Opinión: ¿Le aumentaron el sueldo? A su alcalde sí
En momentos de crisis, la búsqueda de soluciones se hace imperativa. Y como las soluciones están en todas partes y llegan en todas formas, tamaños y colores, en las pasadas semanas he decidido hacer un ejercicio paralelo de identificar problemas —que siempre es importante—, pero también tratar de identificar soluciones.
Desde esta esquina ya he expuesto a lectores como usted mis ideas en torno al sistema de pensiones de los jueces, los incentivos aprobados por la Legislatura que hace que demasiados sectores del país no paguen lo que deberían de su factura de energía eléctrica o la exención total de la que gozan las iglesias en la Isla, aun cuando algunas generan riquezas.
También les he comentado sobre el Proyecto 545 de la Cámara de Representantes que ya fue aprobado en ese cuerpo y que busca mejorar las condiciones para el establecimiento de negocios de capital local en la Isla.
Y hoy, por aquello de seguir hablando de posibles soluciones, les hablo sobre los muncipios y sus alcaldes. Esos que agarrándose de excusas que rayan en lo absurdo y lo ofensivo se procuran jugosos aumentos de salario, a pesar de que en muchos casos no han podido cuadrar las finanzas del ayuntamiento ni con ayuda celestial. No sé a usted, pero ¿a quién le hace sentido que un alcalde goce de un aumento salarial cuando su municipio vive en déficit? ¿Cómo es moralmente sostenible echarse más dinero en el bolsillo y procurarse ingresos mayores a los del mismísimo gobernador cuando la extensión terriorial que gobierna puede ser recorrida en 10 minutos de punta a punta? Eso, aunque sea inverosímil, es nuestra realidad diaria. Pero la realidad siempre está sujeta a cambios. Y una se propone desde el Senado.
Se trata del Proyecto 490. La medida, que fue aprobada el pasado 29 de agosto, regula los salarios de los alcaldes. Y lo hace echando mano a múltiples recursos. Primero, establece que los cambios en el salario de un alcalde o alcaldesa deben ser prospectivos o, lo que es lo mismo, que un alcalde no podrá pasarse de listo y legislar un aumento de salario para su propio e inmediato disfrute.
El proyecto también les pone freno a las Legislaturas municipales para que, antes de aprobar un aumento de salario para los alcaldes, tengan primero que mirar los resultados de una auditoría externa. Si esa auditoría refleja un déficit, el aumento simplemente no puede darse. Parece sensato, ¿no?
Pero los frenos al derroche municipal no terminan ahí. La medida establece una escala de salarios para los alcaldes que depende de la población del ayuntamiento según establecida por el Gobierno federal.
Según esas bases, los salarios quedarían fijados de la siguiente forma: municipios con hasta 20,000 habitantes, salario base de $5,500 mensuales; municipios con más de 20,000 habitantes y hasta 50,000 habitantes, salario base de $6,500 mensuales; municipios con entre 50,000 y 100,000 habitantes, salario base de $7,500 mensuales; municipios con más de 100,000 habitantes hasta 200,000 habitantes, salario base de $8,500 mensuales; municipios cuya población exceda los 200,000 habitantes, su alcalde tendrá un salario base de $9,500 mensuales.
Y la medida incluye una larga lista de criterios adicionales que deberán formar parte del proceso que determine si un alcalde debe o no recibir uno de esos aumentos tan deseados por todos, los buenos, los malos, los regulares y los simplemente mediocres. La medida, como decíamos, ya ha sido aprobada en el Senado, pero muy poco se sabe de ella en la Cámara de Representantes. Ojalá que el cabildeo y la presión de los alcaldes a sus legisladores no logre echar a la basura una medida que, a mi juicio, solo traería a la mesa mejores prácticas de administracion pública. Y si a eso añadimos la posibilidad de fusionar municipios, cuando menos del punto de vista administrativo, ya sería un gran avance. Porque, señores, amar a su municipio es bonito y ninguno desea la desaparición sociológica de las calles que le vieron crecer. Pero a la hora de hablar de administración pública, no basta con las buenas intenciones y el auxilio constante de un Gobierno central en crisis para sostener las bases fiscales de un ayuntamiento. En tiempos de crisis, solo sobrevive el más fuerte o, en este juego, el mejor administrador. ¿Su pueblo tiene uno bueno?
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