Fortaleza advierte a Suzanne Roig sobre consecuencias legales si destruye correos o documentos públicos

El Gobierno recordó que la secretaria de la Familia, al igual que todos los empleados públicos, se expone a multas, sanciones éticas y procesos judiciales por la destrucción de evidencia

Por Renato A. Rivera

19 nov, 10:24 am 3 min de lectura
Fortaleza advierte a Suzanne Roig sobre consecuencias legales si destruye correos o documentos públicos
Suzanne Roig, secretaria del dto de la Familia durante vista en el Senado.

El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, advirtió este jueves que la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, podría enfrentar consecuencias judiciales, multas, sanciones éticas y auditorías si destruye correos electrónicos, contratos o cualquier otro documento público durante el proceso de transición que culminará con su salida del cargo el próximo 31 de diciembre.

Las expresiones del funcionario surgieron luego de que la empresa Coccoloba AgroEnvironmental LLC y el agrónomo Christian Torres Santana solicitaran al Tribunal de Primera Instancia de San Juan una orden urgente para preservar los correos electrónicos y otros archivos digitales relacionados con la controversia del proyecto Star Academy, que es objeto de una demanda por $2.5 millones.

“El llamado de la gobernadora es que todos los jefes de agencia tienen que cumplir con la ley”, sostuvo Peña Payano, quien insistió en que las instrucciones de la mandataria sobre una transición ordenada incluyen la conservación de documentos públicos y la prohibición de destruir evidencia.

El portavoz gubernamental enfatizó que estas obligaciones aplican directamente a Roig Fuertes mientras permanezca al frente del Departamento de la Familia, pero también a los más de 100,000 empleados públicos que, según indicó, están sujetos a las disposiciones legales y éticas sobre la conservación de información oficial.

“Eso aplica a la secretaria de Familia hoy hasta el 31 de diciembre y a todos los jefes de agencias y empleados públicos”, manifestó Peña Payano durante el intercambio con la prensa.

Al ser cuestionado sobre si La Fortaleza podía garantizar que todos los correos electrónicos y documentos relacionados con Star Academy estaban debidamente preservados, el funcionario no confirmó específicamente su conservación, pero advirtió sobre las consecuencias que enfrentaría cualquier servidor público que destruya información gubernamental.

“Las consecuencias serían consecuencias en el tribunal, consecuencias éticas, multas y también se expone la secretaria de la Familia y todo servidor público a auditorías por parte de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, auditorías por parte de la Oficina del Inspector General de Puerto Rico y todas las entidades fiscalizadoras”, expresó.

Peña Payano añadió que las disposiciones legales sobre conservación de documentos también contemplan el manejo adecuado de equipos electrónicos y propiedad gubernamental. Asimismo, señaló que existen leyes especiales y posibles disposiciones del Código Penal aplicables a la destrucción de información pública.

El funcionario reiteró que la gobernadora Jenniffer González Colón y la secretaria de la Gobernación están pendientes del proceso de transición en Familia, que debe realizarse de manera ordenada, transparente y sin afectar la continuidad de los servicios a la ciudadanía.

La solicitud de Coccoloba y Torres Santana busca proteger evidencia electrónica relacionada con su reclamación judicial, en la que alegan que un correo enviado para declinar una invitación a participar en el proceso de contratación de Star Academy fue tratado posteriormente como una propuesta formal.

Aunque La Fortaleza reiteró que existe una obligación legal de preservar la documentación, no identificó un mecanismo específico de supervisión para comprobar que los archivos relacionados con la controversia permanezcan intactos hasta la salida de Roig Fuertes.