Madre reclama $800 mil por alegada difamación contra menor de Loíza

La acción judicial fue presentada ante el Tribunal de Primera Instancia de Carolina por Wildelia Rivera Rivera, en representación de su hijo, identificado mediante las iniciales A.L.R.R., contra el comunicador Ray Cruz Santiago y el presidente de la Legislatura Municipal de Loíza, Joel A. Osorio Chiclana.

El recurso también contiene alegaciones contra la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, e incluye una causa de acción por difamación y actuación concertada en su contra, aunque su nombre no aparece en el encabezamiento inicial de las partes demandadas.

Según el documento, los demandados realizaron expresiones públicas que provocaron insinuaciones de carácter sexual relacionadas con los estudiantes y el senador Héctor Joaquín Sánchez, lo que presuntamente ocasionó daños emocionales y a la reputación del adolescente.

Alegaciones sobre un supuesto chat sexual

Uno de los principales señalamientos de la demanda está relacionado con expresiones atribuidas al presidente de la Legislatura Municipal de Loíza sobre la supuesta existencia de un chat entre el senador Sánchez y los menores.

El documento sostiene que el 3 de noviembre, luego de participar en el programa Jugando Pelota Dura, Osorio Chiclana habría expresado fuera del aire, ante personas presentes en el estudio, que existía un chat del senador con los estudiantes en el que había “exposiciones deshonestas”.

Según la demanda, al día siguiente, 4 de noviembre, el programa difundió como “información no confirmada” la presunta existencia de esas conversaciones.

La parte demandante sostiene categóricamente que el supuesto chat nunca existió y rechaza cualquier insinuación de conducta sexual entre el legislador y el adolescente.

En el recurso se establece que las expresiones atribuidas a Osorio Chiclana implicaban que los menores habían participado o sido víctimas de comunicaciones o actos sexuales con un adulto.

La demanda también señala que, al conocer las expresiones, la madre preguntó directamente a su hijo, quien negó que hubieran existido conversaciones en un chat entre los jóvenes y el senador.

Asimismo, el documento recoge que, el 5 de noviembre, Sánchez respondió públicamente que las alegaciones sobre el chat venían “con la maldad de que se infiera alguna acción indebida” de su parte.

Señalamientos contra comunicador

La demanda también atribuye a Ray Cruz Santiago múltiples publicaciones y expresiones realizadas entre el 31 de octubre y el 6 de noviembre relacionadas con los cuatro estudiantes y su participación en la actividad política.

Entre los señalamientos, se alega que el comunicador divulgó fotografías que permitían identificar a los menores y mencionó los barrios donde residen.

Además, el documento sostiene que utilizó expresiones homofóbicas contra el senador y realizó publicaciones que, según la parte demandante, provocaron insinuaciones de índole sexual relacionadas con los adolescentes.

Entre las publicaciones identificadas en el recurso figura una del 5 de noviembre en la que se hacía referencia a la supuesta existencia de un chat entre los menores y el senador Sánchez, y se cuestionaba el contenido de esas conversaciones y quiénes habían participado.

La demanda también menciona publicaciones relacionadas con un supuesto consumo de bebidas alcohólicas, acusaciones de conducta inapropiada y expresiones sobre el traslado de los estudiantes a la actividad política.

Los demandantes rechazan esas imputaciones y aseguran que el adolescente no consumió bebidas alcohólicas ni fue víctima o testigo de actos sexuales, deshonestos u obscenos.

Madre asegura que autorizó el viaje

Otro de los planteamientos centrales del recurso es que la salida de los estudiantes fue autorizada por sus respectivas madres.

Según la demanda, la noche del 13 de octubre, la vicepresidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Loíza, quien también se desempeñaba como consejera escolar, llamó a Rivera Rivera para informarle que su hijo participaría al día siguiente en una actividad política en Camuy.

La madre sostiene que autorizó verbalmente la participación del adolescente y que durante el viaje permaneció en comunicación telefónica con él.

El documento también señala que los estudiantes habían visitado el Capitolio el 6 de octubre, ocasión en la que mostraron interés en participar en actividades políticas.

Sobre la salida del plantel antes de finalizar el horario escolar, la demanda sostiene que los cuatro estudiantes abandonaron la escuela a la 1:20 de la tarde porque no contaban con maestros disponibles para atenderlos. Según el recurso, faltaba el nombramiento de dos maestros sustitutos y otros tres docentes se encontraban en una actividad universitaria con estudiantes.

La demanda cuestiona particularmente unas expresiones atribuidas a Osorio Chiclana, quien habría indicado inicialmente que los estudiantes salieron sin autorización de sus padres.

El recurso sostiene que el abogado reconoció posteriormente, el 5 de noviembre, que su propia clienta, madre de otro de los estudiantes, había autorizado verbalmente la salida.

También menciona un documento presentado ante el Departamento de Educación por esa madre, en el que reconoció haber autorizado el viaje y mantenido comunicación con su hijo.

Alegaciones contra la alcaldesa

En cuanto a Julia Nazario Fuentes, la demanda sostiene que el 16 de octubre publicó expresiones en sus redes sociales relacionadas con el supuesto “adoctrinamiento” de estudiantes.

Según la parte demandante, esas manifestaciones presentaron públicamente a los adolescentes como objeto de manipulación política, a pesar de que la madre había autorizado la participación de su hijo en la actividad.

El documento también menciona expresiones de la alcaldesa realizadas el 4 de noviembre y alega, según información y creencia de los demandantes, que existió coordinación entre Nazario Fuentes y Osorio Chiclana en torno a sus intervenciones públicas.

La parte demandante atribuye a esas actuaciones posibles motivaciones políticas y sostiene que las controversias entre adultos terminaron afectando a los estudiantes involucrados.

Denuncian burlas y acoso escolar

La demanda asegura que las expresiones públicas tuvieron consecuencias directas sobre el adolescente.

Según el documento, el joven comenzó a recibir burlas, apodos, insultos homofóbicos y comentarios obscenos por parte de compañeros de escuela y personas de su comunidad.

La madre sostiene que su hijo ha experimentado ansiedad, tristeza, vergüenza, aislamiento, pérdida de sueño y temor de asistir a la escuela como consecuencia de los señalamientos.

También alega que las publicaciones afectaron su reputación y su interés en participar en actividades cívicas y políticas.

El recurso recoge que el adolescente ha manifestado su deseo de que “este chisme termine ya”.

Además, la parte demandante sostiene que el joven necesitará tratamiento psicológico, cuyo costo presente y futuro estima en una cantidad no menor de $100,000.

En cuanto a la madre, el documento plantea que las expresiones también afectaron su reputación al presentarla, según sostiene, como una persona negligente que desconocía dónde estaba su hijo y con quién se encontraba.

Reclaman compensación económica

En su petición al tribunal, la parte demandante solicita una compensación no menor de $650,000 para el adolescente por daños morales, angustias mentales y perjuicios a su honra, reputación e intimidad.

También reclama al menos $150,000 para Rivera Rivera por los daños y angustias mentales que asegura haber experimentado.

Adicionalmente, solicita que, una vez adjudicada la falsedad de las expresiones, se ordene retirar las publicaciones cuestionadas de las plataformas digitales.

El recurso pide conservar grabaciones, mensajes, publicaciones, comunicaciones y otros materiales relacionados con los hechos descritos.

Asimismo, reclama el pago de costas, gastos, intereses legales y honorarios de abogado por temeridad, estimados en no menos de $40,000.

La demanda fue presentada este 9 de noviembre de 2026 por el abogado Iván A. Rivera Reyes, bajo el número de caso LO2026CV00267.

Las imputaciones constituyen alegaciones de la parte demandante que deberán ser evaluadas por el tribunal.