¿Estaba obligado el DTOP a entregar datos al ICE?
La entrega de datos de más de inmigrantes a ICE desata dudas sobre si estaban obligados a cumplir un subpoena federal sin orden judicial.
Por Metro Puerto Rico
La controversia por la entrega de información de más de 6,000 inmigrantes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha abierto un debate sobre el alcance de un subpoena federal y si el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) estaba legalmente obligado a suministrar los documentos solicitados sin la intervención de un tribunal.
En entrevista con Metro Puerto Rico, el abogado Carlos Díaz Olivo, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), explicó que un subpoena es una citación formal mediante la cual se puede requerir la comparecencia de una persona o la entrega de documentos como parte de una investigación o procedimiento legal. Cuando se exige presentar documentación, puede utilizarse la modalidad conocida como subpoena duces tecum.
Díaz Olivo sostuvo que, cuando una persona o entidad se niega a cumplir con determinados requerimientos administrativos, la autoridad que los emitió debe acudir al tribunal para solicitar su ejecución. “Si el tribunal lo ordena y no cumple, entonces ahí ocurre el desacato”, explicó el jurista, al destacar la diferencia entre una citación administrativa y una orden judicial.
En el caso del DTOP, el Departamento de Seguridad Nacional solicitó información sobre inmigrantes mediante una citación administrativa emitida el 26 de enero de 2025. La agencia tenía hasta el 7 de febrero para responder, pero entregó los datos de aproximadamente 6,321 personas apenas tres días después. La controversia gira precisamente en torno a si el DTOP tenía que entregar esa información de inmediato o podía negarse y esperar a que las autoridades federales acudieran a un tribunal para exigirla.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico sostiene que el gobierno no tenía la obligación legal de entregar los datos sin una orden judicial y que decidió colaborar voluntariamente con las autoridades federales. La organización también denunció que la información estaba protegida por la Ley 97 de 2013 y exigió la renuncia del secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, por entender que incumplió su deber de proteger la confidencialidad de los expedientes.
Por su parte, la gobernadora Jenniffer González Colón rechazó que la entrega fuera voluntaria y defendió la actuación de la agencia. “Hay un subpoena federal y las agencias del Gobierno de Puerto Rico tienen que cumplir con los mandatos federales”, sostuvo la mandataria, quien calificó de irresponsable afirmar que los documentos fueron suministrados por iniciativa del gobierno.
A la controversia también se sumó el exgobernador Alejandro García Padilla, quien durante una entrevista en WKAQ 580 AM cuestionó la interpretación legal utilizada por la administración de González Colón para justificar la entrega de los expedientes. El exmandatario reclamó a la gobernadora revisar quiénes la asesoraron sobre el requerimiento federal y sostuvo que la actuación del gobierno reflejó falta de sensibilidad hacia las comunidades inmigrantes.
Díaz Olivo reconoció que no había examinado personalmente el documento específico que originó la controversia, pero señaló que las autoridades federales tienen mecanismos legales para solicitar información relacionada con investigaciones migratorias. Explicó además que el gobierno de Puerto Rico puede optar por colaborar con esas gestiones o cuestionarlas por las vías legales correspondientes. La entrevista también abordó la dimensión política y moral de la controversia, particularmente por sus efectos sobre las personas inmigrantes que residen y trabajan en la isla.
