Activista prodemocracia recibe nueva condena de 10 años en Hong Kong

“La dura condena impuesta a Joshua Wong por cargos infundados es cruel e injusta. Los jóvenes que promueven el cambio social son un activo para cualquier sociedad, pero el Gobierno de Hong Kong los encarcela”, denunció la directora para Asia de HRW, Elaine Pearson.

La ONG pidió al Ejecutivo hongkonés la liberación “inmediata e incondicional” de Wong e instó a los gobiernos extranjeros a denunciar las sentencias dictadas contra él y otros activistas prodemocracia, así como a imponer sanciones selectivas a funcionarios responsables de la represión.

“Pekín no ha pagado un precio real por su creciente represión en Hong Kong”, sostuvo Pearson, quien pidió además a la comunidad internacional revisar su relación con China “a la luz de los abusos cada vez más graves”.

Según la organización, las autoridades “parece haber adoptado la táctica de acumular cargos contra influyentes líderes a favor de la democracia para garantizar su prolongada detención”, con el objetivo de mantener a la sociedad hongkonesa “bajo control y reducir la posibilidad de una protesta internacional”.

El Tribunal Superior de Hong Kong condenó este jueves a Wong, de 30 años, por conspiración para coludir con fuerzas extranjeras, después de que el activista se declarara culpable en septiembre. La pena podría haber alcanzado la cadena perpetua.

La causa se refiere a una acusación según la cual Wong pidió a países extranjeros que impusieran sanciones y otras medidas contra la región semiautónoma de Hong Kong o China en 2020, después de las multitudinarias protestas antigubernamentales que sacudieron la ciudad en 2019.

El juez Tam Yiu-ho consideró en su sentencia que el delito de Wong es lo suficientemente grave como para imponer una condena de al menos 10 años de prisión y sostuvo que el joven y sus cómplices, entre ellos el exlegislador Nathan Law Kwun-chung, ahora prófugo, utilizaron sus contactos con altos funcionarios e instituciones extranjeras para promover la interferencia foránea a través de redes sociales y de importantes agencias de noticias occidentales.

También indicó que las sanciones y otros “actos hostiles” por los que abogaban los activistas podían haber provocado “consecuencias altamente perjudiciales” para Hong Kong y China continental.

La acusación se refiere concretamente al periodo comprendido entre el 1 de julio y el 23 de noviembre de 2020, inmediatamente después de la entrada en vigor, el 30 de junio de ese año, de la Ley de Seguridad Nacional, impuesta por Pekín tras las multitudinarias protestas antigubernamentales registradas en 2019.

Con la nueva condena, Joshua Wong permanecerá en principio tras las rejas hasta finales de 2036, ya que habría completado en enero próximo una condena previa de cuatro años y ocho meses de cárcel por conspiración para subvertir el poder estatal en el conocido caso de los ’47 de Hong Kong’, relacionado con las primarias no oficiales organizadas por la oposición en julio de 2020.

Dicha condena se solapará con esta nueva sentencia, de acuerdo con el diario hongkonés South China Morning Post.

Wong permanece encarcelado desde noviembre de 2020 y fue detenido de nuevo en junio de 2025, cuando ya se encontraba recluido en la prisión de Stanley, por este segundo procedimiento.

Figura destacada del movimiento prodemocrático desde que, con 17 años, participó en las movilizaciones de 2014 conocidas como la ‘Revolución de los Paraguas’, Wong fundó en 2016, junto a Nathan Law y otros activistas, el partido Demosisto.

La formación anunció su disolución el mismo día en que entró en vigor la Ley de Seguridad Nacional, que tipifica delitos como subversión, secesión, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras.

Law abandonó Hong Kong en 2020 y permanece en el exilio. La Policía hongkonesa ofrece una recompensa de 128,000 dólares por información que conduzca a su detención.

Las autoridades defienden que la legislación devolvió la estabilidad a Hong Kong tras las protestas de 2019, mientras organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros han criticado su impacto sobre las libertades políticas y civiles.