Opinión: No se justifica la huelga

De cara al paro, algunos líderes magisteriales han querido insistir, en cuanto a las justificaciones procesales para la huelga, en que no hubo apertura de parte del Gobierno ni ambiente de diálogo y negociación para la reforma del Retiro de Maestros. Un corto repaso del récord, disponible en línea, los desmiente en cuanto a estas razones y también en cuanto a las sustantivas.

Tan temprano en el cuatrienio como el 9 de marzo, la Federación de Maestros anunció que se había reunido con el gobernador para discutir el retiro. En el mismo comunicado, disponible en la página oficial de la unión, dejan claramente establecida su posición, la cual rechazaba cualquier aumento en la edad de retiro o en la aportación de los empleados, y cualquier reducción en las pensiones prospectivas y en los beneficios legislados. En otras palabras, el liderato de la unión se oponía a cualquier cambio que pudiera mejorar la solvencia del retiro.

El 11 de octubre se celebró una reunión, descrita por los medios electrónicos como “extensa”, en la que también estuvo presente el gobernador y el liderato de la Federación. El 26 de noviembre se celebró otra “maratónica reunión” de “más de cinco horas” con el gobernador y líderes de diversas agrupaciones magisteriales.

Más aún, de parte del Gobierno hubo una disposición real a la negociación. El 11 de noviembre los medios reportaban que la pensión mínima de los maestros se garantizaría en un nivel de $1,400 mensuales. Cuando se presentaron los proyectos de ley, el mínimo había aumentado a $1,500 y la ley que finalmente firmó el gobernador aumentó la pensión mínima a $1,625. En cambio, el liderato magisterial no modificó en nada la posición que habían asumido desde al menos el mes de marzo.

En cuanto a la sustancia de los cambios, el liderato magisterial insiste en que la reforma aprobada reduce las pensiones de los maestros. La realidad es que las pensiones de los ya jubilados no se reducen y que no hacer nada ahora —posponer las soluciones como se hizo en el pasado— acabaría quebrando el sistema tan pronto como el 2019. A partir de ese momento, no se podrían pagar las pensiones ni de los retirados ni de los maestros activos una vez llegaran a la edad de jubilación.

En otras palabras, las alternativas eran dos: actuar ahora y garantizar una pensión mínima que es mayor que el ingreso promedio de un trabajador puertorriqueño o de un retirado del seguro social; o cero pensión para los maestros y una deuda masiva sin pagar para el resto de los contribuyentes.