--- title: "¿Cucubanos protegidos, pero menos vivienda para los puertorriqueños? Constructores y comerciantes cuestionan nueva medida" description: "La Asociación de Constructores de Puerto Rico cuestionó la necesidad de añadir otra regulación al desarrollo, mientras la Cámara de Comercio advirtió que nuevos requisitos pueden encarecer proyectos, reducir la inversión y dificultar aún más el acceso a vivienda." canonical: "https://www.metro.pr/noticias/2026/08/28/cucubanos-protegidos-pero-menos-vivienda-para-los-puertorriquenos-constructores-y-comerciantes-cuestionan-nueva-medida" section: "Noticias" subsection: "Locales" author: "Santiago Omar Escobar Colón" author_url: "https://www.metro.pr/autor/santiago-omar-escobar-colon" published: "2026-08-28T07:00:00.000Z" updated: "2026-08-28T11:53:23.832Z" tags: ["insta", "destacado"] publisher: "Metro Puerto Rico" language: "es" --- # ¿Cucubanos protegidos, pero menos vivienda para los puertorriqueños? Constructores y comerciantes cuestionan nueva medida _La Asociación de Constructores de Puerto Rico cuestionó la necesidad de añadir otra regulación al desarrollo, mientras la Cámara de Comercio advirtió que nuevos requisitos pueden encarecer proyectos, reducir la inversión y dificultar aún más el acceso a vivienda._ Por Santiago Omar Escobar Colón · Noticias / Locales · 2026-08-28T07:00:00.000Z Una medida legislativa que busca ampliar las protecciones para cucubanos, luciérnagas y otros insectos bioluminiscentes levantó preocupación entre representantes de los sectores de construcción y comercio, quienes cuestionaron el impacto que nuevos requisitos podrían tener sobre el desarrollo, la inversión y la vivienda en Puerto Rico. El**Proyecto de la Cámara 1405**, presentado el 21 de agosto por el representante López Román y referido a la Comisión de Recursos Naturales, propone crear la “Ley para la Conservación de Luciérnagas, Cucubanos y Hábitats Entomológicos Prioritarios de Puerto Rico”. La legislación permitiría, entre otras cosas, que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) designe **Áreas de Conservación Entomológica Prioritaria (ACEP)** en terrenos públicos o privados y establezca requisitos especiales para actividades que puedan impactar significativamente esos hábitats. Ante la propuesta, la presidenta de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, Pinsy Rivera Ortiz sostuvo a **Metro Puerto Rico** que, aunque la organización respeta las iniciativas que se presentan en la Asamblea Legislativa, se les hace difícil identificar la necesidad de añadir esta nueva legislación. “De parte de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, nosotros respetamos las iniciativas legislativas. No obstante, tenemos que recordar que en Puerto Rico todas las profesiones están sobrerreglamentadas. **En este caso, se nos hace difícil entender la necesidad de esta medida**”, expresó Rivera Ortiz a **Metro Puerto Rico**. La reacción de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) fue todavía más crítica. Su presidente, el licenciado José “Che” Julio Aparicio, planteó que Puerto Rico debería encaminarse hacia reducir obstáculos al desarrollo en lugar de continuar añadiendo requisitos. “Puerto Rico no necesita otra ley que encarezca y complique el desarrollo formal, necesitamos menos burocracia, mayor certeza y más facilidad para invertir”, expresó Aparicio en declaraciones a **Metro Puerto Rico**. **Lea también:**[Proyecto en la Cámara busca proteger los cucubanos: podría añadir requisitos a ciertos desarrollos](https://www.metro.pr/noticias/2026/08/26/proyecto-en-la-camara-busca-proteger-los-cucubanos-podria-anadir-requisitos-a-ciertos-desarrollos/) Según el presidente de la CCPR, cada requisito adicional puede traducirse en más tiempo, costos y riesgos para los proyectos, lo que eventualmente podría tener consecuencias sobre la cantidad de inversión y construcción disponible en la isla. “Cada requisito adicional aumenta tiempo, costo y riesgo, y termina reduciendo la inversión y la construcción segura, digna y asequible para vivienda y nuestras necesidades”, sostuvo. ## Advierten impacto sobre la vivienda Para Aparicio, el asunto trasciende los costos directos de un proyecto. El empresario planteó que hacer más complejo el desarrollo formal podría terminar incentivando precisamente aquello que la reglamentación busca evitar: actividad y construcción fuera de los procesos establecidos. “El resultado es perverso, mientras más difícil hacemos desarrollar responsablemente dentro de la ley, más incentivamos la vivienda y la economía informal, elevamos los precios y hacemos más difícil que las familias puedan construir un futuro en Puerto Rico”, indicó. El presidente de la Cámara de Comercio reconoció que la conservación ambiental debe formar parte de la política pública, pero cuestionó que se legisle sin evaluar, a su juicio, las repercusiones económicas y sociales de las nuevas exigencias. “Proteger nuestros recursos naturales es importante, pero la conservación no puede legislarse ignorando sus consecuencias económicas y sociales”, señaló. Aparicio colocó el debate, además, dentro del panorama de pérdida poblacional, necesidad de vivienda e inversión en Puerto Rico. “Puerto Rico lleva décadas perdiendo población y necesita desesperadamente inversión, actividad económica y vivienda. Continuar añadiendo obstáculos al desarrollo formal bajo objetivos individualmente loables nos puede llevar a una conclusión absurda”, expresó. Entonces lanzó su crítica más contundente contra la propuesta. **“Los cucubanos se quedarán protegidos en Puerto Rico, mientras cada vez más puertorriqueños terminan buscando vivienda, empleo y oportunidades en Florida y Texas”**, manifestó. ## ¿Qué cambiaría para los desarrolladores? El proyecto no establece una prohibición general de construcción en terrenos donde existan cucubanos o luciérnagas. Sin embargo, cualquier actividad sujeta a permisos gubernamentales que se proponga dentro de una ACEP y cumpla con los criterios de “impacto entomológico significativo” tendría que obtener una **Determinación de Compatibilidad Entomológica** del DRNA antes de recibir su autorización final. Durante esa evaluación, el DRNA podría considerar la naturaleza del impacto, las especies afectadas, alternativas de localización o diseño, medidas de mitigación, iluminación, manejo de vegetación, pesticidas y drenaje, entre otros factores. La agencia tendría 60 días para atender una solicitud completa y podría extender ese periodo una sola vez por hasta 30 días cuando la complejidad científica del caso lo requiera. Si aún no actuara, la agencia encargada de los permisos podría requerirle una determinación en 15 días adicionales y posteriormente resolver el asunto utilizando los criterios reglamentarios y el expediente disponible. La medida, no obstante, contiene salvaguardas dirigidas a evitar que la designación de una ACEP paralice automáticamente un proyecto. El texto establece que ubicar una propiedad dentro de una de estas áreas **no prohibiría por sí solo su uso, mantenimiento, agricultura, reparación, reconstrucción o desarrollo**. Tampoco transferiría la titularidad del terreno ni permitiría el acceso público a propiedad privada. Del mismo modo, ningún permiso podría ser denegado exclusivamente por encontrarse dentro de una ACEP sin que existan hallazgos específicos que expliquen por qué el impacto no puede hacerse compatible mediante condiciones razonables. La propia exposición de motivos recalca que la legislación **no pretende establecer una moratoria general de construcción ni crear un sistema paralelo de permisos**. ## Luces, pesticidas y multas de hasta $25,000 La propuesta también va más allá del proceso de permisos. El DRNA podría establecer estándares especiales de iluminación dentro de las áreas de conservación cuando determine que la luz artificial representa un riesgo significativo para las especies protegidas. Las normas podrían abarcar orientación de luminarias, intensidad, horarios, sensores, atenuadores y otras características de la iluminación. El Departamento de Agricultura, en coordinación con el DRNA, tendría además que establecer criterios para identificar pesticidas, usos o métodos de aplicación que representen un riesgo entomológico elevado dentro de esas zonas. La legislación contempla multas administrativas de entre **$500 y $5,000** para determinadas infracciones no intencionales y subsanables. Para violaciones intencionales, reiteradas o que produzcan daño ecológico significativo, la penalidad podría fluctuar entre **$5,000 y $25,000**. **Por el momento, ninguno de estos requisitos está vigente.** El **P. de la C. 1405**continúa siendo una propuesta legislativa y tendría que completar el trámite correspondiente en la Cámara y el Senado antes de llegar a la consideración de la gobernadora. --- Contenido de Metro Puerto Rico. Versión canónica en HTML: https://www.metro.pr/noticias/2026/08/28/cucubanos-protegidos-pero-menos-vivienda-para-los-puertorriquenos-constructores-y-comerciantes-cuestionan-nueva-medida — al citar o enlazar, usar esa URL.