Trump reaviva su idea de cambiar el nombre de Nuevo México a Nueva América pese a su escasa viabilidad
La denominación existe desde el siglo XVI y antecede a Estados Unidos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este lunes su propuesta de cambiar el nombre del estado de Nuevo México, en la frontera con México, por el de Nueva América, en línea con otros polémicos cambios promovidos por su administración, como renombrar el golfo de México como golfo de América.
“Nuevo México debería cambiar inmediatamente su nombre a Nueva América. No somos México. ¡Somos los Estados Unidos de América!”, afirmó Trump en redes sociales.
El mandatario aseguró que el cambio “daría mucho valor y prestigio al estado” y sostuvo que aumentaría “el valor de las casas y los ingresos”, además de hacer que sus habitantes saludaran “con más orgullo aún” a la bandera estadounidense. También volvió a denunciar, sin presentar pruebas, supuestos fraudes electorales en el estado.
La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, reiteró que el nombre del estado “no es una cuestión a debate”.
“Ha sido nuestro desde antes de que existiera Estados Unidos”, afirmó.
Trump ya había planteado públicamente esta propuesta el pasado 7 de septiembre, cuando sostuvo que el nuevo nombre haría al estado “mucho más prestigioso y hermoso”.
Origen histórico del nombre de Nuevo México
El nombre de Nuevo México no hace referencia al actual país de México, sino a una denominación utilizada por exploradores españoles desde el siglo XVI para describir el territorio al norte del río Bravo. La región recibió ese nombre décadas antes de la independencia de Estados Unidos en 1776 e incluso antes de la independencia de México en 1821, por lo que su origen es histórico y geográfico, no político.
Historiadores y especialistas han señalado que la propuesta de Trump carece de fundamento histórico, ya que el nombre del estado antecede por siglos a la creación de ambos países.
Además, un cambio de nombre requeriría un complejo proceso legal que incluiría la aprobación de la Legislatura de Nuevo México y la participación del Congreso de Estados Unidos, entre otros trámites constitucionales, por lo que expertos consideran que la iniciativa tiene escasas posibilidades de prosperar.
