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title: "La factura que dejó la explosión: Tres décadas después, Río Piedras sigue pagando"
description: "El informe federal culpó a una subsidiaria de Enron por la tragedia de 1996. Los reclamos de las víctimas tardaron seis años en resolverse, y el casco riopedrense todavía no recupera el comercio que perdió"
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section: "Noticias"
subsection: "Locales"
author: "Mardelis Jusino"
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published: "2026-11-20T07:00:00.000Z"
updated: "2026-11-20T07:00:02.120Z"
tags: ["Puerto Rico", "explosión", "Portada"]
publisher: "Metro Puerto Rico"
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# La factura que dejó la explosión: Tres décadas después, Río Piedras sigue pagando

_El informe federal culpó a una subsidiaria de Enron por la tragedia de 1996. Los reclamos de las víctimas tardaron seis años en resolverse, y el casco riopedrense todavía no recupera el comercio que perdió_

Por Mardelis Jusino · Noticias / Locales · 2026-11-20T07:00:00.000Z

Treinta años después, en la calle De Diego quedan dos huellas de aquella mañana. Una es humana: los 33 nombres de quienes murieron. La otra es económica, y se ve en las vitrinas vacías del Paseo.

La explosión ocurrió a las 8:30 a.m. del 21 de noviembre de 1996 y destruyó o dañó varios edificios comerciales del distrito de negocios de Río Piedras. Murieron 33 personas y al menos 69 resultaron heridas. Este sábado se cumple el aniversario.

![Roman Bas/ FEMA News Photo](/api/image/KOKNDNPLDZADZC67D55JBM6YB4.jpg?w=800)

_Roman Bas/ FEMA News Photo_

### Washington llega a la calle De Diego

La ayuda federal llegó ese mismo día. El entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, declaró un estado de emergencia en Puerto Rico y ordenó asistencia federal para apoyar los trabajos de recuperación locales.

La declaración tenía como fin activar los equipos de búsqueda y rescate. Según FEMA, en una semana de trabajo sus rescatistas recuperaron 10 cuerpos y localizaron una undécima víctima en un área tan inestable que no era seguro entrar.

La explicación técnica llegó un año después con el informe de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB por sus silgas en inglés).

El gas salió de un tubo agrietado que daba servicio a un restaurante cercano. El propano se desplazó por el subsuelo hasta acumularse en el sótano del edificio Humberto Vidal. La tubería había sufrido daños en una excavación años antes y era propiedad de la San Juan Gas Company (SJGC), subsidiaria de Enron Corp., con sede en Houston.

La NTSB identificó como causa probable la falla de la empresa en “supervisar las acciones de sus empleados para asegurar la identificación y corrección a tiempo de condiciones inseguras” y en darles adiestramiento adecuado. La agencia fue más allá: “La deficiencia en el adiestramiento de los empleados de la SJGC contribuyó sustancialmente a causar la explosión”, concluyó.

El informe repartió responsabilidades también fuera de la compañía. Señaló a la Oficina federal de Seguridad de Oleoductos por no fiscalizar con eficacia el programa en Puerto Rico. Señaló a la Comisión de Servicio Público por no exigirle a la distribuidora que corrigiera deficiencias ya identificadas.

Y señaló a Enron por no supervisar adecuadamente a su subsidiaria. Los inspectores conocían los problemas: en 1996 la Comisión documentó más de 50 probables violaciones, y más de 30 se repetían de 1995.

### Seis años de pleitos

La explosión del edificio Humberto Vidal desató una extensa batalla judicial. Unos 1,500 demandantes, entre familiares de las víctimas, heridos y comerciantes afectados, presentaron 101 demandas ante el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

Enron, empresa matriz de San Juan Gas, figuraba entre los principales demandados. Sin embargo, su declaración de quiebra en diciembre de 2001 paralizó las negociaciones hasta que el Tribunal de Quiebras de Nueva York autorizó reanudarlas.

El proceso culminó en diciembre de 2002, seis años después de la tragedia, con un acuerdo global de $28 millones para resolver las reclamaciones pendientes. Para entonces, 725 demandantes habían alcanzado acuerdos privados. La transacción final benefició a más de 400 reclamantes y recibió la aprobación del juez federal Robert Ward mediante una orden emitida el 3 de diciembre de ese año.

La empresa Humberto Vidal también sufrió graves pérdidas humanas y económicas. Cinco de sus empleados murieron en la explosión, que destruyó una de sus tiendas y sus oficinas administrativas. La compañía reclamaba $25 millones en daños y, para enero de 2002, había desembolsado unos $900,000 en acuerdos relacionados con demandas presentadas en su contra.

![Local donde se encontraba la tienda Humberto Vidal. Foto Vanessa Serra](/api/image/BHWFYWOPH5FZHJRQDQFLPJCUR4.jpg?w=800)

_Local donde se encontraba la tienda Humberto Vidal. Foto Vanessa Serra_

### Un casco que ya se vaciaba

La explosión no inició el problema. En 1995, la Legislatura ya había aprobado la Ley Especial para la Rehabilitación de Río Piedras, que reconocía la caída comercial por la pérdida de población y de actividad económica. La ley le dio a la universidad un papel asesor en la planificación y asignó unos $450,000.

La tragedia aceleró el deterioro comercial de Río Piedras, un proceso que había comenzado en la década de 1970 con la apertura de centros comerciales y el aumento en la venta de automóviles, factores que fueron desplazando a los consumidores hacia otras zonas.

Para contrarrestar esa tendencia, el Municipio de San Juan impulsó la construcción de un estacionamiento soterrado y el centro comercial Plaza de Diego.

Tras la explosión, las obras del Tren Urbano prolongaron las dificultades del casco urbano. Aunque el proyecto dejó una estación en el sector, los años de construcción coincidieron con el cierre de numerosos negocios.

![El Paseo de Diego en Río Piedras en la actualidad. Foto Vanessa Serra](/api/image/HYPYXLP4PFCINK24SKCCSPEX34.jpg?w=800)

_El Paseo de Diego en Río Piedras en la actualidad. Foto Vanessa Serra_

### Tres alcaldes, múltiples planes

**Jorge Santini** apostó a la renovación urbana con el plan Río 2012, que contemplaba la demolición de 151 estructuras en 20 manzanas del casco urbano.

La mayoría de las intervenciones previstas no se concretaron. Entre los proyectos inconclusos figuró una torre municipal de 12 pisos, anunciada con una inversión de $51.5 millones.

**Carmen Yulín Cruz** recurrió a los incentivos contributivos para estimular la actividad comercial. Eliminó el componente municipal del 1 % del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) en el casco urbano, una medida que representó aproximadamente $600,000 en recaudos no percibidos durante casi tres años. También redujo a la mitad las patentes y los arbitrios municipales.

**Miguel Romero** ha concentrado sus esfuerzos en la rehabilitación de la infraestructura. Entre las inversiones anunciadas por su administración figuran $6.97 millones para la Plaza del Mercado; $31.96 millones para la avenida Universidad, el puente Henry Klumb y el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT); y $6.17 millones para las plazas de la Convalecencia y del Pilar.

En octubre de 2026, el municipio informó que el conjunto de proyectos de revitalización de Río Piedras ascendía a aproximadamente $166 millones, una cifra que incluye obras en distintas etapas de desarrollo.

La infraestructura podría avanzar. Queda por ver si devolverá al Paseo De Diego lo que ninguna obra ha logrado reponer en 30 años: el público.

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