Senador del PNP le daría su voto a la administradora de ASUME para ser secretaria de la Familia
Ángel Toledo respaldaría a María del Mar Mateu Meléndez si la nominan, mientras se suma a los llamados para que Suzanne Roig evalúe su salida
En momentos en que la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, enfrenta llamados de legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) para que deje el cargo, el senador penepé Ángel Toledo indicó que, de ser nominada María del Mar Mateu Meléndez para dirigir la agencia, contaría con su voto.
Mateu Meléndez es la actual administradora de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), adscrita al Departamento de la Familia, e hija de la exalcaldesa de Ponce María “Mayita” Meléndez.
“Por lo menos en este momento yo te diría que, sin haber hablado con ella, contaría con mi voto”, respondió el legislador ayer, al ser cuestionado durante una entrevista con Metro al Mediodía sobre si respaldaría a Mateu Meléndez si la gobernadora Jenniffer González Colón la nominara.
Toledo, quien aclaró que hablaba solo por sí mismo y no por sus compañeros del Senado, describió a Mateu Meléndez como “una profesional probada” y “excelente profesional”.
No obstante, señaló que su eventual nombramiento dependería de que la gobernadora entienda que debe ser la titular de Familia, de que ella esté disponible para asumir el cargo y de que complete el proceso de confirmación. Recordó que Mateu Meléndez ya ha sido confirmada para otros puestos.
Las expresiones del senador se producen mientras crecen dentro del PNP las voces que piden la salida de Roig Fuertes. Esta semana, el vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos, y el senador Juan Oscar Morales se expresaron en esa dirección.
Toledo sostuvo que la secretaria debe ponderar su permanencia en el cargo ante las controversias que la rodean.
“Debe preguntarse si esto es algo que quiere manejar como persona, en su carácter personal”, afirmó. A su juicio, Roig Fuertes tiene “el espacio y probablemente la oportunidad para que hable con la gobernadora” y plantee “cuáles son las opciones de salida para ella”.
El senador reconoció, además, que las controversias en Familia afectan la gestión de la administración de González Colón y ponen en aprietos a la gobernadora, “quien se ve en la necesidad de continuar explicando situaciones que, de no surgir, pues realmente no tendría que explicar”.
Sobre los señalamientos en torno al contrato de NOLA Education, Toledo sostuvo que quienes estén involucrados deben responder con transparencia. “Dejarles saber al pueblo de Puerto Rico de qué se trata esto, si realmente no pasó nada, pues explicar cómo no y proveer la evidencia”, expresó.
La controversia en torno a la secretaria surgió por el proceso de evaluación de propuestas para un contrato de $38.5 millones en fondos federales del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), dirigido a establecer un programa para estudiantes con rezago académico de séptimo a noveno grado en al menos 20 escuelas del Departamento de Educación.
La firma LAP Consulting Group, contratista de Familia, evaluó las propuestas y le otorgó la puntuación más alta a NOLA Education, empresa de Luisiana que opera el programa Star Academy. La secretaria le adjudicó el contrato el 20 de enero de 2026, aunque nunca llegó a firmarse, y la agencia canceló la adjudicación el 19 de mayo.
La exadministradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) Blanca Medina Díaz, destituida en septiembre, testificó bajo juramento ante el Senado que Roig Fuertes la presionó para firmar el contrato. El caso es investigado por el Departamento de Justicia y por la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos federal.
A esto se suman dos demandas contra la secretaria. Ayer, la empresa Coccoloba AgroEnvironmental, que fue incluida en la evaluación de propuestas, presentó una demanda de $2.5 millones contra Roig Fuertes, LAP Consulting y el Gobierno. Alega que el correo con el que declinó participar fue evaluado como si fuera una propuesta y que la secretaria la difamó al insinuar que alguien estaba detrás de la empresa.
Esta semana, además, la exdirectora regional de Familia en Arecibo Blanca García Sostre demandó a la secretaria y a otras tres funcionarias por $1.35 millones por alegado hostigamiento laboral, y alegó que Roig Fuertes la llamaba “bruta” y “mentirosa”.
