Derogan reglamento que regulaba el sistema de escaneo de furgones en los muelles de San Juan
José Aponte agradeció a la gobernadora Jenniffer González por la derogación.
Por Metro Puerto Rico
La gobernadora Jenniffer González derogó el Reglamento Número 8837, una medida que, según el expresidente de la Cámara de Representantes José Aponte, facilita la salida de S2 Services Puerto Rico de las instalaciones públicas donde operaba el sistema de escaneo de furgones.
Aponte agradeció a la gobernadora y al director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR), Norberto Negrón, por la derogación del reglamento, aprobado el 18 de noviembre de 2016.
“Quiero agradecer a la Gobernadora por actuar a favor del Pueblo de Puerto Rico, derogando un Reglamento que está obsoleto. Con este acto, y la firma, en el mes de julio, de la Ley 126-2026, acabamos con todo marco legal de un sistema que no funciona, que le cuesta millones de dólares al consumidor y que ataba a un monopolio”, expresó Aponte.
El exrepresentante había solicitado públicamente en mayo la derogación del reglamento.
En agosto de 2025 la Administración anunció la cancelación del contrato con la compañía S2 Services Puerto Rico, encargada, hasta ese momento, del sistema de escaneo de furgones en los muelles de San Juan.
Como parte del proceso, el Director Ejecutivo de la Autoridad de los Puertos envió una carta a Jonathan Fleming, presidente de S2 Services, requiriendo el cese y desista de sus operaciones dando unos 90 días para ello, Sin embargo, esa compañía no actuó acorde a la notificación.
“Reiteramos nuestro apoyo y asistencia al reclamo de la Autoridad de los Puertos en el pleito que se ha entablado en el Tribunal para forzar que la empresa salga de los predios públicos. La derogación del Reglamento Número 8837, el cual establece en un momento los parámetros y regulaciones para ese programa, es un paso importante para alcanzar ese fin. Con esa derogación, entendemos que no hay otra excusa que pueda usar S2”, añadió.
El programa de escaneo se crea al amparo de la Ley Núm. 12 de 18 de febrero de 2008, mejor conocida como ‘Ley para Establecer la Política Pública en el Área de la Seguridad Portuaria’, así como la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009 (Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico).
El 7 de octubre de 2009 la APPR firmó el contrato número 2010-000078 en registro de la Oficina del Contralor de Puerto Rico con el propósito de inspeccionar la totalidad de los contenedores que entran a los muelles de la bahía de San Juan.
El 15 de mayo de 2019, la Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió el Informe Especial número CP-19-04, donde señala que el contrato para la inspección de furgones contiene ‘cláusulas leoninas’ pues, mediante enmiendas al contrato original, se estipuló pagar a la compañía contratada una tarifa base por el 100 por ciento de los furgones que entran al puerto independientemente de que estos sean inspeccionados o no.
El 25 de agosto la Gobernadora anunció la cancelación de las operaciones del sistema.
