EE.UU. impone sanciones al Tribunal Penal Internacional luego que se anunciara Nobel de la Paz a exmagistrada
El TPI calificó la acción como “un intento de obstruir el curso de la justicia e impedir que la Corte cumpla la función para la que fue creada”
Por EFE EFE
El Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes sanciones contra el Tribunal Penal Internacional (TPI) en el marco de la campaña emprendida por Washington contra la corte, incluyendo a su presidenta, Tomoko Akane, sancionada el pasado agosto, apenas horas después de conocerse que la exmagistrada Navanethem ‘Navi’ Pillay fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) adoptó la medida contra el organismo con sede en La Haya, sin ofrecer más detalles, aunque emitió cuatro exenciones relacionadas con las actividades del tribunal y advirtió que se reserva la posibilidad de imponer nuevas sanciones si la corte “no responde a sus inquietudes”.
El Tesoro autorizó, hasta el 7 de abril de 2027, las transacciones necesarias para garantizar la continuidad de las operaciones del TPI, incluidos los pagos de los Estados parte, salarios, seguros médicos, alquileres, servicios públicos, impuestos y otros gastos esenciales para el funcionamiento del organismo.
Según el Departamento de Estado, este período pretende dar tiempo a los 125 Estados parte del Estatuto de Roma para demostrar “avances significativos” hacia soluciones diplomáticas y jurídicas que atiendan las preocupaciones de Estados Unidos respecto al tribunal.
Asimismo, Washington autorizó el pago de pensiones, determinadas transacciones relacionadas con telecomunicaciones y software empresarial, así como servicios destinados a la salud, la seguridad y el bienestar de las personas bajo custodia del tribunal y el funcionamiento de las instalaciones donde permanecen detenidas.
La decisión supone un nuevo paso en la campaña de Estados Unidos contra el TPI, al que acusa de ser un organismo “supranacional corrupto” y “politizado” que abusa de su autoridad. Actualmente, 17 personas, entre jueces, fiscales y la propia presidenta del tribunal, permanecen sancionadas por la investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel en la Franja de Gaza.
El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió que tanto administraciones republicanas como demócratas han rechazado durante décadas que el TPI tenga autoridad para procesar a ciudadanos estadounidenses, militares o dirigentes políticos.
“Estados Unidos nunca se unió a la Corte. No la necesitamos. Y no la queremos. El presidente Donald Trump nunca permitirá que el TPI procese a estadounidenses. (...) Prohibiremos las transacciones con esta corte que actúa al margen de las normas, cortando sus recursos y paralizando su capacidad operativa”, afirmó.
Rubio aseguró que Washington mantiene “la esperanza de una solución diplomática”, aunque advirtió que seguirá desmantelando al tribunal “ladrillo a ladrillo” mientras considere que representa una amenaza para ciudadanos estadounidenses.
El jefe de la diplomacia estadounidense también instó a los países cuya defensa “depende de los militares estadounidenses” a actuar para “frenar” al TPI.
“Esperamos que nuestros aliados --muchos de los cuales forman parte del TPI y dependen de los militares estadounidenses para su defensa-- frenen a la Corte. Hemos estructurado esta medida para dar a los Estados parte la oportunidad de negociar y presentar una solución que responda a nuestras inquietudes. Si estos esfuerzos no dan fruto, continuaremos ajustando nuestras acciones en consecuencia”, señaló.
El TPI denuncia un intento de obstruir la justicia
Por su parte, el Tribunal Penal Internacional calificó la decisión estadounidense como una “medida sin precedentes” contra la institución en su conjunto, al recordar que hasta ahora las sanciones se habían dirigido únicamente contra personas concretas. Según el tribunal, la medida afecta a 13 jueces y fiscales independientes.
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“Se trata de un intento de obstruir el curso de la justicia e impedir que la Corte cumpla la función para la que fue creada. Es un ataque al Estado de derecho y a los fundamentos mismos del orden jurídico internacional, que atenta contra el principio fundamental de que nadie está por encima de la ley (...) Busca intimidar a quienes trabajan para ella o colaboran con ella”, indicó en un comunicado, en el que aseguró que no se dejará amedrentar.
“Nadie debería ser sancionado por servir a la causa de la justicia. La historia juzgará este momento. Las generaciones futuras, y sobre todo las víctimas de atrocidades masivas, se preguntarán cómo respondimos cuando una institución creada para protegerlas fue objeto de ataques. Se preguntarán si la Corte se mantuvo firme y si la comunidad internacional defendió los principios que proclamaba o permitió que fueran abandonados bajo la presión”, añadió.
El TPI afirmó que continuará actuando “con independencia e imparcialidad (...) sobre la base de la ley y las pruebas”, aunque subrayó que depende del respaldo de los Estados que fundaron el tribunal en 1998.
La corte recordó que el Estatuto de Roma constituye “una promesa colectiva” para impedir la impunidad de los crímenes más graves y pidió a los Estados adoptar medidas concretas que garanticen los recursos necesarios para el funcionamiento del organismo, al considerar que está en juego el orden internacional basado en el Estado de derecho.
