Farmacias de la comunidad se sienten “estranguladas” por el costo de luz
La Asociación de Farmacias de Comunidad alertó que el aumento en los gastos operacionales podría provocar cierres y afectar el acceso de los pacientes a medicamentos y servicios esenciales
El presidente de la Asociación de Farmacias de Comunidad de Puerto Rico (AFCPR), Isaías Serrano, denunció el jueves que los altos costos de energía y el aumento en los gastos operacionales podrían provocar el cierre de farmacias de comunidad y limitar el acceso de los pacientes a medicamentos y servicios esenciales de salud.
Serrano aseguró que el incremento en los costo de electricidad y la inestabilidad del servicio han obligado a estos comercios a pagar más por el consumo energético e invertir en generadores eléctricos que funcionan con diésel o gas, cuyos precios han aumentado en los últimos meses a raíz del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán.
El pasado 30 de septiembre, el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) aprobó un aumento de 5.28 centavos por kilovatio-hora en los cargos de combustible y compra de energía, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Según el NEPR, los comercios pequeños y medianos verán un aumento de 17.1% y los clientes industriales grandes de hasta 19.7%, lo que supondría un incremento de entre $63.42 y $29,108.55 al mes, respectivamente.
“El aumento de casi un 20% en la tarifa de la energía eléctrica está afectando gravemente la situación económica de todos los establecimientos [...] Tenemos farmacias de comunidad que pueden estar pagado entre $1,000 y $2,000 mensuales, pero también casos en los que pagan sobre los $6,000. Esto es significativo”, dijo Serrano en entrevista con Metro Puerto Rico. “Los pequeños y medianos comercios de la isla no aguantamos un aumento más”, recalcó.
A su vez, Serrano insistió en que no está sobre la mesa pasar a los consumidores el aumento en los costos de la energía y advirtió que los dueños de farmacias podrían verse obligados a tomar medidas como reducir su plantilla laboral y modificar sus horarios de operación. “Todo esto repercutirá en la calidad de un servicio esencial para la población”, enfatizó.
Por su parte, Linda Ayala, directora ejecutiva de AFCPR, sostuvo que las farmacias de comunidad están siendo “estranguladas”.
“Se está asfixiando, sobre todo a nuestras farmacias comunitarias, impidiendo que presten sus servicios. El hecho de que se vaya la luz y se encienda una planta eléctrica supone un mayor costo operativo [...] Tenemos el aumento en la factura de electricidad y el incremento en el costo del agua, en medio de una crisis hídrica que también ha obligado a las farmacias a buscar alternativas. En otras palabras, ni el sistema energético ni el sistema de agua ni los servicios esenciales son resilientes”, señaló Ayala.
En Puerto Rico hay unas 850 farmacias de comunidad, y generan aproximadamente 15,000 empleos directos y 5,000 indirectos.
Los portavoces de AFCPR recalcaron, además, que las farmacias requieren un suministro constante de luz para mantener refrigerados medicamentos como la insulina y las vacunas, cuya conservación depende de una cadena de frío ininterrumpida.
“Una farmacia no puede pagar el alquiler y destinar $2,000 o $3,000 mensuales a la factura de energía, porque tiene que mantener una cadena de frío para conservar medicamentos biológicos y vacunas, por ejemplo. Si no se puede hacer eso adecuadamente, porque nos regula el Departamento de Salud (DS), el país simplemente se queda sin medicamentos ni terapias”, añadió Ayala.
La licenciada precisó que la entidad envió una carta al presidente del NEPR, Edison Avilés, para exponer la situación que enfrentan las farmacias de comunidad ante los continuos aumentos en la factura de electricidad, pero afirmó que la misiva no recibió respuesta. “El presidente fue negligente al no tomar en consideración nuestros comentarios y al no invitarnos a explicar cómo funciona nuestro negocio en beneficio de los pacientes, ya que se trata de un servicio de salud”, puntualizó Ayala.
De igual forma, Serrano y Ayala coincidieron al afirmar que, a diferencia de las grandes cadenas, cuyas ganancias provienen principalmente de la venta de productos de pasillo, más del 80% de los ingresos de las farmacias de comunidad depende de la dispensación de medicamentos recetados, lo que limita su capacidad para absorber aumentos en los costos operacionales.
Otro factor que amenaza la estabilidad de las farmacias, de acuerdo con la AFCPR, son los Manejadores de Beneficios de Farmacia (PBM, por sus siglas en inglés), a quienes señala de imponer precios y pagar por debajo del costo. Serrano planteó que los precios de los medicamentos ya están negociados por los PBM, y en el caso del gobierno, el Plan Vital.
“Los administradores de beneficios farmacéuticos, que manejan nuestros contratos, nos ahogan y no nos pagan. No hay manera de sostener eso. No se pueden negociar las tarifas, pagan por debajo del costo y no puede reclamar ese pago por debajo del costo”, reclamó Ayala.
Los PBM son intermediarios que negocian los precios de los medicamentos y las condiciones de acceso a estos entre las compañías farmacéuticas y los pagadores, como las aseguradoras, el gobierno, las empresas y los consumidores.
Metro Puerto Rico solicitó una reacción al presidente del NEPR, Edison Avilés Deliz. A través de su oficina de prensa, el Negociado indicó que “la carta se recibió en febrero pasado y forma parte del expediente del caso de revisión tarifaria. El documento recibió el trámite correspondiente”.
