Senado deja en suspenso resolución para exigir destitución de Suzanne Roig como secretaria de la Familia
El cuerpo dejó pendiente la votación hasta que termine pesquisa de comisión senatorial
Por Mardelis Jusino
El Senado de Puerto Rico dejó pendiente la Resolución Concurrente del Senado 23, que exige a la gobernadora Jenniffer González Colón la separación inmediata del cargo de la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.
Se esperaba que la pieza legislativa, presentada por los senadores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) Adrián González Costa y María de Lourdes Santiago Negrón, fuera aprobada en el último día para avalzar medidas de la cuarta sesión ordinaria. La misma tiene un informe positivo de la Comisión de Asuntos Internos, presidida por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. Aunque la resolución no obliga a la gobernadora a actuar, es un reclamo formal del cuerpo.
Sin embargo, luego de un debate en que legisladores endosaron la resolución, Rivera Schatz planteó que si se aprobada la misma, se tornaría académica la investigación que realiza el Senado.
Previamente, los autores de la resolución expresaron su endoso a la misma.
“Hoy, a través de esta resolución, se oficializa la voluntad del pueblo de Puerto Rico”, sostuvo en el hemiciclo el senador Adrián González Costa. “Bajo esa facultad que nos concede la Constitución de Puerto Rico, retiramos ese consejo y consentimiento para exigirle a la gobernadora que separe inmediatamente del cargo a una persona que es peligrosa para la población que atiende su agencia y peligrosa para las finanzas públicas”.
González Costa añadió que la resolución deja claro que no hay espacio para argumentar que Roig deba seguir en su puesto. “Ya no es un programa de análisis, ya no es una respuesta a un periodista. Se trata de la facultad constitucional del Senado de expresarse a nombre del pueblo de Puerto Rico”, afirmó.
El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Javier Hernández, coautor de la resolución, se unió al reclamo. “Lamentamos que hoy tengamos que pasar por este proceso bochornoso. Y nos unimos por eso a la resolución que ha presentado la delegación del PIP, precisamente porque durante todo este tiempo Suzanne Roig le ha estado mintiendo a Puerto Rico y le ha estado mintiendo a este Senado”, expresó.
Hernández recordó que fue él quien refirió a Roig al Departamento de Justicia por no haber informado al Senado, durante su confirmación, de una investigación previa relacionada con un contrato de $60,000 mensuales para el cuidado de un solo paciente. Ese caso fue archivado y luego se pidió reabrirlo. “Esto no tiene colores. Esto tiene principio y tiene moral. Este Senado hoy rompe un protocolo constitucional, pero brinda un gran consejo, hoy una gran lección al país”, afirmó.
El portavoz popular también criticó que la secretaria esté fuera de la agencia. “Este mensaje Suzanne Roig debe estar escuchándolo mientras está de vacaciones”, dijo. “No sé cómo puede ser posible que un funcionario, en medio de esta crisis, pueda tener la tranquilidad de espíritu de irse de vacaciones, porque la crisis que hay en el Departamento de la Familia no tiene precedente”.
La resolución resume las controversias que rodean a Roig. Entre ellas, el testimonio bajo juramento de la exadministradora de ADSEF, Blanca Medina Díaz, quien aseguró que la secretaria la presionó para firmar un contrato de entre $37.5 y $38 millones en fondos federales TANF con la empresa NOLA Education. La medida también señala que la propia empresa reconoció haber pagado $13,525.05 en comida, bebida y transportación de la secretaria y su grupo durante un viaje a Luisiana, a pesar de que Roig había declarado bajo juramento que esos gastos se pagaron en efectivo.
“Las discrepancias antes señaladas entre lo testificado ante este Cuerpo y la prueba documental han lesionado de forma irreparable la credibilidad de la Secretaria ante el Pueblo de Puerto Rico”, lee la resolución, que concluye que “insistir en lo contrario raya en el abuso de poder”.
El debate coincidió con los nuevos referidos que presentó hoy el senador novoprogresista Juan Oscar Morales Rodríguez. Uno de ellos fue ante la Oficina de Ética Gubernamental y cuestiona el contrato de $355,646.50 que Familia otorgó a la Fundación SAMU tras un viaje oficial de la secretaria a España en septiembre de 2025.


