saniel: Hermanitas de la caridad
Otra vez la mula al trigo, diría Chespirito. Nos enfrentamos a otro proceso electoral aderezado por una investigación federal, con todo lo que ello supone. En…
Por Julio Rivera Saniel @riverasaniel
Otra vez la mula al trigo, diría Chespirito. Nos enfrentamos a otro proceso electoral aderezado por una investigación federal, con todo lo que ello supone. En esta ocasión se trata de allegados al gobernador Alejandro García Padilla y, particularmente, el recaudador del Partido Popular, Anaudi Hernández. Un esquema en el que, por la información que ha surgido por fuentes de la propia Fiscalía federal, investiga la posible venta de influencias y el uso de conexiones con el poder para el lucro de unos pocos, un cuento que ya hemos visto pasar ante nuestros ojos una y otra vez. Pero eso de la corrupción, mi querido lector, —ocurriera o no en este caso— no es cosa nueva. Usted lo sabe. A fin de cuentas eso —la corrupción— tiene una zapata firmemente plantada que permite que siga ocurriendo: el inversionismo político y la aportación de dinero privado a las campañas electorales.
Sí. Ya sé que a nivel local no podemos hacer algo para prohibir que intereses privados den chavitos a los partidos políticos. Sí. Sé que los tribunales estadounidenses han decidido que dar dinero a políticos, desde el sector privado, no puede ser prohibido. Sí, lo sé. Todo lo anterior es cierto. Pero también lo es el hecho que precisamente esas decisiones legales y la permanencia de un sistema de subvención de campañas políticas que permite la entrada de capital privado nos convierte en una sociedad vulnerable a la corrupción y la venta de influencias. Es sencillo.
Póngase usted en el lugar de una empresa de capital privado. Luego, pregúntese por qué debo aportar dinero de mis ganancias a un candidato o partido político, qué gano con sacar de mi capital para darlo a una persona o partido con la intención de ayudarle a ganar las elecciones y acceder al poder. Es muy poco probable que la respuesta a esas preguntas sea “mucho” si su aportación se da a cambio de nada. El problema es que permitir el inversionismo político es darle luz verde a la aportación económica privada a cambio de mucho. ¿Cree usted que estos grandes empresarios, compañías y representantes del amplio capital privado aportan de su bolsillo porque son hermanitas de la caridad? ¿De verdad piensa que dan billetes largos a los candidatos porque les parecen simpáticos o guapos? No se engañe. El capital privado da para recibir, y el Estado, con sus leyes, permite que la dinámica de “toma y dame” se complete elección tras elección. Distinto sería el panorama si, como en incontables jurisdicciones alrededor del globo, las aportaciones privadas fueran simplemente ilegales y fuera el Estado el que proporcionara a los candidatos y partidos tiempo igual para promover sus candidaturas.
Es ese sistema, que nos toca sin remedio por decisión federal, el que promueve la venta de influencias, la compra de proyectos de ley y la paralización de medidas que parecerían buenas para los ciudadanos, pero no para el sector privado. Ello, unido al encumbramiento de personas deshonestas (o rodeados de ellas) es lo que nos ha traído a este presente cargado de una larga lista de corruptos procesados y otros aguardando para serlo.
Por ello, ante la evidente falta de honestidad de muchos de aquellos que llegan al poder, parece meritorio dar garras al Estado para poder combatir con mayor eficacia la corrupción rampante. No solo aquella que llega como consecuencia del inversionismo político, sino la que supone el hurto de fondos. El robo claro y llano. Ese que se ha dado históricamente y que coloca a funcionarios públicos robando al país, ingresados en la cárcel, pero sin devolver un solo centavo de lo robado. Por ello, resultaría sensata la aprobación del Proyecto de la Cámara 2749, del representante Manuel Natal Alvelo. La medida, que debería ser considerada en la próxima sesión, propone que los convictos de delitos de fraude, corrupción y otras formas de hurto al erario deberán devolver los fondos públicos robados o perdidos por sus acciones, además de los intereses acumulados. El proyecto no supone una garantía contra el robo de nuestros funcionarios, pero al menos envía un mensaje de esos que duele. No en la fibra moral, pero sí en el bolsillo. Si te llevas lo que no es tuyo, lo devuelves.
Te invitamos a leer estas notas:
