Opinión: ¿Por qué las cámaras en el tribunal? Ayer fue Malavé; el próximo, Casellas

Ayer el país vio cómo se transmitió por primera vez en directo una vista judicial de lectura de sentencia en el caso del exalcalde de Cidra, Ángel “Wiso” Malavé. Muchos se preguntarán, legítimamente, por qué la insistencia de transmitir sesiones como estas y de que la prensa gráfica tenga acceso a los trabajos de un tribunal.

Esta lucha comenzó hace décadas desde los gremios periodísticos. La razón para darla es sencilla: descorrer un telón que ha mantenido en oscuridad a una de nuestras tres ramas de gobierno.

Las Ramas Ejecutiva y Legislativa son diariamente fiscalizadas y observadas, no así los tribunales del país.   Para el que nunca ha ido a un centro judicial, los procedimientos que allí se siguen son ajenos a su realidad y eso no debe ser así. En los tribunales se dilucidan a diario los crímenes que nos aterrorizan y las controversias que nos afectan en nuestro diario vivir.  Las sesiones judiciales deben ser difundidas, tal y como ocurre con las sesiones del Capitolio o con las conferencias de prensa del gobernador.

A principios de año, el Tribunal Supremo dio un paso significativo en esta lucha. Enmendó el viejo canon 15 de sus reglas de ética que prohibía desde 1957, por “la solemnidad del sistema”, la transmisión de los procesos judiciales. El Tribunal dio paso a la aprobación del “Reglamento del Programa Experimental para el Uso de Cámaras Fotográficas y de Equipo Audiovisual de Difusión por los Medios de Comunicación en los Procesos Judiciales”.    Ese programa experimental ha estado en vigor con éxito, desde julio, en dos salas del Tribunal de San Juan que atienden recursos civiles extraordinarios.    Como muestra de la intención de periodistas y tribunales de ir ampliando el plan, el Supremo permitió que ayer se transmitiera una vista de un caso criminal ya en su etapa final. Esto, a pesar de la oposición de los abogados defensores que recurrieron hasta último momento a estrategias leguleyas.

Es importante exponer que no se trata de un capricho local. En Estados Unidos, 34 estados han adoptado reglas que permiten las transmisiones de procesos judiciales, mientras que el otro 32 % de los estados se caracteriza por tener regulaciones más estrictas en cuanto al acceso. En España, Reino Unido, Canadá y otras tantas jurisdicciones ya esta es una controversia superada.

Ayer, gran parte del país aprendió cómo se dicta una sentencia sin que se alterara la solemnidad del momento.  Vio de primera mano cómo una figura pública enfrentó una sentencia, justa o injusta, por unos actos graves que un jurado concluyó que se cometieron.  

No se trata de un interés por hacer del sistema judicial un espectáculo como han planteado algunos, particularmente abogados que se oponen a nuestro acceso.  De hecho, desde la prensa hemos reconocido que eventos judiciales particulares o algunos actores de los procesos, como testimonios delicados y jurados, no se expondrán a la publicidad.  Se trata de elevar el escrutinio público sobre otro componente de nuestro aparato de ley y orden.

Los jueces que hacen las cosas bien no deben temer, pues no se expondrán a interpretaciones injustas de sus decisiones.  De igual forma, abogados, fiscales, víctimas y victimarios. Por otro lado, la gente debe sentir más confianza en recurrir a nuestros tribunales.

Los periodistas también tenemos nuestros retos; no se trata de una medida para hacernos el trabajo más fácil.  Ahora nuestra cobertura en los tribunales no puede limitarse al relato de hechos. Tenemos que educarnos más sobre los procesos para poder contextualizar y explicar lo que la gente estará viendo sin filtros.

Como me decía ayer la jueza administradora de los Tribunales, Sonia Ivette Vélez, el camino apenas comienza. Hay que seguir luchando por un acceso total de la prensa en la Judicatura.

El próximo caso podría ser el de Pablo Casellas, otro de alto interés público y cuyo manejo ha sido tan cuestionado.  Casualmente, los abogados defensores de Casellas son los mismos de Malavé. Para Wiso, ellos dijeron que era injusto transmitir el último capítulo de una novela que no había sido vista en su totalidad. Siguiendo ese principio, para Casellas, sus abogados deben ser consistentes cuando pidamos la entrada de las cámaras.