Gobernadora firma ley contra el voceteo con multas de hasta $1,500

La nueva legislación prohíbe esta práctica durante la noche y establece restricciones especiales cerca de escuelas, hospitales y otras instalaciones

Por Metro Puerto Rico

18 nov, 3:47 pm 1 min de lectura
Gobernadora firma ley contra el voceteo con multas de hasta $1,500
Gobernadora Jenniffer González Colón.

La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley una medida que regula la práctica del llamado “voceteo” en Puerto Rico, según informó este miércoles el representante José “Pichy” Torres Zamora, autor del Proyecto de la Cámara 911. La nueva Ley 233-2026 incorpora disposiciones a la Ley de Vehículos y Tránsito para controlar el uso de sistemas de sonido vehiculares alterados o diseñados para proyectar música hacia el exterior.

La legislación prohíbe el voceteo entre las 10:01 de la noche y las 6:59 de la mañana en todo Puerto Rico, salvo actividades expresamente autorizadas. Quienes incumplan enfrentarán una multa fija de $1,000. Además, establece una multa de $1,500 por infracciones en áreas protegidas durante las 24 horas del día, incluyendo zonas cercanas a escuelas, universidades, hospitales, centros de cuido, hoteles y templos religiosos.

Los municipios tendrán autoridad para regular esta práctica durante el horario diurno, comprendido entre las 7:00 de la mañana y las 10:00 de la noche, mediante ordenanzas municipales o códigos de orden público. Tanto la Policía de Puerto Rico como las policías municipales podrán imponer las multas. El 30 % del dinero recaudado se destinará a los municipios para labores de fiscalización, mientras que el 70 % restante corresponderá a la Policía estatal.

“La medida no pretende criminalizar las manifestaciones culturales ni limitar la música como expresión artística, sino establecer parámetros razonables de tiempo, lugar y manera dirigidos a proteger la tranquilidad, el descanso y la calidad de vida de las comunidades”, expresó Torres Zamora. La ley contempla excepciones para actividades gubernamentales, religiosas, políticas y manifestaciones autorizadas. Además, concede al Departamento de Transportación y Obras Públicas, en coordinación con la Policía, un plazo máximo de 90 días desde su aprobación para adoptar la reglamentación necesaria.

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