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title: "Radican 80 cargos criminales contra administradores de hogar en Cidra por maltrato, fraude y homicidio negligente"
description: "Una jueza encontró causa por todos los cargos, impuso una fianza de $20,000 a cada imputado y ordenó supervisión electrónica"
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section: "Noticias"
subsection: "Locales"
author: "Metro Puerto Rico"
published: "2026-09-22T17:18:56.472Z"
updated: "2026-09-22T17:31:35.307Z"
tags: ["Puerto Rico", "Crimen", "insta", "destacado"]
publisher: "Metro Puerto Rico"
language: "es"
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# Radican 80 cargos criminales contra administradores de hogar en Cidra por maltrato, fraude y homicidio negligente

_Una jueza encontró causa por todos los cargos, impuso una fianza de $20,000 a cada imputado y ordenó supervisión electrónica_

Por Metro Puerto Rico · Noticias / Locales · 2026-09-22T17:18:56.472Z

El **Departamento de Justicia** informó este martes que presentó **80 cargos criminales** contra los administradores del centro de cuidado prolongado “**Mi nuevo hogar**”, en Cidra, por maltrato y negligencia contra pacientes geriátricos y psiquiátricos bajo su tutela.

La secretaria de la agencia, **Lourdes L. Gómez Torres**,confirmó que entre los cargos figura el de **homicidio negligente** por la muerte de una paciente.

Según la investigación, para el 14 de octubre de 2021, **Vladimir Rosa Solá** fungía como administrador y director de la facilidad, mientras **Giselle Alvarado Pérez** se desempeñaba como coordinadora de servicios.

La pesquisa reveló que, aunque los pacientes contaban con un plan de salud, **fueron discriminados en la prestación de servicios** y**quedaron desprovistos de la atención necesaria para sus diagnósticos** y del desarrollo de un plan de tratamiento individualizado.

De acuerdo con Justicia, como parte de los hechos, Rosa Solá y Alvarado Pérez **se apropiaron de las identidades de médicos** y las utilizaron para dar legitimidad al proceso de licenciamiento del hogar ante la **Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción**(ASSMCA). La facilidad fue posteriormente cerrada por dicha entidad.

**La investigación reveló, además, actos de abuso y negligencia contra los pacientes que se encontraban en la facilidad**. Una de las pacientes fue ingresada a una institución hospitalaria en un estado delicado de salud y con evidente deterioro físico. A pesar de las intervenciones médicas y los cuidados recibidos durante su hospitalización, su condición continuó deteriorándose hasta provocar su muerte.

“**Las personas que reciben servicios de salud mental merecen atención adecuada, protección y un trato digno**. Quienes asumen su cuidado tienen la responsabilidad de procurar que reciban los servicios que necesitan para atender sus condiciones. Este caso refleja las graves consecuencias que puede tener incumplir con ese deber. Desde el Departamento de Justicia actuaremos con firmeza ante conductas que pongan en riesgo la salud, la seguridad y la vida de pacientes que dependen de otros para recibir su cuidado”, expresó Gómez Torres.

De la misma forma, Gómez Torres precisó que la investigación concluyó, además, que **la facilidad defraudó contratos**y programas del Gobierno de Puerto Rico al recibir fondos del **Departamento de la Familia** (DF) por servicios esenciales de salud que no fueron ofrecidos a los participantes ubicados en la facilidad.

La fiscal Brenda Rosado Aponte, de la Unidad de Control de Fraude al Medicaid, presentó 40 cargos contra cada imputado, para un total de 80 cargos criminales.

**Rosa Solá** y**Alvarado Pérez** enfrentan cuatro cargos por negligencia en el cuidado, cinco por maltrato a personas de edad avanzada, cuatro por apropiación ilegal, cinco por apropiación ilegal de identidad, 16 por posesión y traspaso de documentos, cinco por discrimen en los servicios de salud mental y uno por homicidio negligente.

Los cargos corresponden, respectivamente, a violaciones de los artículos 127, 127-A, 182, 209 y 217 del Código Penal de Puerto Rico; al Artículo 15.08 de la Ley Núm. 408 de Salud Mental; y al Artículo 96 del Código Penal.

**El Ministerio Público también solicitó una restitución total de $33,595.48.**

La jueza María Hernández Calzada, del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, encontró causa por todos los cargos presentados por la Fiscalía y les impuso una fianza de $20,000 a cada uno.

**Los imputados permanecerán bajo supervisión electrónica.**

La vista preliminar fue señalada para el próximo 30 de septiembre.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Brenda Rosado Aponte y la agente Tania Mora Pagán, de la**Unidad de Control de Fraude al Medicaid**.

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