Columna de Julio Rivera Saniel: En coma y sin chavos, ¿Quién salva la reforma?
Las noticias sobre el desastre económico y administrativo acumulativo del país son una constante inevitable. Tanto, que no es casualidad que mis últimas…
Por Julio Rivera Saniel @riverasaniel
Las noticias sobre el desastre económico y administrativo acumulativo del país son una constante inevitable. Tanto, que no es casualidad que mis últimas columnas han sido dedicadas a diversos aspectos relacionados al estado de situación del país y, en algunos casos, al papel que debemos jugar los ciudadanos a la hora de identificar soluciones.
Pero un asunto importante casi se nos pierde de vista en medio de la avalancha de malas noticias. Nuestro sistema de salud está en coma. Y no lo digo yo. Lo han reiterado consistentemente expertos en salud pública y observadores de sus finanzas.
A pesar que esos mismos expertos coinciden en que el propósito para el que fue creada la Reforma de Salud del Gobierno en el año 1994 era válido y bienintencionado, los costos de operación han cavado un profundo hoyo negro en las finanzas del país.
Para que tenga una idea, al año 2004, justo al cumplirse su primera década de vida, la Reforma de Salud había gastado cerca de $9 mil millones en dinero del Fondo General. La cifra habría sido aún mayor a no ser por el hecho que la puesta en marcha de la reforma se dio de manera escalonada y no fue sino hasta el año 2000 que la totalidad de los beneficiarios estuvieron cubiertos por la llamada “tarjetita”. La suerte del modelo de salud parecía haberse anticipado desde su comienzo. Según múltiples análisis sobre el tema, la Reforma de Salud ha operado con déficit desde sus inicios. Cada año se queda corta por aproximadamente $300 millones que se siguen acumulando y que se ha intentado palear con préstamos o asignaciones especiales.
Pero según salubristas, el ritmo de gastos es insostenible.
A abril del presente año, la Administración de Seguros de Salud, ASES, admitía un déficit de $130 millones con sus acreedores y proveedores de servicios a los pacientes. Lo que es peor es que a la vista no parece haber dinero para cubrir ese dinero, lo que dejaría a los proveedores de servicios con un enorme vacío en sus bolsillos si el dinero no se paga.
A lo anterior, súmese que Mi Salud también ha dejado de pagar por servicios prestados en renglones como pruebas de laboratorio. La pasada semana entrevistaba a la exdirectora del Instituto de Ciencias Forenses, María Conte Miller, quien en representación de la Academia de Patología y Medicina de Laboratorio de Puerto Rico denunciaba que la “tarjetita” adeuda unos $15 millones a laboratorios por pruebas de patología realizadas. Anticipaba además que, de no recibirse los pagos, el efecto sería la paralización de pruebas patológicas muy necesarias para completar diagnósticos de condiciones como el cáncer.
Y ahí lo tiene. La receta perfecta para la destrucción del sistema de salud. La propia doctora Conte vaticinaba “el colapso del sistema de salud pública” usando una lógica sencilla. Si no cuesta más de lo que se tiene, el sistema no es viable.
En términos similares se ha expresado en el pasado el Colegio de Médicos Cirujanos y otras organizaciones profesionales. La pregunta es, ¿qué está haciendo el Gobierno para cambiar cuanto antes un modelo salubrista que cuesta $1,900 millones al año y que no atiende a la totalidad de la población? ¿Puede el país darse el lujo de que su sistema de salud colapse? La respuesta lógica a esa pregunta es no. Pero la radiografía que llega desde la oficialidad parece señalar que, lejos de buscar el tratamiento correcto, el paciente está cerca del desahucio.
