Opinión: Iglesia pecadora
La pasada semana fuimos testigos de la admisión pública del pecado de la Iglesia. No solo de la admisión del pecado como precepto religioso-cristiano, sino del pecado en su expresión estrictamente terrenal, mundana, un hecho despreciable que se aparta de lo que es debido, justo y recto.
Y la admisión del pecado de la Iglesia vino en voz de uno de los principales portavoces del cristianismo en la Isla, el monseñor Roberto González Nieves. El hecho se dio en medio de la entrevista que el religioso concediera a la compañera periodista Limary Suárez. A sus preguntas, González Nieves aceptaba que un sacerdote acusado por un hombre de haberle violado —en una parroquia— cuando tenía 15 años de edad admitió los hechos sin pestañear al ser entrevistado por el religioso católico.
La lógica diría que, ante tamaña admisión, el susodicho ya no sería parte de la estructura de la Iglesia. También diría que un violador confeso sería en esta etapa del juego no solo severamente castigado por la Iglesia como estructura administrativa, sino también por las leyes de los mortales, esas que son protegida por los tribunales de los hombres (y mujeres). Pero, en este caso, la realidad escapa la lógica y convierte a la Iglesia en pecadora por omisión. Porque al dejar de hacer o, en su defecto, en hacer con demora, la Iglesia se convierte en cómplice.
La omisión, sin embargo, no luce como una falta del monseñor González Nieves, quien parece haber atendido el caso tan pronto se recibió la querella.
La inacción o, en su defecto, la falta de premura en atender un caso de tales dimensiones son pecados de la estructura de la Iglesia. Esa que recibió los datos del caso (que incluyen la admisión de la violación hace cuatro años) y hoy, con una pasmosidad que espantaría al mismísimo coro celestial, permite que el pecador confeso continúe sin castigo.
La posición asumida por el Vaticano es consecuente con la usanza arcaica de la Iglesia católica de querer sacudir bajo la alfombra semejantes delitos, como esperando que, habiéndolos barrido, los hechos desaparecerán como por intervención divina.
Sin embargo, esa práctica le ha explotado en la mano a la Iglesia y, en lugar de desvanecer los hechos, ha conseguido magnificarlos y poner sobre la estructura de la Iglesia la marca de la excesiva tolerancia, la impunidad y hasta la de un frío consentimiento.
Pero en eso del pecado la Iglesia local no está sola. Solo basta recordar la investigación que las autoridades en la vecina República Dominicana siguen contra el nuncio apostólico y delegado de la Santa Sede para Puerto Rico, José Weolowsky, por hechos similares en Quisqueya. Y, aunque el moméntum hace colocar el dedo sobre la Iglesia católica, no hay que tener memoria estrecha. Múltiples actos de abuso sexual se han vivido en el seno del protestantismo local. Con un poco de ayuda recordará casos como el de Luis Alberto Ruiz, un pastor de la Iglesia Movimiento Internacional Pentecostal de Toa Baja, que fue declarado culpable de agresión sexual, actos lascivos, sodomía e incesto cometidos contra dos de sus hijas, a quienes —según el tribunal— abusó durante 11 años. O tal vez Nelson Santiago Colón, un pastor evangélico de 47 años que fue acusado de incitar a dos menores a mantener relaciones sexuales en su domicilio. O quizá Dolores Pagán Lozada, pastor de la Iglesia de Dios Misión Board, que fue acusado de haber abusado de una menor de 16 años que le consideraba su padre espiritual. O Luis A. Pérez, otro pastor protestante que fue acusado de violar y sodomizar a su propia hija, quien le denunció al cumplir 18 años. Y la lista continúa.
Pero para expiar estos pecados no es posible refugiarse en la indiferencia o la omisión. Si el mundo cristiano (católico o protestante) quiere purgar sus faltas, deberá ser irremediable, transparente e indudablemente severo. El tiempo para la reivindicación se acaba, y, en esta ocasión, la furia de los hombres será —sin lugar a dudas— fuego que consume.
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