Jenniffer González y Pablo José Hernández se unen contra tope federal de Medicaid

La petición estará respaldada por un informe preparado por el Grupo de Trabajo Multisectorial para Garantizar el Financiamiento Justo e Igualitario de los Programas Federales de Salud, que será revisado hasta el próximo miércoles antes de hacerse público.

“Este informe se nutrió del insumo de cada uno de los sectores que ustedes ven aquí y de otras personas que no formaron parte de este comité, pero que se recopilaron a lo largo de este tiempo, al igual que de estudios actuariales que fueron comisionados a través de ASES para actualizar la data disponible”, dijo González Colón en conferencia de prensa.

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La gobernadora sostuvo que el documento servirá como base para las gestiones en Washington antes de que expire en septiembre de 2027 el nivel de financiamiento federal que actualmente sostiene gran parte del Plan Vital.

“Medicaid en Puerto Rico sirve a 1.3 millones de residentes en la Isla, que eso equivale al 47 por ciento de la población”, expresó.

González Colón explicó que Puerto Rico está sujeto por ley a un límite de fondos que no aplica de la misma manera a los estados y que el pareo federal vigente de 83 por ciento responde a asignaciones aprobadas por el Congreso durante los últimos años.

“Esa es la primera petición: remover el tope que se le hace a este programa, que limita la cantidad de fondos que podemos recibir como territorio. Los estados no tienen este tope”, dijo.

El segundo reclamo será utilizar para Puerto Rico una fórmula similar a la aplicada a los estados para calcular el Federal Medical Assistance Percentage (FMAP).

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“En el caso de Puerto Rico es por ley que es el 55 por ciento, así que pudiera sobrepasar del 83 por ciento del FMAP, pudiera llegarnos hasta un 90 por ciento”, sostuvo la gobernadora.

La agenda ante el Congreso también incluye extender servicios de cuidado prolongado, incorporar a Puerto Rico al Medicare Savings Program y revisar las fórmulas de pago relacionadas con Medicare Advantage y los hospitales que atienden una proporción elevada de pacientes sin cubierta suficiente.

Carlos Santiago, director ejecutivo de la Oficina de Medicaid de Puerto Rico, sostuvo que el 83 por ciento representa el mínimo que el grupo pretende preservar.

“Básicamente, presentarle al gobierno federal que nos remueva lo que tiene que ver ese cap o esa cantidad máxima que recibimos en Puerto Rico para atender nuestra población, al igual que otros estados lo tienen disponible”, explicó.

Santiago añadió que el Medicare Savings Program permitiría ayudar a personas de bajos ingresos que actualmente pagan de su Seguro Social la prima de la Parte B de Medicare.

“Esas personas que tienen necesidad, que también son beneficiarios del programa Medicaid, pues no se pueden beneficiar de esto porque el programa no está en Puerto Rico. Así que le estamos pidiendo al gobierno federal que también haga una extensión de ese programa”, indicó.

Otro de los argumentos que el gobierno llevará al Congreso será la reducción en las métricas de fraude de Medicaid.

González Colón afirmó que Puerto Rico registró una tasa de 2.51 por ciento en 2024 y que actualmente se encuentra por debajo de uno por ciento.

“Hoy podemos decir que este número está en menos de 1 por ciento en Puerto Rico, por las medidas que se han implementado”, sostuvo.

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Posteriormente, al ser cuestionada sobre si otras controversias gubernamentales podrían afectar las gestiones de Medicaid, la gobernadora rechazó vincular ambos asuntos.

“Esto no tiene absolutamente nada que ver. Esto es como hablar de una lasaña y una piragua”, respondió.

“En el 2024 estaba en 2.50 por ciento de fraude en el caso de Puerto Rico, ya está en menos de un 1 por ciento de fraude en Puerto Rico versus la media general a nivel de toda la nación, que es 5.6 por ciento”, añadió.

Hernández Rivera coincidió en que los datos sobre fraude y el establecimiento de una sola base estadística fortalecen la posición de Puerto Rico ante el Congreso.

“Para mí es muy útil tener esta data de que en CMS, en el Plan Vital, no hay ninguna sombra de posible fraude o corrupción”, dijo el comisionado residente.

“Si a mí alguien me trae el tema de otras controversias que ha habido en el gobierno, que yo mismo he denunciado y he fiscalizado, yo podré decir: muy bien, eso es una controversia en esa agencia, en ese departamento. Pero en lo que concierne la salud de los puertorriqueños y el Plan Vital de los puertorriqueños, esta es la data”, añadió.

Tanto González Colón como Hernández Rivera reconocieron que el Gobierno de Puerto Rico no tiene capacidad fiscal para sustituir con recursos estatales los fondos federales si estos se redujeran sustancialmente.

“El gobierno de Puerto Rico no tiene los recursos para manejar el plan de salud del gobierno. No hay manera de que se pueda atender con los recursos estatales la cubierta de salud de 1.2, 1.3 millones de participantes”, afirmó la gobernadora.

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Hernández Rivera sostuvo, no obstante, que el escenario mínimo con el que trabajan es la continuación de las condiciones actuales.

“En el peor de los casos que estamos visualizando, es que el Congreso extienda lo que hay hoy. Ese es el peor escenario que estamos visualizando. Y eso al Congreso no le cuesta un centavo más”, dijo.

El comisionado residente identificó como otro factor pendiente la composición que tendrá el Congreso después de las elecciones de medio término y el vehículo legislativo que se utilizará para aprobar los fondos.

“El tercer escollo, si se le puede llamar así, es saber cuál va a ser la composición del Congreso y cuál va a ser el vehículo legislativo en el que vamos a insertar estos cambios”, expresó.

González Colón dijo que las asignaciones podrían tramitarse mediante una resolución continua, legislación de asignaciones u otra medida y anticipó que las gestiones aumentarán durante enero y febrero.

“Ya estamos listos y estamos visitando Cámara y Senado porque esto es una medida que va a ambos cuerpos legislativos”, sostuvo.

“En enero, febrero este grupo vuelve otra vez a la carga, vamos a seguir visitando ahora, pero volvemos a la carga más duro en enero, febrero”, añadió.

La gobernadora también descartó contratar nuevos cabilderos específicamente para esta gestión.

“No hay mejor cabildeo que el del comisionado y el mío como gobernadora, como funcionario público”, afirmó.

“Nosotros no vamos a reclutar nadie nuevo para hacer esto, que no sean los funcionarios y las personas, los consultores que ya tengamos”, agregó.

Hernández Rivera explicó que la intención de presentar una “sola voz” no implica que las organizaciones que forman parte del grupo tengan que utilizar los mismos consultores.

“Simplemente vamos a llevar estos mismos datos y vamos a hacer los mismos cinco o seis reclamos y lo vamos a repetir y lo vamos a repetir y lo vamos a repetir, y así vamos a aumentar nuestra efectividad”, dijo.

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González Colón sostuvo que en sus reuniones recientes encontró receptividad entre congresistas de ambos partidos y mencionó al presidente del Comité de Energía y Comercio de la Cámara federal, Brett Guthrie, así como a otros legisladores republicanos y demócratas que han participado anteriormente en negociaciones sobre los fondos de salud para Puerto Rico.

Hernández Rivera recordó además que el líder de la minoría demócrata en la Cámara federal, Hakeem Jeffries, expresó durante una visita en mayo su compromiso de atender el asunto si su partido obtiene la mayoría en el próximo Congreso.

“Nosotros continuaremos trabajando para llevar a Washington un solo mensaje, con una sola voz y con un solo propósito: salvar y mejorar el Plan Vital del cual dependen tantos puertorriqueños”, sostuvo el comisionado residente.