Junta levanta bandera por contrato millonario en Educación de telecomunicaciones
El organismo fiscal señala que el Departamento de Educación ejecutó y enmendó un acuerdo de más de $85 millones sin someterlo a revisión, como exige la ley
Por Metro Puerto Rico
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) objetó al Departamento de Educación de Puerto Rico (DE) por no haber sometido a su revisión un contrato de servicios de telecomunicaciones con la Puerto Rico Telephone Company, Inc., que opera como Claro, a pesar de que el acuerdo supera el umbral de $10 millones que activa la fiscalización obligatoria bajo la Sección 204(b)(2) de PROMESA.
Según una carta fechada el 20 de julio de 2026 y dirigida al secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, el ente fiscal detalló que el 27 de junio de 2025 había aprobado —con observaciones— un contrato surgido de un proceso competitivo con un monto máximo de $85,462,945.33 y vigencia hasta el 30 de junio de 2029.
Sin embargo, el DE nunca ejecutó ese contrato aprobado por la Junta. En su lugar, el 3 de julio de 2025 la agencia firmó un contrato distinto, identificado como 2026-000035, con una duración de apenas un mes y un monto inicial de $1,219,066.85. Ese documento nunca llegó a la Junta para su evaluación.
Casi un mes después, el 29 de julio de 2025, el Departamento ejecutó una primera enmienda a ese mismo contrato que sí estableció el monto máximo real de $85,462,945.33 y extendió el término hasta 2029, con dos prórrogas adicionales de un año disponibles. Tampoco esta enmienda fue remitida a la Junta.
“El PRDE no sometió el contrato 2026-000035 ni su primera enmienda a la Junta de Supervisión para su revisión y aprobación, según lo requiere la Política”, señaló el organismo en el documento, firmado por su asesor legal, Jaime A. El Koury.
La Junta le recordó a la agencia que todo contrato o serie de contratos relacionados —incluyendo enmiendas, modificaciones o extensiones— cuyo valor agregado alcance o supere los $10 millones debe someterse para revisión antes de su ejecución. Ante el hallazgo, el organismo fiscal exigió al Departamento de Educación implementar “medidas correctivas” para garantizar el cumplimiento de la política en el futuro.
La carta más reciente de la Junta atiende específicamente la segunda enmienda al contrato, la cual no altera el monto máximo ni el plazo del acuerdo, sino que asigna $4,584,534.34 para cubrir la porción correspondiente al Departamento durante el segundo año de servicio, cuyo costo total asciende a $14,395,135.54.
El contrato cubre servicios de red de área amplia, internet, filtrado de contenido, telecomunicaciones y equipos de wi-fi para escuelas y bibliotecas, financiados en gran parte a través del programa federal E-Rate, que subsidia el 90% de los costos elegibles a través de la Universal Service Administrative Company. El restante 10%, junto con los costos no elegibles, corre por cuenta del Departamento de Educación, con fondos generales y de ingresos especiales.
La Junta indicó que su revisión se basó exclusivamente en la información sometida por el Departamento y que no ha verificado de forma independiente los datos incluidos en la solicitud.
Reacción Departamento de Educación
El DE aseguró que el contrato de servicios de telecomunicaciones de la agencia fue sometido y aprobado por la JSF antes de su ejecución.
La agencia explicó que el acuerdo para los servicios de red de datos (WAN), internet y telecomunicaciones para las escuelas y oficinas administrativas fue presentado ante la Junta el 20 de junio de 2025, tras un proceso competitivo de Solicitud de Propuestas (RFP).
Según Educación, el 27 de junio de 2025, la JSF emitió su aprobación al contrato.
Sin embargo, al momento de esa autorización, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) aún no había completado la revisión requerida para este tipo de contratación.
Ante esa situación, el Departamento indicó que formalizó un contrato temporero al amparo de la Carta Circular Núm. 007-2025 de la OGP, con el propósito de garantizar la continuidad de los servicios esenciales mientras concluía el proceso administrativo.
Una vez la OGP otorgó su aprobación, el contrato fue enmendado para incorporar los términos previamente autorizados por la Junta, sostuvo la agencia.
Posteriormente, el 17 de junio de 2026, Educación sometió ante la JSF una segunda enmienda relacionada con la asignación de fondos para el año fiscal 2026-2027. La Junta aprobó dicha modificación el 20 de julio de 2026, aunque con observaciones sobre el proceso contractual.
El DE sostiene que “la aseveración de que el contrato original no fue sometido para revisión no refleja el historial completo del expediente administrativo, ya que la contratación original fue presentada y aprobada por la propia Junta previo a su ejecución”.
“La diferencia responde al mecanismo utilizado para garantizar la continuidad de un servicio esencial mientras culminaba el proceso de autorización de la OGP”, indicó la agencia.
El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, reiteró que la dependencia continuará cumpliendo con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a los procesos de contratación pública.
“El Departamento de Educación actúa con absoluto cumplimiento a la normativa aplicable y continuará colaborando con la Junta de Supervisión Fiscal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y las demás entidades concernidas para garantizar procesos transparentes y, sobre todo, la continuidad de servicios esenciales para nuestras escuelas y comunidades escolares”, expresó Ramos Parés.
Finalmente, la agencia aseguró que continuará atendiendo cualquier planteamiento mediante los canales institucionales correspondientes y aportando toda la documentación necesaria para evidenciar el cumplimiento de los procesos administrativos y fiscales aplicables.
