Educación y Salud concentran más de $108 millones en deudas pendientes del Gobierno

El desglose surge de una carta de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), fechada el 28 de agosto, en la que autorizó al Gobierno una extensión hasta el 31 de octubre de 2026 para completar el procesamiento y pago de $362.1 millones en obligaciones que habían sido comprometidas y cuya responsabilidad se había incurrido al cierre del pasado año fiscal.

La autorización respondió a una solicitud presentada por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), que planteó la necesidad de tiempo adicional debido a la implantación de ÍntegraPR, el nuevo sistema de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés) del Gobierno.

Según recoge la Junta, el Gobierno atribuyó su solicitud a los esfuerzos operacionales y técnicos que ha requerido la transición al nuevo sistema, incluyendo la validación y el procesamiento de las obligaciones del año fiscal 2026.

La comunicación no establece que la totalidad de los $362.1 millones se deba a fallas de ÍntegraPR ni que corresponda exclusivamente a deuda con suplidores. Se trata de obligaciones elegibles contra apropiaciones del año fiscal 2026 que estaban comprometidas y para las cuales se había incurrido una responsabilidad al 30 de junio.

Educación encabeza el desglose por agencia

De los $362.1 millones cubiertos por la extensión, la Junta identificó $135.4 millones que proceden de sistemas financieros distintos a PRIFAS. Para este grupo, el documento ofrece un desglose por agencia.

Educación encabeza la lista con $62.37 millones, de los cuales prácticamente la totalidad —$62.36 millones— corresponde al Fondo General.

Le sigue Salud con $45.75 millones, distribuidos entre $23.11 millones del Fondo General y $22.64 millones de Fondos de Ingresos Especiales.

En conjunto, ambas agencias acumulan $108.12 millones, cerca del 80 % de los $135.4 millones identificados en este grupo.

Hacienda ocupa la tercera posición con $14.02 millones, mientras que la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) registra $10.08 millones.

Las cuatro agencias concentran alrededor de $132.2 millones, o cerca del 98 % del total correspondiente a las obligaciones procedentes de sistemas distintos a PRIFAS.

El resto se distribuye entre Recursos Naturales y Ambientales, con $1.30 millones; Seguridad Pública, con $1.22 millones; Trabajo y Recursos Humanos, con $550,429; Transportación y Obras Públicas, con $51,901; la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos, con $30,000; y Recreación y Deportes, con $23,135.

Estas cantidades no representan necesariamente la totalidad de las obligaciones pendientes de cada agencia, pues el desglose institucional presentado por la Junta corresponde únicamente a las cuentas provenientes de sistemas distintos a PRIFAS.

Junta reclama detalles sobre $135 millones

La información suministrada por el Gobierno sobre esos $135.4 millones también provocó requerimientos adicionales de la Junta.

En el caso de las obligaciones procedentes de PRIFAS, el Gobierno proporcionó información detallada de las cuentas que permitió conocer los conceptos de gasto. Sin embargo, para aquellas migradas desde otros sistemas, la reconciliación entregada no incluyó suficiente información sobre las cuentas y los conceptos de gasto subyacentes.

La Junta indicó que esa limitación restringió su análisis y que no había podido identificar los conceptos de gasto asociados a esas obligaciones. Los $135.4 millones se dividen entre $104.9 millones del Fondo General y $30.5 millones de Fondos de Ingresos Especiales.

Los restantes $226.7 millones cubiertos por la extensión proceden de PRIFAS. En este caso, la Junta presentó las cantidades por concepto de gasto, aunque no por agencia.

El mayor renglón corresponde a gastos de capital, con $88.6 millones, seguido por servicios comprados, con $46.7 millones; servicios profesionales, con $29.1 millones; donativos, subsidios y distribuciones, con $12.9 millones; facilidades y alquileres, con $9.1 millones; y otros gastos operacionales, con $9.1 millones.

También figuran materiales y suministros, con $6.85 millones; compra de equipos, con $6.85 millones; publicidad, con $1.66 millones; incentivos y subsidios de bienestar social, con $1.18 millones; y nómina y costos relacionados, entre otros conceptos.

Una transición con dificultades

La extensión ocurre en momentos en que el Gobierno ha reconocido retos durante la implantación de ÍntegraPR, particularmente en el adiestramiento del personal, la validación de facturas y el registro de suplidores.

Al 10 de agosto, OGP informó que 4,831 de unos 8,000 empleados que interactúan con el sistema en su primera fase habían sido adiestrados, equivalente a cerca del 60 %.

Asimismo, de unos 29,000 suplidores cuya información había sido transferida de los antiguos sistemas financieros, solo 8,500, o 29.3 %, habían validado y activado sus cuentas en la nueva plataforma.

Para entonces, el Gobierno reportaba más de $600 millones desembolsados correspondientes a 8,192 facturas válidas, de alrededor de 13,000 facturas registradas. Otras permanecían en proceso de validación por parte de las agencias.

Esos problemas ofrecen contexto a la solicitud de tiempo adicional, aunque la carta de la Junta no atribuye individualmente las obligaciones pendientes a esas dificultades operacionales.

Condiciones para extender los pagos

La Junta calificó la autorización hasta octubre como una excepción por una sola vez y acompañó la extensión con varios requerimientos.

No más tarde del 15 de septiembre, el Gobierno deberá entregar información detallada sobre las órdenes de compra procedentes de agencias que utilizaban sistemas distintos a PRIFAS. Los datos deberán incluir la cantidad migrada, cantidad liquidada, balance, cuenta, concepto de gasto y fondo.

También tendrá que reconciliar las órdenes de compra previamente identificadas con los registros convertidos a ÍntegraPR y señalar cualquier obligación incluida en la autorización para la cual no exista un registro correspondiente en el nuevo sistema.

Además, el Gobierno deberá establecer un control dentro de ÍntegraPR que impida continuar procesando las obligaciones cubiertas por la extensión después del 31 de octubre y certificar a la Junta antes del 30 de septiembre que ese mecanismo fue configurado.

Las órdenes de compra que permanezcan pendientes al vencer la extensión deberán ponerse en espera, mientras que su cancelación y la reversión de los balances deberán completarse no más tarde del 30 de noviembre.