Coccoloba da ultimátum a Familia y exige publicación de la información evaluada para contrato millonario
La empresa asegura que solo respondió un correo electrónico para declinar participar en el proceso y le da cinco días a la agencia para entregar la propuesta que se le atribuye o rectificar públicamente.
Una de las empresas cuya propuesta el Departamento de la Familia asegura haber evaluado para el contrato con fondos federales de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) exigió que se haga pública la información presentada, pues asegura que solo respondió un correo electrónico para declinar participar en el proceso al que fue invitada.
Según ha detallado la agencia, para este contrato de $38 millones, que nunca se otorgó, se evaluaron tres empresas: Coccoloba AgroEnvironmental LLC, Litoral Vivo Corp. y NOLA Education.
La representación legal de Coccoloba envió a la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, una carta firmada por el dueño de la empresa, Christian Torres Santana, que fue publicada por la periodista Nuria Sebazco. En ella, asegura que la invitación para participar en el proceso de solicitud de propuestas le llegó por correo electrónico el 30 de diciembre de 2025, “en plena temporada de Navidad”, y que solo la contestó para declinar su participación.
“Nuestra intervención como invitados a participar en el proceso solicitud de propuesta, y que ayer se discutió en el Senado de Puerto Rico y en la prensa, se limitó a contestar un correo electrónico que fue recibido el 30 de diciembre de 2025 (en plena temporada de Navidad), mediante una respuesta dirigida exclusivamente a la Secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes el 8 de enero del 2026. No enviamos esa contestación a ninguna otra persona, o dirección de correo electrónico, como alegó la Secretaria durante su deposición en el Senado”, lee la misiva.
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“Contestar una comunicación en la cual declinamos participar del proceso de solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) por invitación o compartir información general sobre servicios que ofrece Coccoloba no equivale, por ese solo hecho, a presentar una propuesta para el Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) de Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF)”, agregaron.
Según la empresa, se dedica a la consultoría ambiental y al manejo de árboles, y aunque ofrece desarrollo profesional y educación en esos temas, los requisitos del RFP no estaban alineados con su operación, por lo que “de forma cordial” indicó que no enviaría una propuesta. Con el contrato se buscaba atender el rezago académico en la población estudiantil.
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“En nuestra respuesta a la Secretaria Roig Fuertes compartimos un opúsculo y un perfil de Coccoloba y sus servicios para que conocieran nuestras áreas de trabajo en caso de que surgirse la oportunidad de colaborar con el Departamento de la Familia en algún proyecto futuro afín a nuestras capacidades. La inclusión de nuestro nombre en una evaluación administrativa tampoco acredita que hayamos sometido una propuesta”, indicó Torres Santana, agrónomo de profesión.
Por eso, la empresa exige al Departamento de la Familia que entregue a su representación legal copia íntegra de la propuesta que se le atribuye, con todos sus anejos y la evidencia de envío o recibo. “Requerimos que se identifique quién la remitió, a quién se dirigió y cuándo se recibió, así como los documentos de su evaluación”, añadieron.
“El término requerido para proveernos dicha información es de cinco (5) días calendario, contados a partir del día siguiente al recibo del requerimiento escrito. De no obrar esa cotización o propuesta en el expediente, exigimos que se informe por escrito y se rectifique públicamente cualquier atribución incorrecta. También requerimos la preservación íntegra de los documentos y correos relacionados con este asunto”, continuaron.
La compañía indicó que sus abogados evalúan todas las alternativas legales disponibles para proteger sus derechos, su reputación comercial y el buen nombre de la empresa y de su dueño.
“Solicitamos que esta aclaración se recoja con la misma prominencia que los señalamientos sobre nuestra empresa. Nuestros clientes, colaboradores y el público merecen conocer los hechos con precisión”, concluyeron.
Ayer, tanto la exadministradora de la ADSEF, Blanca Medina, como la secretaria Roig Fuertes participaron en una vista senatorial que investiga las alegaciones de presiones indebidas para otorgar este contrato a la empresa NOLA Education, con su programa Star Academy. Según se ha detallado, el Departamento de la Familia delegó el proceso de evaluación de las empresas en LAP Consulting Group, Inc.
