Opinión: O jugamos todos, o rompemos la baraja

El pasado cuatrienio se llamaba “la medicina amarga”. Este, según fue bautizado por el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, se trata de “la medicina dulce”. Pero más allá de las frases publicitarias para suavizar el asunto, lo cierto es que estamos —y estaremos irremediablemente según los economistas— en un escenario de escasez. Y como cuando hace falta hay que buscar, el Gobierno busca. Y ha buscado en Acueductos y en Carreteras. En nuevos cargos que prometen llevar más dinero a las sedientas arcas de Hacienda. Cualquier esfuerzo es válido cuando se está en una crisis de proporciones casi bíblicas, plantean algunos. El problema es que cuando se busca no puede haber concesiones desproporcionadas. O eso creo yo.

En su esfuerzo por buscar el ansiado billete, el Gobierno ha dado pasos tímidos para buscar en la banca. Ese sector del país que, tocada la melodía correcta, saca su violín para reclamar —en tono lúgubre— que no le alcancen ni con una vara larga. Su lógica parece sencilla. Va más o menos así. Para recibir rescates millonarios del Estado en tiempo de crisis, sí puedo mirar al Estado. Pero cuando el asunto es a la inversa, la respuesta es “no tuvimos nada que ver con la debacle”. La senadora Rossana López y otros legisladores aún tienen pendientes de consideración medidas que tocan a este sector. Sin embargo, hay otro grupo que nadie se atreve a tocar: las iglesias.

Pongamos el asunto en contexto. Es un hecho que  —por ley— existe la separación de Iglesia y Estado. También es cierto que muchas iglesias desarrollan actividades no lucrativas y realizan labores que el Estado no puede o no quiere realizar.

Pero también es cierto que muchas desarrollan actividades evidentemente lucrativas, al margen de sus funciones de orientación espiritual y dogmática.

¿Cuál es, entonces, el trato contributivo que reciben las iglesias?

Las iglesias están catalogadas como corporaciones sin fines de lucro (CSFL), según la sección 1101.01 del Código de Rentas Internas. Sus operaciones están exentas del pago de contribuciones, con excepción del pago del IVU (en algunos renglones de su operación). Esta sección del Código de Rentas Internas declara exentas de tributación a “las iglesias, convenciones o asociaciones de iglesias, así como a organizaciones religiosas o apostólicas, incluyendo corporaciones y cualquier fondo comunal, fondo o fundación, organizados y operados exclusivamente para fines religiosos”.

Pero ¿y qué pasa con sus actividades lucrativas? ¿Qué hay de las librerías, tiendas, restaurantes, estaciones de radio y televisión que son operados y administrados por las iglesias? Según Hacienda, además de los diezmos, las iglesias pueden generar ingresos de otras actividades que organicen. Tal es la concesión del Estado a las iglesias que son las únicas corporaciones sin fines de lucro que están totalmente exentas del pago de contribuciones. Y ni hablar de las famosas ventas de estructuras y terrenos por valor nominal.

Ante el cuadro fiscal que vive el país y el purgatorio contributivo al que nos vemos sometidos, la pregunta entonces debe ser  si es deseable que esta continúe siendo la política pública con respecto a las iglesias.

¿Por qué deben estar exentas del pago de impuestos las actividades evidentemente lucrativas de las iglesias, mientras que decenas de negocios de pequeños y medianos comerciantes no gozan de ese beneficio fiscal y batallan a diario por mantenerse vivos?

Más de una jurisdicción se ha hecho estas preguntas. Y en algunos casos, ha encontrado respuestas lógicas. En Italia, sede física de El Vaticano, en el año 2012 se planteó una legislación para que las iglesias paguen el llamado impuesto de bienes inmuebles. De esta forma, todos los edificios que no se dediquen exclusivamente al culto religioso, aun cuando sean propiedad de las iglesias, tendrán que tributar. Esto incluye asociaciones, colegios, universidades, edificios alquilados a empresas que nada tienen que ver con la religión. Y la lista sigue. Las autoridades italianas esperan ingresar 2 mil millones de euros cada año con la medida. ¿Y aquí quién agarra el toro por los cuernos? ¿Sabe el Estado cuánto dinero producto de actividades comerciales generan las iglesias? ¿Tiene el Gobierno un inventario de propiedades y operaciones lucrativas vinculadas a este sector? En tiempos de crisis, o jugamos todos, o rompemos la baraja.