Junta pide al Supremo evitar la cancelación del contrato de LUMA
El ente fiscal advierte que devolverle la red a la AEE sería ilegal y pondría en riesgo la reestructuración de su deuda
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se opuso a la cancelación del contrato de LUMA Energy y advirtió al Tribunal Supremo de Puerto Rico que devolverle la operación de la red eléctrica a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sería ilegal y pondría en riesgo la reestructuración de la deuda de la corporación pública.
La postura consta en una solicitud presentada este martes, y divulgada por el periodista Rafael Lenín López, en la que el ente fiscal pide autorización para comparecer como amigo de la corte en los casos consolidados de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y la AEE, así como de la gobernadora Jenniffer González y el Gobierno de Puerto Rico, contra LUMA Energy. Los casos llegaron al Supremo mediante certificación intrajurisdiccional desde el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.
Según la JSF, una decisión favorable al Gobierno conllevaría la terminación del contrato bajo el cual LUMA ha operado durante varios años el sistema de transmisión y distribución (T&D) eléctrica del país.
“La terminación del Contrato de Operación de T&D obligaría a la AEE—según admite el propio Gobierno en su alegato ante este Tribunal—a retomar la operación de la red eléctrica de Puerto Rico, para lo cual la AEE no cuenta con los recursos necesarios”, sostiene el escrito.
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La Junta argumenta que la legislación de Puerto Rico, el plan fiscal certificado de la AEE y el plan de ajuste propuesto en el caso de quiebra de la corporación exigen que una empresa privada opere la red eléctrica.
“Devolver la operación de la red eléctrica a la AEE—aun cuando sea por un período breve, y cuya duración real ahora mismo se desconoce—sería ilegal, violaría el plan fiscal y [...] tendría consecuencias nefastas para el caso de Título III de la AEE, su capacidad para reestructurarse y la recuperación fiscal de Puerto Rico”, advierte la moción.
El ente, creado por el Congreso en 2016 al amparo de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA), actúa como único representante de la AEE en el proceso de reestructuración de deuda que inició en julio de 2017 al amparo del Título III de esa ley. En el escrito, el organismo sostiene que, además de procurar que la deuda de la AEE se reestructure con éxito, tiene un interés “igualmente apremiante” en que los residentes y las empresas cuenten con un servicio eléctrico confiable a un precio razonable.
Este martes, además, el Supremo emitió una resolución en la que declaró no ha lugar varias mociones de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, la AEE, la gobernadora y el Gobierno. Entre ellas figuraban sus oposiciones a que el foro tomara conocimiento judicial de documentos presentados por LUMA y una solicitud de desglose de una declaración jurada.
El tribunal aclaró que su determinación se tomó “sin que signifique una adjudicación nuestra sobre los méritos, el valor, la pertinencia o la implicación jurídica de los documentos sometidos por LUMA Energy, LLC”.
“Habiendo cumplido las partes con nuestra orden de someter sus alegatos, se les instruye abstenerse de presentar escritos posteriores, salvo que este Tribunal así lo solicite”, dispuso el Supremo en la resolución, certificada por su secretario, Javier O. Sepúlveda Rodríguez.
