--- title: "Senado evalúa alternativas para reducir costo de alquileres y aumentar oferta de viviendas asequibles" description: "El encuentro reunió a representantes del Gobierno, municipios y sectores de la vivienda para examinar incentivos, opciones de financiamiento y propuestas legislativas" canonical: "https://www.metro.pr/noticias/2026/11/04/senado-evalua-alternativas-para-reducir-costo-de-alquileres-y-aumentar-oferta-de-viviendas-asequibles" section: "Noticias" subsection: "Locales" author: "Metro Puerto Rico" published: "2026-11-04T19:31:22.924Z" updated: "2026-11-04T19:32:18.528Z" tags: ["Puerto Rico"] publisher: "Metro Puerto Rico" language: "es" --- # Senado evalúa alternativas para reducir costo de alquileres y aumentar oferta de viviendas asequibles _El encuentro reunió a representantes del Gobierno, municipios y sectores de la vivienda para examinar incentivos, opciones de financiamiento y propuestas legislativas_ Por Metro Puerto Rico · Noticias / Locales · 2026-11-04T19:31:22.924Z El 45% de los hogares que alquilan en Puerto Rico destina más del 30% de sus ingresos al pago de la renta, mientras que un 30% utiliza más de la mitad de sus ingresos para cubrir ese gasto, según datos presentados durante una mesa redonda multisectorial convocada por el vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos Santiago. El análisis presentado por Ríos también identificó un déficit de 54,915 viviendas asequibles y disponibles para hogares de ingresos extremadamente bajos, así como 335,862 unidades de vivienda vacantes en Puerto Rico. Ante este panorama, el vicepresidente senatorial planteó evaluar incentivos gubernamentales que faciliten la construcción de viviendas destinadas al alquiler a precios accesibles, tomando en cuenta las necesidades particulares de cada municipio. También propuso examinar mecanismos para reducir los costos de desarrollo y operación de estas propiedades y estimular los contratos de alquiler residencial a largo plazo. Ríos explicó que la intención es recopilar las recomendaciones de los distintos sectores y determinar cuáles alternativas requieren legislación y cuáles podrían atenderse mediante una agenda de trabajo entre agencias gubernamentales. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Vivienda y Bienestar Social del Senado, Jamie Barlucea Rodríguez, informó que, como resultado de un encuentro multisectorial anterior, se radicó un paquete de medidas legislativas relacionadas con los desafíos de vivienda en la Isla. Adelantó que durante la evaluación de las propuestas se solicitarán recomendaciones de los sectores involucrados para fortalecer su contenido. Entre las iniciativas mencionó una propuesta para establecer un portal único que permita identificar y clasificar propiedades vacantes, abandonadas y terrenos públicos. Según explicó, actualmente la información está dispersa entre distintas dependencias gubernamentales. “Todo está bien aislado”, expresó Barlucea, al destacar la necesidad de ofrecer herramientas y orientación a los municipios para identificar y aprovechar esas propiedades. La senadora indicó que también se contempla coordinar con el Departamento de la Vivienda actividades de orientación y modelos de documentos que faciliten estos procesos, particularmente en municipios con limitaciones de personal y recursos económicos. El secretario del Departamento de la Vivienda, Luis Augusto Martínez Román, informó que la agencia ha entregado más de 7,000 viviendas mediante sus programas de recuperación. Además, proyectó alcanzar cerca de 1,000 unidades mediante sus programas de vivienda unifamiliar para diciembre, entre propiedades entregadas, listas para entrega y otras en construcción. Mientras, el administrador de la Administración de Vivienda Pública, Juan Rosario, señaló que los parámetros utilizados para calcular los subsidios de alquiler del Programa de Sección 8 aumentaron de un 92% a un 122%, lo que ha generado presión sobre los recursos disponibles. Mientras, el administrador de la Administración de Vivienda Pública, Juan Rosario, señaló que los parámetros utilizados para calcular los subsidios de alquiler del Programa de Sección 8 aumentaron de un 92% a un 122%, lo que ha generado presión sobre los recursos disponibles. Rosario indicó que se proyecta reducir el parámetro a un 110% a partir de enero de 2027, por lo que la agencia solicitó mantener el nivel actual para evitar posibles repercusiones sobre los participantes y propietarios. Por otro lado, el director ejecutivo de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV), Ricardo Álvarez Barreto, destacó los incentivos contributivos y las fuentes de financiamiento que utiliza la agencia para impulsar proyectos residenciales. También mencionó la colaboración con el sector cooperativo para identificar iniciativas de vivienda asequible. En representación de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), Michael Jiménez destacó la capacidad del sector cooperativo para financiar este tipo de proyectos. Como ejemplo, mencionó que siete cooperativas otorgaron recientemente un financiamiento sindicado de cerca de $11 millones para un proyecto de viviendas de alquiler asequible. Jiménez también explicó que las cooperativas exploran la posibilidad de combinar sus recursos con subvenciones e incentivos del Federal Home Loan Bank de Nueva York para adquirir, construir y rehabilitar propiedades, con el fin de reducir los costos de financiamiento. Desde el sector de la construcción, la presidenta de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, Pinsy Rivera Ortiz, advirtió que el aumento en los costos continúa dificultando el desarrollo de nuevas viviendas. “Los costos de construcción se dispararon desde el COVID para acá”, expresó Rivera Ortiz, quien señaló que estos gastos no disminuyeron tras la pandemia, contrario a lo que se esperaba. A su juicio, esta situación afecta la viabilidad económica de proyectos dirigidos a familias con ingresos limitados. Por su parte, el portavoz de la Asociación de Realtors de Puerto Rico, Milton Serrano, advirtió sobre las posibles consecuencias de extender los procedimientos de desahucio. Según planteó, algunos propietarios podrían retirar sus unidades del mercado de alquiler a largo plazo para destinarlas a alquileres de corta duración. “Con esto tenemos que tener mucho cuidado”, expresó Serrano, quien recomendó evaluar incentivos similares a los utilizados en el sector turístico y explorar fondos federales, como los del programa CDBG, para rehabilitar propiedades abandonadas y edificios públicos que puedan convertirse en viviendas de alquiler. La representante de la Asociación de Arrendadores de Puerto Rico, Brenda Arroyo, recomendó revisar las tablas de pago del Programa de Sección 8 para que los subsidios respondan a las condiciones económicas de cada municipio. Arroyo sostuvo que Puerto Rico se ha rezagado frente a algunas jurisdicciones estadounidenses en los pagos a los propietarios que participan del programa. También señaló que el aumento en los costos de mano de obra, mantenimiento y financiamiento hipotecario, cuyas tasas de interés pueden alcanzar entre un 7% y un 8%, dificulta ofrecer viviendas adecuadas a precios accesibles. En representación de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Jaime García propuso establecer incentivos para alquileres asequibles, crear un fondo de fianza para arrendatarios y facilitar la rehabilitación de propiedades vacantes. También planteó que los municipios identifiquen terrenos, edificios públicos en desuso y propiedades abandonadas que puedan desarrollarse mediante alianzas con empresas privadas. Bajo ese modelo, los municipios aportarían las propiedades y el sector privado asumiría las inversiones. García, además, expresó reservas sobre la concesión de exenciones contributivas que puedan afectar los ingresos municipales. Por su parte, el licenciado Roberto Pagán, representante de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, propuso gestionar una dispensa ante el Gobierno federal para revisar los criterios de elegibilidad del Programa de Sección 8. La propuesta permitiría utilizar como referencia los parámetros de ingresos del municipio con el nivel más alto en Puerto Rico, con el objetivo de ampliar el acceso al programa y permitir que más familias puedan cualificar para recibir asistencia en el pago de sus alquileres. Asimismo, Marcos Rivera, representante de la Oficina de Vivienda Municipal de Toa Baja, presentó iniciativas para reducir los costos de rehabilitación mediante alianzas con entidades del sector y la búsqueda de fondos federales. Rivera mencionó un proyecto de rehabilitación de propiedades con una inversión promedio estimada de $30,000 por vivienda. También explicó que se evalúa el uso de fondos del programa CDBG y que mantienen un proceso de asistencia técnica para desarrollar trabajos de rehabilitación de aproximadamente $25,000 por unidad. En la mesa redonda también participó la presidenta de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Representantes y representante del Distrito 21, Omayra M. Martínez Vázquez, junto a otros representantes de entidades gubernamentales y organizaciones vinculadas al sector. Al concluir el encuentro, Ríos adelantó que preparará una minuta con los principales planteamientos y recomendaciones para compartirla con los participantes. El documento servirá para continuar evaluando las alternativas propuestas y determinar cuáles pueden implementarse y cuáles requieren gestiones adicionales. --- Contenido de Metro Puerto Rico. 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