Comerciantes advierten que el alivio en el IVU no toca el costo energético de sus negocios

Las expresiones surgen luego de que el pasado viernes, la gobernadora Jenniffer González Colón presentara una propuesta para establecer una exención temporera de Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) en alimentos preparados en restaurantes y establecimientos de comida durante noviembre y diciembre para aliviar el impacto de los altos costos de energía.

Taveras Sepúlveda, pese a que favoreció la iniciativa, señaló que esta medida constituye un alivio directo al consumidor, no una reducción en los costos operacionales de las pequeñas y medianas empresas.

“Los restaurantes y demás establecimientos de alimentos preparados continuarán enfrentando las mismas facturas de electricidad, así como los aumentos en otros costos que afectan su capacidad de operar y mantener empleos”, indicó.

Del mismo modo, aseguró, en entrevista con Metro Puerto Rico, que se trata de una “catástrofe económica” en la que, “estamos sufriendo por los costos que estamos enfrentando en la factura de la luz y ya hay un punto de quiebra donde no se puede más”.

Para el presidente del CUD, esta medida —que fue sometida ante la consideración de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)— no atiende el elevado costo energético que, según explicó, “amenaza la estabilidad y competitividad de nuestros negocios”.

Estimó, además, que la cifra de negocios que se acogen a la quiebra podría dispararse este año hasta alcanzar los 7,000 casos.

“Desde el Centro Unido de Detallistas reiteramos que cualquier estrategia de alivio económico debe contemplar tanto al consumidor como al comerciante. Necesitamos medidas concretas que reduzcan la carga energética de las PyMEs y permitan que nuestros negocios continúen operando, generando empleos y aportando al desarrollo económico de Puerto Rico”, sentenció Taveras Sepúlveda.

Del mismo modo, el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), José “Che” Aparicio, sostuvo que los comerciantes enfrentan importantes retos para mantener sus operaciones, sostener sus empleos y ofrecer sus productos y servicios en un entorno de costos crecientes. Por lo que destacó la importancia de impulsar alternativas que ayuden a dinamizar la actividad comercial y estimulen el consumo local.

Asimismo, respaldó la medida impulsada por la gobernadora e indicó que “busca amortiguar las incesantes cargas operacionales que enfrentan nuestros comercios en medio de la emergencia económica que vivimos”.

“Ante el aumento en los costos de energía, toda medida que contribuya a aliviar la presión económica sobre los negocios y los consumidores merece ser evaluada con seriedad”, expresó Aparicio.

La mandataria también identificó $3 millones por parte del Departamento del Desarrollo Económico (DDEC) para una iniciativa de apoyo energético que permitirá beneficiar a 1,000 PyMEs para atender los altos costos de electricidad y promover la eficiencia energética en hogares y negocios.

Por otro lado, la presidenta de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE), Sonia Navarro González, indicó que esta medida había sido reclamada por la organización desde febrero, por lo que hizo un llamado a la Junta a considerar su impacto.

“Es urgente que la Junta tome esta determinación con la premura que amerita porque entendemos que el consumidor necesita alternativas concretas para aliviar la presión sobre su presupuesto familiar”, señaló la presidenta de ASORE.

Esta medida representa una oportunidad para reducir directamente el costo que pagan los consumidores por sus alimentos y ofrecer un respiro en medio de una situación económica que continúa afectando tanto a las familias como a los comerciantes”, añadió.

Del mismo modo, reconoció que se trata de una medida de emergencia que puede ofrecer alivio a corto plazo, mientras, reiteró su colaboración para implementar la medida de manera efectiva.

Al momento, distintos gremios empresariales y comerciales han presentado al gobierno más de 20 propuestas que incluyen medidas de alivio económico inmediato para PyMEs, alternativas de financiamiento, la diversificación de las fuentes de generación eléctrica y mayor transparencia en el manejo de los nuevos proyectos energéticos en Puerto Rico. Entre ellas, una moratoria de seis meses en el cobro de la crudita como medida para compensar el aumento en la factura eléctrica.

Sin embargo, de recibir el visto bueno, el Departamento de Hacienda implementaría la exención temporal. Mientras tanto, el impuesto continúa vigente y los consumidores deberán seguir pagándolo en sus compras de alimentos preparados.

El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, indicó que esta iniciativa “es una de muchas”. “Nunca se le dijo al pueblo que esta era la solución para recortar el costo energético, es una de varias iniciativas y otras que se van a ir anunciando”, dijo en conferencia de prensa el domingo.

A este panorama se suma el déficit de $54.4 millones que LUMA Energy reportó al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) en los costos de combustible de septiembre, una situación que podría resultar en un nuevo ajuste a la tarifa eléctrica, sujeto a la evaluación del organismo regulador.