Georgie Navarro propone tres años de cárcel por ayudar a menores a abortar

La ACLU advierte que la medida podría castigar a quienes ayuden a adolescentes a acceder al procedimiento.

Por Metro Puerto Rico

23 oct, 1:06 pm 1 min de lectura
Georgie Navarro propone tres años de cárcel por ayudar a menores a abortar
Jorge "Georgie" Navarro

Ayudar a una menor de edad a conseguir un aborto podría costarle tres años de cárcel a un adulto en Puerto Rico si se convierte en ley un proyecto presentado por el representante Jorge “Georgie” Navarro Suárez. La medida busca castigar a quienes recluten, alberguen o transporten a una menor embarazada para obtener un aborto, con la intención de ocultarlo a sus padres o evadir los requisitos de consentimiento parental.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico se opuso este viernes al Proyecto de la Cámara 1067 al advertir que su lenguaje podría terminar criminalizando a familiares, profesionales de la salud, trabajadores sociales y otras personas que ayuden a adolescentes a acceder a servicios médicos legales. “Este proyecto criminaliza, restringe derechos e impone obstáculos adicionales al aborto”, expresó la directora ejecutiva de la organización, Annette Martínez Orabona.

Una de las principales preocupaciones de la ACLU es que la propuesta de Navarro no distingue entre las menores de 15 años o menos, que necesitan consentimiento parental para abortar, y las adolescentes de 16 y 17 años, que actualmente pueden acceder al procedimiento sin esa autorización. La organización también cuestionó el uso del término “reclutar”, al considerar que podría interpretarse de manera tan amplia que incluso personas que ofrecen orientación o información médica podrían enfrentar consecuencias legales.

La medida, denominada Ley de Protección Parental contra el Tráfico de Abortos de Menores, fue discutida el jueves durante una vista pública de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara. La ACLU también advirtió que penalizar el traslado de adolescentes podría afectar su derecho a viajar para recibir atención médica. El proyecto continúa bajo evaluación legislativa, por lo que la pena propuesta todavía no está vigente.

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