Opinión: Memo

Los funcionarios públicos deben tener pegados frente a sus escritorios, como uno de esos correos electrónicos virales que recibimos a diario, el siguiente mensaje:

“Estimado empleado público, el pueblo tiene derecho a preguntar sobre todo lo que usted haga en el desempeño de sus funciones y usted tiene la obligación de contestarle. En el caso Ortiz Rivera vs. Bauermeister, 152 D.P.R. 161 (2000), el Tribunal Supremo ha determinado que el Estado solo puede negarles a los ciudadanos acceso a la información pública cuando esta sea secreta. Cualquier alegación de secretividad tiene que estar sustentada sobre reglamentos o leyes que lo establezcan legítimamente. Atentamente, el gobernador”.

Lo planteo de esta forma porque ayer me topé con otro de esos asesores de alto nivel que no recibió el memo, que de paso creo que no existe. Le preguntaba al asesor en asuntos energéticos del gobernador que me dijera qué agencias no habían reaccionado al borrador del proyecto de ley para reformar la Autoridad de Energía Eléctica. Efraín O’Neill, como si le estuviera preguntando el código de activación nuclear, rehusó hasta la saciedad proveer el dato. Para mi sorpresa, la secretaria de la Gobernación, aunque reveló la información que se le requería, defendió al funcionario por su capacidad para asesorarles en el tema en cuestión.

Creo que La Fortaleza no ha atendido este tema con la dureza que se requiere. El gobernador firmó el 30 de enero la Orden Ejecutiva 2013-06 para garantizar “un gobierno de transparencia”, pero creo que se quedó corta. En esta orden se instruye a las agencias a comunicar con rapidez sus informes al Instituto de Estadísticas para la recopilación de datos en el Gobierno y la disposición de estos para el pueblo. Creo que la orden ejecutiva o memorando —que usen el formato que prefieran— debe extenderse a los términos que antes expuse como una directriz clara, sobre todo para que lo entiendan aquellos jefes de agencias o asesores que provienen del sector privado y no comprenden la cosa pública.  No se trata de un favor o un exceso de desprendimiento, se trata de un mandato legal.  Y el ciudadano debe saber que puede comparecer al tribunal para que se obligue a un funcionario a proveer información sobre sus gestiones.

Pero de la entrevista con el Sr. O’Neill, a quien no conozco, me surgen otras preocupaciones. Me inquieta la capacidad de quienes asesoran al gobernante de turno al momento de manejar asuntos delicados y poder comunicarlos. Me preocupa además si comprenden que, al final del día, ellos no responden al inquilino del Palacio Ejecutivo, sino al ciudadano que reclama con urgencia soluciones a nuestros problemas.  Me preocupa que no sepan que están obligados a proveer toda la información que requiera cualquier ciudadano, incluyendo la prensa, sobre su gestión pública.

Preocupa, además, que se me haya dicho que el proyecto para reformar la Autoridad de Energía Eléctrica se someterá en enero porque ya nos vamos de vacaciones. ¿Quién se va de vacaciones? Cuando la procrastinación y, por consiguiente, la improductividad son transmitidas por funcionarios del más alto nivel público. Apaguen la luz y vámonos.

No se justifica que desde La Fortaleza se diga que se radicará en enero un proyecto para reformar la AEE porque los legisladores no están en sesión y ya están en la onda del lechón navideño.  O sea que ¿en diciembre no cobran? ¿Acaso La Fortaleza no puede activar el proceso legislativo para que, en lo que resta del año, se celebren vistas públicas sobre el tema y pueda bajarse un proyecto a votación temprano en la próxima sesión ordinaria?

El país en el que, cuando llega el jueves, pautamos nuestras próximas gestiones para el martes de la semana siguiente porque ya nos vamos en el “wikén mode” debe acabar.  Miren lo que nos ha pasado con el Puerto de Ponce. Parece que nos hemos levantado esta semana de un sueño que duró 20 años.