Secretaria de Familia cuestiona a Coccoloba por enviar información de la empresa

La empresa insiste en que solo respondió para declinar la invitación, y su abogada exige saber qué se evaluó y cómo se le asignó una puntuación en el proceso del contrato TANF.

Por Juan Marrero Delgado

9 oct, 3:00 am 3 min de lectura
Secretaria de Familia cuestiona a Coccoloba por enviar información de la empresa
Suzanne Roig, secretaria de la Familia durante vista en el Senado.

“¿Qué relevancia o qué efecto tiene eso?”. Con esa pregunta, la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, contestó el cuestionamiento de la representación legal de Coccoloba AgroEnvironmental LLC sobre la puntuación otorgada a la empresa en la evaluación del contrato de $38.5 millones con fondos federales del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés).

Coccoloba fue una de las empresas evaluadas por LAP Consulting Group, Inc., junto a Litoral Vivo Corp. y NOLA Education.

En entrevista con Metro Puerto Rico, la titular de la agencia respondió a las expresiones de la representación legal de Coccoloba, que cuestionó cómo se pudo evaluar la propuesta de una empresa que desde el 8 de enero había informado que no tenía interés en participar del proceso.

“Eso no tiene ningún efecto ni relevancia de ningún tipo. Se evaluaron porque sometieron [...] información sobre sus servicios, y habiéndola recibido, entendimos que era pertinente”, expresó la funcionaria.

“¿Por qué no se quejaron cuando recibieron la comunicación de adjudicación, donde se le informa a todo el mundo? ¿O por qué no se quejaron cuando recibieron la carta de cancelación? Eso es parte del proceso. ¿Qué interés subyace en este momento en Coccoloba? Yo no lo sé”, agregó.

Según se explicó en la carta enviada a Familia, Coccoloba se dedica “al manejo profesional de los árboles, conservación de los recursos naturales, la reforestación, la educación y la sustentabilidad ambiental”, por lo que se le cuestionó a Roig Fuertes la razón de evaluar a esta compañía para ofrecer servicios contra el rezago académico.

“Entonces, ¿por qué contestaron? ¿Por qué sometieron información relevante a sus programas y servicios? Obviamente, sale de mi email y todo lo demás, pero yo no atiendo ese asunto de forma directa, precisamente para que nadie me relacione con que yo hice algo. [...] Eso no afecta absolutamente nada. El que estén trayendo una controversia pública... lo que levanta suspicacia es que los motiva a traer una controversia pública que no tiene ningún efecto de ningún tipo, ni sobre ellos ni sobre nadie, muchísimo menos sobre el proceso”, puntualizó.

Sobre la petición de Coccoloba de que se haga pública la información evaluada y se identifique a la persona que la presentó, Roig Fuertes dijo que la División Legal de la agencia evalúa el requerimiento.

En entrevista por separado, Nadja Cardona Portalatín, abogada del dueño de Coccoloba, Christian W. Torres Santana, aseguró que el correo electrónico que enviaron al recibir la invitación fue para declinarla, pero que su cliente aprovechó para dar a conocer los servicios que ofrece ante la posibilidad de una oportunidad futura.

“Él le dejó saber en ese correo electrónico a la secretaria que no estaría participando, pero no quiso cerrar la puerta con el Departamento de la Familia y le anejó un documento sobre los servicios que provee, por si en el futuro la agencia tuviera alguna propuesta alineada a sus servicios, para que pudiera tomarse en consideración su empresa”, detalló la licenciada en Metro al Mediodía.

Tanto Roig Fuertes como Cardona Portalatín indicaron que ninguna agencia fiscalizadora se ha comunicado con ellas para entrevistarlas en relación con las denuncias.

“Cada una de estas agencias tiene sus procesos, sus protocolos, y nosotros estamos en la actitud de colaborar con cualquier agencia, con cualquier petición que nos hagan, en virtud de esto o de cualquier otra situación”, dijo la secretaria.

Mientras, la representante legal de Coccoloba aseguró que, de recibir algún acercamiento de las autoridades, “los estaremos evaluando y se atenderán según corresponda”.

Las denuncias sobre este proceso de evaluación surgen tras la destitución de Blanca Medina como administradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), quien asegura que fue presionada para firmar un contrato con NOLA Education.

Medina ya acudió a la Oficina del Inspector General de Puerto Rico y a las autoridades federales, y hoy compareció al Departamento de Justicia.

Mira la entrevista con la abogada de Coccoloba:

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