Centro Unido de Detallistas propone eliminar de forma progresiva la “crudita”

Asimismo, propuso un calendario para encaminar su eliminación progresiva.

Como parte de la discusión de la Resolución del Senado 461 —para realizar una investigación exhaustiva sobre la “crudita” y su impacto económico sobre los consumidores— Taveras Sepúlveda compareció ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico para exponer la posición del sector comercial sobre el impacto que tiene este arbitrio a través de las cadenas de suministro y costos de operación de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

“Para nuestras PyMEs, el impacto de la ‘crudita’ va mucho más allá de lo que se paga al llenar un tanque de gasolina. Está presente en el transporte de mercancía, las entregas, la distribución, los suplidores y, en general, en toda la cadena que permite que un producto llegue hasta el consumidor”, expuso Taveras Sepúlveda.

“Cada costo adicional en esa cadena representa una presión más para un pequeño y mediano comerciante que ya enfrenta múltiples retos para operar y mantenerse competitivo”, añadió.

El titular del CUD sostuvo ante el Senado que el análisis de este arbitrio debe considerar su efecto acumulativo sobre la actividad comercial y el costo de vida.

Esta realidad adquiere particular importancia en una economía insular como la de Puerto Rico, donde una parte significativa de los productos debe transportarse desde el exterior y posteriormente distribuirse alrededor de la Isla.

“Cuando aumenta el costo asociado al petróleo, también aumenta la presión sobre los costos de transportar, distribuir y operar, que eventualmente puede alcanzar al consumidor”, señaló el presidente de CUD.

“No estamos planteando una solución que ignore la realidad fiscal del Gobierno. Lo que proponemos es comenzar a reducir esta carga de manera responsable, establecer métricas y medir los resultados. Si podemos reducir un costo estructural que afecta al comerciante y al consumidor, debemos identificar cómo hacerlo sin crear otro problema fiscal en el proceso”, añadió.

Como parte de su ponencia, el CUD presentó cinco componentes para atender el arbitrio: una reducción inicial significativa; un calendario para su eliminación progresiva; mecanismos periódicos de revisión; transparencia en la medición de sus efectos; y la identificación responsable de alternativas para sustituir los recaudos sin trasladar nuevamente la carga a los pequeños comerciantes y consumidores.

La organización, además, propuso considerar un modelo por fases que permita realizar una primera reducción, evaluar sus resultados durante un periodo de seis a 12 meses y proceder con reducciones adicionales si se cumplen determinados parámetros fiscales.

El modelo permitiría medir el comportamiento del precio del combustible, cuánto del ahorro contributivo llega efectivamente al consumidor, los cambios en el consumo, el impacto sobre la actividad comercial y el efecto neto sobre los recaudos públicos.

El CUD reconoció que una reducción o eliminación de la “crudita” no significa necesariamente que la totalidad del arbitrio se reflejará automáticamente en una disminución equivalente en el precio de la gasolina.

El precio final, según explicó, está influenciado también por factores como el costo internacional del petróleo, refinación, transporte marítimo, almacenamiento, distribución y las condiciones del mercado.

“El pequeño y mediano comerciante no está pidiendo un privilegio. Estamos hablando de reducir un costo que atraviesa prácticamente toda su operación y que incide en su capacidad de competir, invertir y crear empleos. Puerto Rico no controla el precio internacional del petróleo, pero sí podemos evaluar aquellas cargas locales que inciden sobre el costo de hacer negocios en la Isla”, sostuvo Taveras Sepúlveda.