Secretaria de la Familia reacciona a demanda en su contra y asegura que denuncias fueron investigadas
La demandante solicitó $1.35 millones por daños y perjuicios, represalias, discrimen y acoso laboral.
La secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, aseguró a Metro Puerto Rico que no ha sido emplazada oficialmente en relación con una demanda presentada por una exfuncionaria que ostentaba un cargo directivo en la región de Arecibo de la agencia.
“Este asunto será atendido conforme a los procedimientos establecidos. Al momento, no hemos sido emplazados oficialmente en relación con la alegada demanda”, manifestó Roig Fuertes en declaraciones escritas.
Las expresiones surgen luego de que ayer, la exdirectora regional, Blanca García Sostre, radicara una demanda civil contra el Gobierno de Puerto Rico, en la que incluye a Roig Fuertes y otras tres funcionarias.
En la acción judicial, radicada ante el Tribunal de Primera Instancia en Arecibo, la exfuncionaria estableció que, mientras ocupaba el puesto antes mencionado, “comenzó a ser objeto de un patrón continuo de hostigamiento laboral, persecución, maltrato verbal y maltrato psicológico”.
También incluye el menoscabo de funciones y actuaciones dirigidas a afectar su autoridad, reputación, estabilidad emocional y desempeño profesional por parte de las co-demandadas.
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Sobre esto, Roig Fuertes indicó que las alegaciones ya habían sido investigadas de manera interna en la agencia.
“Es importante señalar que los hechos relacionados con este caso fueron investigados previamente mediante los mecanismos administrativos aplicables a cualquier empleado de la agencia, en cumplimiento con los manuales, las disposiciones legales y los procedimientos correspondientes”, explicó Roig Fuertes sobre los señalamientos que se le imputan.
García Sostre habría presentado una querella contra la subdirectora Lynette Pérez Molinari —el 1ro de julio de 2025— por “un esquema de persecución activa que incluía la toma de fotografías sin autorización” y la falta de atención a sus reclamos.
En el documento se manifestó que “la secretaria ignoró los reclamos de la demandante”, y que, en lugar de atender las denuncias, “increpó a la demandante y le exigió respetar el puesto de la subdirectora”.
El monto solicitado por la demandante responde a $1.35 millones en daños emocionales, angustias mentales, daños a su reputación y dignidad, daños económicos y daños por hostigamiento, entre otras cosas.
La cantidad se distribuye entre $150,000 por el Gobierno de Puerto Rico y el Departamento de la Familia; y $1.2 millones divididos en cuatro partes iguales ($300,000) entre Roig Fuertes, Pérez Molinarri, Sofia Benitez Rodríguez y Vivian Martínez Ruiz.
La demanda incluye reclamaciones bajo la Constitución de Puerto Rico que establece “la dignidad del ser humano es inviolable”, así como a la Ley 115 de 1991, relacionada con represalias laborales; la Ley 90 de 2020, sobre acoso laboral; la Ley 100 de 1959 por descremen contra un empleado; y violaciones al Artículo 1536 del Código Civil de Puerto Rico.
