PFEI descarta acción criminal contra Jessika Padilla Rivera, pero refiere aspectos éticos a otras agencias
El Panel refirió el caso a Ética Gubernamental, Hacienda, OGP y otras agencias
El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) determinó no tomar acción criminal contra la expresidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessika Padilla Rivera, por la otorgación de bonos a empleados exentos de la dependencia.
Las fiscales especiales independientes (FEI) que trabajaron este caso y que concluyeron que la prueba recopilada no resulta en algún acto ilegal fueron Leticia Pabón Ortiz e Ileana Agudo Calderón.
Sin embargo, el Panel, compuesto por las ex juezas Leila Rolón Henrique y Olga E. Birriel Cardona, reconoció que la determinación de no proceder criminalmente no adjudica ni dispone de posibles responsabilidades de naturaleza ética o administrativa.
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“En consecuencia, se dispuso el archivo de la vertiente criminal de la investigación, dando por concluida la encomienda conferida a las funcionarias, pero refiriendo el asunto a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), a la Presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y al Departamento de Hacienda, para la evaluación ulterior que corresponda, según determinado por las fiscales especiales”, lee parte del comunicado del PFEI donde hicieron pública la decisión.
Este referido surge ya que el PFEI entiende que se debe investigar el hecho de que Padilla Rivera “participara en un proceso que culminó con un beneficio económico para ella”.
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El caso contra la expresidenta alterna de la CEE se originó a raíz del pago de un bono de $174,105.20 que ella misma autorizó el 15 de abril de 2025 para 65 empleados exentos de la agencia —incluida ella, quien recibió $9,304.20—, sin la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que exige la Ley 26-2017. El 29 de abril de 2025, el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges, solicitó formalmente al entonces presidente de la CEE, Jorge Rivera Rueda, que se investigara la otorgación de esos bonos, mientras la Oficina del Inspector General, la OEG y la Oficina del Contralor comenzaban, por separado, a examinar el asunto. Un mes después, el 29 de mayo de 2025, el director de la OGP, Orlando Rivera Berríos, presentó ante el Departamento de Justicia el referido que dio paso a la pesquisa preliminar por un posible mal uso de fondos públicos. Tras esa investigación, Justicia concluyó que existía causa suficiente para creer que Padilla Rivera pudo incurrir en apropiación ilegal de fondos públicos por lo que recomendó el nombramiento de un FEI.
Se expresa abogado de Jessika Padilla
Por otro lado, el abogado de Padilla, Yuseph Lamboy López, reaccionó a la determinación del PFEI, asegurando que su “clienta no cometió los delitos que le fueron imputados”.
“Todo este proceso fue una patraña política mediante la cual se pretendió criminalizar una controversia de naturaleza administrativa y mancillar injustamente la reputación de una mujer que ha dedicado su vida al servicio público. Se intentó convertir en delito lo que el propio Panel reconoció que no podía sostenerse mediante la prueba y el derecho aplicable”, agregó.
Además, Lamboy indicó que la expresidenta alterna enfrentó el proceso con prudencia, dignidad y respeto hacia las instituciones, “incluso cuando su nombre y su reputación fueron sometidos al juicio público”.
