OEA exige elecciones en Nicaragua y Dominicana cierra su embajada ante el deterioro democrático

El texto, aprobado por unanimidad durante una reunión extraordinaria de cancilleres celebrada en Washington, también insta al Gobierno nicaragüense a recuperar la separación de poderes, divulgar el paradero de las personas desaparecidas y devolver la nacionalidad a quienes fueron despojados de ella.

La resolución, impulsada por Estados Unidos, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y República Dominicana, no contempla la imposición de sanciones concretas contra el Gobierno de Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

Como parte del mecanismo aprobado, la OEA creó además un grupo ministerial de seguimiento sobre Nicaragua, que deberá establecer un diálogo con las autoridades nicaragüenses y la oposición y presentar recomendaciones en un plazo de 90 días.

La decisión se produce después de que Ortega declarara el pasado 19 de julio que en Nicaragua no habría más elecciones. Posteriormente, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo sandinista, aprobó en primera legislatura una reforma parcial de la Constitución que excluye de cargos de elección popular a opositores considerados “traidores a la patria” y amplía a siete años el mandato presidencial.

República Dominicana cierra su embajada

Durante la reunión, el canciller de República Dominicana, Víctor ‘Ito’ Bisonó, anunció que su país cerrará su embajada en Nicaragua mientras persistan las condiciones que afectan al ejercicio de las libertades y los principios democráticos.

“Como no queremos que al mirar atrás se diga en el futuro que no supimos estar a la altura de las circunstancias”, afirmó Bisonó, al anunciar la decisión durante la reunión de cancilleres.

El canciller explicó que la medida responde a la política exterior definida por el presidente dominicano, Luis Abinader, que tiene entre sus pilares la promoción y defensa de la democracia y los derechos humanos.

Bisonó sostuvo además que la respuesta regional debe “trascender los pronunciamientos y traducirse en acciones concretas” y aseguró que República Dominicana está dispuesta a respaldar los esfuerzos de la OEA en materia democrática.

La decisión ocurre después de que el pasado 9 de septiembre la Cancillería dominicana anunciara que Nicaragua había decidido cerrar su embajada en Santo Domingo. En julio, el Gobierno dominicano había llamado a consultas a su embajadora en Managua ante las declaraciones de las autoridades nicaragüenses sobre el sistema democrático.

Las tensiones aumentaron después de que Ortega afirmara que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones”. El Gobierno dominicano condenó entonces esas declaraciones y las calificó como un desconocimiento de los principios de la democracia representativa y del derecho de los nicaragüenses a elegir libremente a sus gobernantes.

Estados Unidos denuncia veto a su embajadora

Estados Unidos aprovechó la reunión de la OEA para denunciar que el Gobierno nicaragüense vetó a su nueva embajadora, Natasha Franceschi, ratificada por el Senado estadounidense el pasado 30 de septiembre.

El subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau, afirmó que Ortega y Murillo han cerrado “constantemente la puerta al diálogo productivo” y señaló que el rechazo a Franceschi demuestra, a juicio del Gobierno estadounidense, una falta de diplomacia.

Estados Unidos no cuenta con embajador en Nicaragua desde 2023.

Landau, quien intervino en representación del secretario de Estado, Marco Rubio, recordó que Nicaragua debía haber celebrado elecciones este año y sostuvo que la situación del país “pone en peligro la paz y la seguridad” de Centroamérica y del resto del continente americano.

El funcionario estadounidense también acusó al Gobierno nicaragüense de facilitar la inmigración irregular mediante sus relaciones con actores “no hemisféricos”, en una aparente referencia a China o Rusia. Según Landau, estos países estarían entrenando a la Policía nicaragüense y compartiendo inteligencia con lo que calificó como la “maquinaria de represión”.

Landau afirmó que esos actores internacionales no solo respaldan al Gobierno de Ortega, sino que utilizan Nicaragua como “trampolín” para ampliar su influencia en la región.

La OEA reclama recuperar el orden constitucional

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, manifestó que es “urgente” que Nicaragua recupere el orden constitucional y pidió a los Estados miembros considerar herramientas como sanciones económicas que no afecten a la población, además de restricciones financieras y de viaje contra determinadas autoridades.

Por su parte, la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Nicaragua, Rosa María Payá, definió al país como un “estado policial” que utiliza su “arquitectura transnacional” para intimidar y actuar contra sus nacionales en el extranjero.

La reunión contó con una participación ministerial limitada: solo siete de los 34 Estados miembros enviaron a sus ministros de Exteriores —Guatemala, Paraguay, Jamaica, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Haití— mientras que los demás estuvieron representados por funcionarios de menor rango.

Brasil, que había votado en contra de convocar la reunión, expresó su oposición a cualquier referencia que señale a Nicaragua como una posible amenaza para la paz y la seguridad regionales.

La OEA no convocaba una reunión de consulta de ministros de Exteriores desde 2019, cuando abordó la crisis política y de derechos humanos en Venezuela.

Nicaragua no estuvo representada en el encuentro debido a que abandonó el organismo panamericano en 2023, por orden de Ortega.