Salud dice que no: pone reparos a que los “nurse practitioners” amplíen su facultad de recetar

Durante una vista pública de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, Ramos expresó apoyo al proyecto condicionado a una serie de cambios que, según planteó, son necesarios para garantizar una implementación “clara, segura y compatible con el ordenamiento sanitario y de seguros”.

Uno de los principales señalamientos del secretario fue la posibilidad de que algunas disposiciones de la medida entren en conflicto con legislación y reglamentación federal.

Ramos mencionó específicamente los programas Medicare Advantage y sostuvo que existen áreas en las que el gobierno federal establece las reglas aplicables, por lo que recomendó introducir cambios dirigidos a reducir el riesgo de una eventual impugnación judicial.

El titular de Salud también propuso establecer una definición uniforme del “nurse practitioner” mediante referencia expresa a la ley que regula la profesión.

Según explicó, el reconocimiento para ordenar medicamentos debería extenderse únicamente a aquellas especialidades de práctica avanzada autorizadas expresamente por ley y ejercerse dentro del área de especialidad del profesional y bajo los correspondientes protocolos o acuerdos colaborativos.

Ramos solicitó, además, que esos acuerdos establezcan expresamente el derecho del paciente a pedir una evaluación directa por un médico y que se determine un mecanismo para obtenerla oportunamente.

Otra de las preocupaciones de Salud está relacionada con los recursos necesarios para implantar la medida.

Según explicó el funcionario, la Junta Examinadora de Enfermería tendría que recibir, evaluar, aprobar, registrar y fiscalizar los acuerdos colaborativos, mientras que el DS tendría que revisar reglamentos y procedimientos relacionados con recetas electrónicas, querellas y coordinación con otras juntas.

Ante ese escenario, Ramos pidió que se identifiquen recursos económicos para contratar personal, ofrecer capacitación y realizar ajustes tecnológicos que actualmente no están cuantificados en el proyecto.

Asimismo, recomendó solicitar las posturas de la Administración de Seguros de Salud (ASES), la Oficina del Comisionado de Seguros, la Junta Examinadora de Enfermería, la Junta de Farmacia y la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica sobre asuntos relacionados con credencialización, responsabilidad profesional, fiscalización y reglamentación.

El Proyecto del Senado 757 busca enmendar la Ley de Farmacia de Puerto Rico para incluir a los profesionales de enfermería avanzada entre las personas reconocidas como prescribientes autorizados, conforme a las facultades establecidas en la legislación que regula esa profesión.

Bajo el marco vigente, los NP pueden prescribir medicamentos para el tratamiento de condiciones clínicas diagnosticadas mediante un acuerdo con un médico debidamente licenciado en el escenario hospitalario, con excepción de medicamentos incluidos en las categorías I y II de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico.

Actualmente, la Ley de Farmacia reconoce como prescribientes a médicos, odontólogos, dentistas, podiatras y veterinarios.

Enfermería defiende el proyecto

La presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería de Puerto Rico (CPEPR), Marisel Delgado, favoreció la propuesta y sostuvo que permitiría ampliar el acceso de los pacientes a tratamientos de salud, particularmente en áreas con escasez de profesionales.

Delgado argumentó que existe actualmente un desfase entre las facultades que poseen los enfermeros de práctica avanzada y lo dispuesto en la Ley de Farmacia para aceptar y despachar medicamentos incluidos en una receta emitida por un NP.

Según explicó, el proyecto no pretende cambiar el requisito de colaboración con un médico, sino viabilizar el uso de las recetas emitidas por estos profesionales dentro de las facultades que ya les reconoce la ley.

“Lo que la medida busca es viabilizar el uso de esa receta en beneficio del paciente”, sostuvo Delgado.

La presidenta del Colegio añadió que en jurisdicciones de Estados Unidos donde existen disposiciones similares se ha reportado una mayor eficiencia y acceso a servicios, así como una reducción en la saturación de salas de emergencia y clínicas.

La Asociación de Hospitales también respaldó el proyecto.

Eduardo Fantauzzi sostuvo que la propuesta ayudaría a resolver el “desfase normativo” entre la legislación que regula la enfermería avanzada y las leyes relacionadas con la prescripción y despacho de medicamentos.

“Para los hospitales es particularmente importante contar con esta figura en las salas de emergencias para atender urgencias, de manera que los médicos puedan concentrarse en manejar las verdaderas emergencias”, expresó.

Fantauzzi indicó que estos profesionales también ofrecen apoyo en salas de operaciones bajo supervisión médica, pero planteó que esa función se limita cuando no cuentan con la autoridad necesaria para emitir determinadas órdenes de medicamentos al momento del alta.

Por su parte, Carmen López Rodríguez, directora del programa doctoral de “nurse practitioner” de la Escuela de Medicina San Juan Bautista, argumentó que el proyecto podría aumentar el acceso de los pacientes a servicios de salud.

A preguntas del presidente de la Comisión, Gabriel Rodríguez Aguiló, sobre quién respondería ante un caso de negligencia profesional, López Rodríguez indicó que, en primera instancia, sería responsabilidad tanto del profesional de enfermería como del médico vinculado mediante el acuerdo colaborativo.

Cámara mantendrá el proyecto bajo la lupa

Rodríguez Aguiló adelantó que las vistas públicas continuarán debido a las dudas que todavía existen sobre el alcance de la medida.

El legislador destacó particularmente la advertencia de Ramos de que, si las enmiendas presentadas por Salud no son acogidas, la agencia no recomendará la aprobación del proyecto.

“Eso para nosotros es muy importante”, expresó Rodríguez Aguiló al plantear que la Cámara debe evitar crear expectativas sobre una legislación que eventualmente pueda enfrentar objeciones posteriores.

Otro de los asuntos que levantó preocupación fue la falta de uniformidad que podrían generar los acuerdos colaborativos entre médicos y NP.

Según Rodríguez Aguiló, el proyecto permite que las facultades de cada profesional dependan de lo establecido en el contrato con un médico, lo que podría provocar diferencias entre múltiples acuerdos alrededor de Puerto Rico.

También cuestionó la posibilidad de que un NP mantenga una oficina separada de la del médico con quien mantiene el acuerdo colaborativo y atienda pacientes referidos sin la supervisión directa de este.

“Este punto tenemos que aclararlo”, expresó.

El representante también indicó que quedan interrogantes sobre qué tipo de artefactos o dispositivos podrían ser prescritos por estos profesionales bajo la medida.

La Comisión citará próximamente a la Junta Examinadora de Enfermería para obtener información adicional sobre las reválidas aplicables a los NP, quién las prepara, estadísticas de aprobación y datos relacionados con casos de impericia profesional.

“Esta es la primera vista y vamos a estar trabajando de forma extensa este proyecto”, sostuvo Rodríguez Aguiló.

Durante la audiencia también participaron los representantes José “Cheito” Hernández Concepción, Wanda Valle Correa, Héctor Ferrer Santiago y Pedro “Pellé” Santiago Guzmán.