Opinión: Jueces: ¿Quién dice “yo”?
El pasado fue un año complicado para el país… y también triste. La toma de decisiones controvertibles caracterizó el primer ciclo del nuevo gobierno. Y aunque el análisis de si las acciones tomadas fueron o no decisiones correctas es —como siempre— objeto de debate. Lo que es un hecho indiscutible es que el 2013 no fue un buen año.
La última etapa de ese ciclo estuvo marcada por otra de esas decisiones amargas, tanto por su ejecución, como por sus efectos inmediatos: las enmiendas al Sistema de Retiro para los maestros. Y la amargura se acrecentó ante la realidad de que ni los afectados, ni el Gobierno parecieron poder articular de manera clara sus puntos de interés en medio de la controversia. Si tiene dudas, pregúntele a cualquiera a su alrededor y descubrirá que solo se sabe que no se sabe mucho sobre la raíz de la controversia. ¿Continúan las dudas? Siga preguntándose… ¿Cuáles fueron las medidas aprobadas? ¿Cuáles eran los reclamos específicos de los maestros? ¿Cuáles eran los argumentos del gobierno para promover los recortes en los beneficios de los educadores? ¿Conoce usted las respuestas a esas preguntas? Me temo que no. Por ello el resultado ha sido la aprobación del proyecto en medio de un hoyo negro de información. O tal vez en la esquizofrenia informativa, una lluvia de datos poco claros. Y argumentos que, aunque lanzados al foro público, más bien parecían parte de un soliloquio. Una conversación al interior de un club privado en la que solo los integrantes del club eran capaces de entender.
En este conflicto tanto el gobierno como los maestros no parecen haber entendido una regla importante, no basta con tener la razón. Cuando se trata de ganar batallas públicas, es un error pensar que la opinión pública no importa. Quienes han entendido esta lección, han ganado grandes batallas. Mientras tanto, los afectados —como siempre— no fueron los culpables del desastre, sino las víctimas de la crisis: los educadores.
Pero, mientras esa opinión pública se debate sobre su ánimo en torno a las enmiendas al sistema de retiro de los maestros, me parece que en donde no hay mayores controversias es en el juicio público sobre la ley que enmienda el sistema de retiro de los jueces. Ante la amenaza de impacto a sus pensiones, los jueces —tradicionalmente divididos en tribus políticas— han encontrado un raro punto de consenso: defender su cheque. Y para hacerlo, se han agarrado de la independencia judicial.
La ecuación que presentan al país parece sencilla. Pensión – reducción = a violación constitucional. Argumentan que alterar sus pensiones, producto de sus salarios que inician en poco más de $60 mil y llegan a los $125 mil al año, es algo así como un sacrilegio que afectaría a la Rama Judicial y su independencia a la hora de tomar decisiones. Se afectarían sus proyecciones de gastos y su plan de vida, denuncian. El problema es que lo mismo ha sucedido con los maestros y otros servidores públicos que han tenido que hacer —sin quererlo— ajustes a sus vidas como consecuencia de las acciones gubernamentales. El país no se cree el cuento.
Si la contención de los togados —como dicen— no es la defensa de su cheque, sino evitar una intervención de las ramas Ejecutiva o Legislativa en sus asuntos, les tengo la solución… ¿Por qué en un supremo ejercicio de empatía y reconocimiento de la situación económica que vive el país no levantan la mano y voluntariamente deciden reducir sus pensiones? Así, echando mano de su tan defendida independencia judicial plantean ellos mismos la solución. ¿Quién dice yo? ¿Algún valiente? El país aguarda ansiosamente por conocer de qué madera están hechos aquellos que aseguran estar movidos por una genuina motivación de proteger los mejores intereses del país.
Mientras aguardamos, les propongo un nuevo ejercicio, ante la crítica situación de las finanzas del estado —con un déficit que supera los $70 mil millones— es necesario mirar atrás porque hacerlo muchas veces es necesario. Y al hacerlo encontraremos un pasado de acciones irresponsables guiadas por el único interés de lograr capital político. Promesas irreales hechas realidad a fuerza de préstamos. Aumentos empujados al mundo de lo posible con el endeudamiento. Una oda a la politiquería irresponsable que nos ha dejado con una factura muy alta por pagar. Y los responsables, todos, azules y rojos, descansan cómodos en la tranquilidad de sus hogares, con vidas holgadas garantizadas por abultadas pensiones, mientras el país de todos se cae en pedazos.
Que les aproveche la indigestión del desastre. Nosotros, los que heredamos el caos, procuraremos lograr que el país no se nos vaya de las manos.