Opinión: ¿Dónde están los textos de Rocky?

Hace unos días, el país observaba cómo una de las figuras más reconocidas de la televisión tocaba fondo. Pero lo hacía por solo unas horas. Se trata de la detención del animador Rocky The Kid. La premisa de su arresto espantó a muchos. Y no era para menos. Había sido acusado por su excompañera y madre de su hijo de violar la Ley 54, de violencia doméstica. Según los alegatos de la mujer que trascendieron en distintos medios y fueron divulgados por la Policía, Rocky le había enviado mensajes amenazantes al teléfono celular. Y como quien se siente amenazado —por norma— llama a la Policía, la mujer hizo lo propio.

Luego que trascendiera el supuesto incidente de violencia doméstica, comenzó un verdadero frenesí mediático. Todo era un circo que había recibido la bendición de las palabras mágicas de la infabilidad: “supuesta y alegadamente”. Esas que tras ser pronunciadas se convierten cualquier asunto en el facsímil razonable de la verdad. Pero en este, como en muchos otros casos, el resultado final  parecería confirmar que lo que se daba como un hecho podría muy bien no serlo.

Las alegaciones de la excompañera de Rocky provocaron la activación de los protocolos de la Ley 54. Tras la presunción de que el animador había amenazado a la mujer, este fue detenido todo un día en espera por la “inminente” radicación de cargos en su contra. Para muchos era un abusador. Pero el panorama cambió entrada la noche. Las mujeres y hombres que se comían las uñas de la ansiedad y habían caído redondos en la trampa de lo “supesto y alegado” y chocaron con el cambio de realidad. Rocky había sido liberado. Y los textos que provocaron su día ante el escarnio público, también.

Ni usted ni yo estuvimos allí. Ni todos los que daban por ciertos los hechos “supuestos y alegados”. Pero el desenlace de la historia levantó —al menos ante mis ojos— más de una preocupación. Sobre todo porque en el pasado he visto de cerca historias con similares características. Casos en los que la ley es utilizada como escarmiento, castigo o mecanismo de venganza.

No puedo exculpar a Rocky del los hechos imputados. Estas líneas no pretenden ser una carta a la exculpación. Pero sí pretenden levantar más de una pregunta sobre la aplicación de la Ley 54. No hay duda de que su existencia ha adelantado pasos gigantes en la lucha contra de la violencia hacia las mujeres. Pero ¿realmente basta una llamada y un alegato para detener a una persona por un día y luego soltarla porque lo alegado nunca ocurrió? Si la respuesta a esto es sí, entonces, mis amigos, tenemos un problema. ¿Qué pasa con la necesidad de que se denuncie solo lo cierto? ¿No hay consecuencias para quien mienta y active las fuerzas del Estado detrás de una premisa falsa? Evidentemente, el problema no es para quien en este u otro caso (tal vez el de uno de sus familiares) realiza la llamada de la denuncia infundada. El problema, sin duda, es para quien es objeto de la denuncia, quien es detenido y, de paso, juzgado por hechos que ni siquiera son necesarios probar. El problema es para quien —inevitablemente— será señalado tal vez injustamente por hechos que quizás nunca ocurrieron.

El problema no es para quien, movido por el deseo de dañar, vengar o simplemente mentir, acusa y burla a las autoridades; el problema es del detenido y las consecuencias para su vida y reputación. Pero el problema es aún mayor. Es también del Estado que se convierte en el instrumento de la mentira, que permite la utilización de la ley para dañar a un ciudadano que no ha cometido delito.

La Ley 54, como herramienta de justicia para las víctimas de la violencia intrapareja, es una pieza indispensable. Pero en la medida en que permita espacios para su utilización inadecuada debe ser revisada. Porque la violencia es un tema serio. Es necesaria una seria utilización de los recursos del Estado.