Merma en matrícula amenaza oferta académica en la UPR
Menos estudiantes y los recortes presupuestarios obligan a reducir cursos, congelar programas y limitar la contratación docente
A pesar de que la matrícula de nuevo ingreso en la Universidad de Puerto Rico (UPR) registró un aumento aproximado de 2.7 %, la merma en la cantidad de estudiantes comienza a reflejarse en la oferta académica y en la distribución de la carga docente, un escenario que también pone en evidencia el impacto de los recortes millonarios al presupuesto del sistema.
Actualmente, la UPR cuenta con un presupuesto consolidado de $1,255 millones, una reducción de aproximadamente $71 millones respecto al presupuesto asignado el pasado año fiscal.
Mientras, el Fondo General Neto asignado al Recinto de Río Piedras de la UPR (UPRRP) —el recinto más grande y más antiguo de todo el sistema— asciende a $173.19 millones para el año fiscal 2026-27, lo que representa una reducción de $2.93 millones en comparación con el año fiscal anterior.
Según la senadora estudiantil por la Facultad de Humanidades, Astrid Lugo López, la UPRRP enfrenta un déficit fiscal de $66 millones, aunque señaló que, sin considerar fondos de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el déficit operacional sería de aproximadamente $4 millones. Lugo López indicó también que la situación limita la capacidad de la Universidad para operar adecuadamente.
Recientemente, se volvió a difundir la carta R-2122-66 con fecha del 2022, que establece que “solo se autorizará la creación de secciones adicionales una vez se evidencia que aquellas programadas para los cursos han alcanzado el cupo máximo establecido conforme a la normativa vigente”.
La carta revela que “antes de ofrecer una segunda sección, se tendrá que garantizar que el primer curso tiene el 100 % del cupo máximo, según aprobado por la Vicepresidencia de Asuntos Académicos e Investigación y que la segunda sección tendrá al menos un 50 % del cupo máximo. Los cursos serán programados a base de la demanda pronosticada y no en la capacidad (espacio en programa docente) disponible”.
“El exceso de capacidad docente que se requiera completar, si alguno, se hará con cursos en otras unidades que tenga la necesidad ya sea de forma presencial, remota o híbrida”, añade la carta.
Metro Puerto Rico solicitó una entrevista a la vicepresidenta de Asuntos Académicos e Investigación de la UPR, Ilka Ríos Reyes, pero al cierre de esta edición, no estuvo disponible.
La orden de aplicar la directriz durante el año académico fue “a nivel de presidencia”, aseguró una profesora del Recinto de Arecibo, que prefirió no identificarse por temor a represalias.
“La directriz fue a nivel de presidencia, (y) fue fuerte y nos enteramos dos semanas antes de empezar. [...] Presidencia está en un muy mal momento ante la opinión pública y general, y lo pasan (la carta) directamente a los rectores y luego a los decanos, y así llega a los profesores”, explicó la docente a este medio.
Aunque desconocía de este seriado, el representante claustral ante la Junta de Gobierno de la UPR Rafael Méndez Tejeda indicó que “aplicar eso ahora sería un disparate”.
Aunque parece ser una notificación de hace cuatro años, el 20 de febrero de 2026, el Recinto de Río Piedras, particularmente, publicó una carta circular sobre el desarrollo de la oferta de cursos anual, en la que se hace referencia a esta carta del 2022 firmada por la exrectora Angélica Varela Llavona. En la misiva, se pidió reducir en un 10 % la cantidad de secciones de cursos que ofrecerá durante el año académico 2026-27 “como consecuencia del ajuste en la cantidad de estudiantes activos matriculados”.
El Recinto de Río Piedras inició el semestre con 11,216 estudiantes matriculados, mientras que, en 2025, el recinto tuvo un total de 12,507 estudiantes; lo que representa una baja de 1,291. Mientras, la matrícula de la UPR en Bayamón registró una disminución de 572 estudiantes durante este año académico. Ponce, por su parte, al 18 de agosto contaba con una matrícula de 2,581; solo 15 estudiantes más en comparación a los registrados el pasado año académico.
La administración central de la UPR, por su parte, constató a este medio que, entre 2025 y 2026, la Junta de Gobierno certificó la puesta en moratoria de 25 programas académicos: 11 en el Recinto de Ciencias Médicas, cinco en Río Piedras, cuatro en Humacao, tres en Cayey y dos en Utuado.
Lugo López, quien también es portavoz del Caucus de Senadores Estudiantiles en Río Piedras, confirmó que están en riesgo más programas y expresó preocupación por referencias de la administración a una certificación relacionada con 64 programas académicos que habían estado bajo amenaza de ser recortados. Según esta, aunque dicha certificación fue derogada o puesta en pausa, funcionarios continúan haciendo referencia a la misma.
“A principios del mandato de la presidenta, y a cada rato... ‘Acuérdense que hay unos programas que tienen que estar en moratoria’... y entonces, hacen referencia a esa certificación que está derogada. Hay movimientos bien extraños. No son transparentes. En absoluto”, señaló la senadora estudiantil.
Bajo la presidencia de Luis A. Ferrao Delgado, 64 programas académicos quedaron “en pausa” para acceder a $102 millones reservados en el presupuesto de 2025. Sin embargo, la Junta de Supervisión Fiscal certificó que detener la admisión a bachilleratos de baja matrícula no era un requisito para acceder a los fondos. Más tarde, la moratoria quedó sin efecto.
Contratos docentes: sin plaza fija ni permanencia
La situación de los profesores también fue señalada como motivo de preocupación. Aunque la portavoz del Caucus de Senadores Estudiantiles afirmó que, actualmente, la carga académica y la cantidad de profesores están presuntamente cubiertas, aseguró que han recibido información sobre docentes a quienes se les están ofreciendo contratos de tres meses y medio, en lugar de contratos de diez meses.
“Imagínense la estabilidad de empleo para una persona que no sabe si va a tener o no va a tener empleo el próximo semestre”, expresó.
La representante afirmó, además, que existe una fuga de profesionales y que algunos profesores están impartiendo clases simultáneamente en la UPR y en otras universidades. Añadió que algunos docentes incluso enfrentan retrasos en sus pagos.
“Los profesores nuestros están dando clases en la UPR y en cuatro universidades más. Porque es que no da. Hay profesores que, a veces, en todo un semestre no cobran. Hay profesores que esperan un año para cobrar”, dijo Lugo López.
En Arecibo, por ejemplo, profesores han tenido que recurrir a otras instituciones e impartir clases para completar su carga académica. Este es el caso de una catedrática en el Departamento de Comunicación Tele-Radial, quien se preparaba para ofrecer un curso en Río Piedras. Sin embargo, más tarde fue notificada de que ese curso había cerrado.
Por su parte, la presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), María del Mar Rosa Rodríguez, aseguró que los docentes contratados aún no habían firmado sus contratos al momento del inicio de clases.
“Los primeros días de clases en cada recinto, estos docentes han trabajado sin haber firmado contrato. Esto no solamente es inmoral, sino que también es ilegal. Hacen estas cosas para ‘ahorrar’ dinero y cumplir con los recortes adicionales que se le impusieron a cada recinto. Es inaceptable”, expresó la presidenta de la APPU.
Rosa Rodríguez, quien también es catedrática en el Departamento de Estudios Hispánicos en la UPR de Cayey, aseguró que, a pesar de que las clases comenzaron el 10 de agosto, todavía entre el 12 y 13 de agosto había profesores que no habían firmado sus contratos.
“Nosotros habíamos enviado ya todos los contratos que necesitábamos para cubrir todas las secciones desde mayo, y ellos no quisieron enviar los contratos y los hicieron esperar hasta el último momento. Entonces, ya ha llegado a la desfachatez de que el primer día de clase ninguno de los docentes por contrato tenía el contrato firmado. Estas son malas prácticas por parte de la administración”, señaló la catedrática.
Rosa Rodríguez indicó que esta situación se ha replicado “en todos los recintos de manera sistemática” durante este semestre, y atribuyó la responsabilidad al personal de Recursos Humanos, los decanos académicos y la administración central.
El viernes, la UPR en Arecibo emitió declaraciones escritas en las que aseguró que “ningún profesor o catedrático con nombramiento permanente de nuestros programas académicos ha tenido la necesidad de recurrir a otra unidad del Sistema UPR para completar su carga académica mediante movilidad. Nuestra facultad permanente mantiene su carga académica completa en la UPR en Arecibo”.
“Reconocemos que la movilidad de profesores puede formar parte de las dinámicas del Sistema UPR; sin embargo, en la UPR en Arecibo todos nuestros profesores y catedráticos permanentes cuentan con su carga académica completa para este semestre académico”, lee el comunicado del recinto arecibeño.
Metro realizó múltiples gestiones para obtener una reacción de la administración central de la UPR, pero al cierre de esta edición, no habían estado disponibles.


