Power Expectations: anticipan retos legales
Abogados auguran que cancelación del acuerdo de casi $6,000 millones no pone fin a la controversia
Por Santiago Escobar
La cancelación del contrato para suplir 400 megavatios de generación temporera en Aguirre cerró una de las etapas del proceso, pero dejó abiertas interrogantes sobre posibles consecuencias legales, la actuación de las entidades que evaluaron el acuerdo y, sobre todo, cómo un contrato valorado en casi $6,000 millones avanzó mientras existían cuestionamientos sobre la participación de una de las compañías que aparecía como integrante del consorcio.
La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) notificó esta semana a Power Expectations, LLC la terminación inmediata del contrato, luego de que la Junta de Supervisión Fiscal revocara su aprobación y ordenara cancelar el acuerdo.
La corporación pública sostuvo, además, que Power Expectations incumplió con el requisito de presentar una garantía de cumplimiento de $1,180 millones dentro del término establecido y de una extensión concedida posteriormente.
Para el abogado Ramón Luis Nieves, la cancelación no necesariamente significa que todas las controversias relacionadas con el contrato hayan terminado.
“Ciertamente, aquí se pueden levantar acciones legales de múltiples partes, por la cancelación de este contrato, y potenciales investigaciones si las autoridades estatales o federales identifican la comisión de delitos en este proceso”, explicó Nieves en entrevista con Metro.
Sin embargo, consideró prematuro anticipar si Power Expectations acudirá a los tribunales contra el gobierno o contra alguna de las compañías relacionadas con el acuerdo.
Del mismo modo, Nieves señaló que, si se corroboraron falsas representaciones ante una entidad gubernamental, el asunto podría trascender una mera controversia administrativa.
“Hacerle falsas representaciones a una entidad gubernamental es un delito”, sostuvo el abogado al ser cuestionado sobre las posibles implicaciones de las alegaciones.
Cuestionan manejo de las alertas
Uno de los principales puntos bajo escrutinio es lo ocurrido después de que las autoridades y el evaluador externo conocieran los señalamientos de Enchanted Rock sobre el uso no autorizado de su nombre y su firma por parte de Power Expectations.
El 16 de junio, el abogado general de ERock comunicó las alegaciones a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. La información fue remitida ese mismo día a Osvaldo Carlo Linares, presidente de Regulatory Compliance Services, empresa que opera como la Oficina Independiente de Adquisiciones, conocida como 3PPO.
Sin embargo, el 30 de julio, mientras esas alegaciones estaban bajo evaluación, Carlo Linares recomendó a la AEE aprobar la sustitución de Enchanted Rock por Flotek Industries. Según la Junta de Supervisión Fiscal, la recomendación no reveló a la AEE los señalamientos realizados por ERock.
La AEE aprobó el cambio al día siguiente
“Me parece a mí que hubo serias fallas. Es evidente que hubo serias fallas en la evaluación de este contrato, en la recomendación de parte de esta compañía sobre este contrato”, expresó Nieves.
El abogado sostuvo que decisiones relacionadas con acuerdos de miles de millones de dólares requieren una diligencia particularmente rigurosa.
“Este tipo de proceder es muy peligroso para Puerto Rico. Decisiones sobre contratos multimillonarios se toman sin la debida diligencia de cosas básicas, que en el mundo corporativo son temas básicos que siempre se atienden”, afirmó.
Por su parte, John Mudd, también abogado, fue más directo al cuestionar el tiempo que transcurrió antes de que las alegaciones fueran referidas a las autoridades.
“Desde que esa carta se recibe, se debe haber mandado todo a Justicia”, sostuvo Mudd sobre la comunicación de Enchanted Rock.
“De ser cierto lo que ellos están diciendo, es un fraude terrible”, añadió, enfatizando que se trata de alegaciones que todavía tendrían que ser investigadas y corroboradas.
