Exsecretaria del DACO arremete contra Fortaleza e insiste que Justicia la represente
Además, Rodríguez Erazo asegura que el secretario de la gobernación violó la ley al intervenir con una empleada de la agencia
Por Juan Marrero
El Departamento de Justicia no representará a Valerie Rodríguez Erazo, quien fuera secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) hasta finales del año pasado, en una demanda por alegado discrimen presentada por una empleada de la agencia. Ante esto, Rodríguez Erazo invitó a la actual administración a revisar las leyes de Puerto Rico.
En conferencia de prensa desde La Fortaleza, el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, informó que al no ser funcionaria pública la ley no la cobija, ya que según él, “solo le aplica cuando son casos de funcionarios de gabinetes”.
“Invito al compañero licenciado Jean Peña Payano a que se revise las leyes de Puerto Rico, en efecto, una ley tan vieja como la ley 104 de 1955 enmendada con la ley 9 de 1975”, comentó a Metro la también abogada de profesión haciendo referencia a los artículos 12 y 13.
“Todo funcionario, ex funcionario, empleado o ex empleado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que sea demandado en daños y perjuicios en su carácter personal, cuando la causa de acción se base en alegadas violaciones a los derechos civiles del demandante, debido a actos u omisiones incurridos de buena fe, en el curso de su trabajo y dentro del marco de sus funciones, podrá solicitar que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico le provea representación legal y posteriormente asuma el pago de cualquier sentencia que pueda recaer sobre su persona”, lee el texto del artículo 12 de la mencionada ley.
Es por esto que la pasada titular confirmó que estará exigiendo representación por parte de Justicia.
“La ley precisamente dice que cobija a todo funcionario y exfuncionario, y así se hará la solicitud porque yo actué, no tan solo en mi capacidad como secretaria del DACO, sino conforme a derecho”.
La acción legal contra Rodríguez Erazo fue sometida en el tribunal por Hilda Ortega Álamo, empleada de carrera que al momento de los hechos ocupaba una posición de confianza, quien exige una compensación de $900 mil por discrimen por impedimento y género, represalia y difamación, entre otras cosas.
En la demanda, Ortega alega que tuvo que recurrir al secretario de la gobernación, Francisco Domenech, para poder conseguir la solicitud de trabajo remoto tras una intervención médica, así como para mantenerse en su posición de confianza.
En declaraciones escritas, Domenech confirmó su intervención en esta situación ya que según él, la empleada llevaba semanas solicitando la extensión de un acomodo respaldado por certificaciones médicas, fotografías de una cirugía mayor y múltiples correos electrónicos.
Sobre esto, Rodríguez Erazo también se expresó indicando que “él dice que se sintió en la obligación de intervenir por esta empleada, pero sabes qué, poco importa si él se sintió en la obligación, la pregunta aquí obligada es, ¿le permite la ley a él tomar decisiones de personal de una empleada de una agencia?, y la contestación es no”.
Además de la protección que estará exigiendo a Justicia, la pasada funcionaria dijo que se tendrá “que pasar tela de juicio sobre la acción que hizo el secretario de la gobernación”, ya que asegura que “por más que él quiera hacerse una orden ejecutiva y atribuirse todos los poderes del mundo, nosotros vivimos en una sociedad de ley y orden y la ley no se lo permite”.
Sobre esto, Domenech expresó en declaraciones escritas que “desde el primer momento expliqué que las facultades delegadas por la Orden Ejecutiva no significan que el Secretario de la Gobernación intervenga diariamente en todos los asuntos de personal. También fui claro al expresar que esas facultades se ejercen cuando las circunstancias lo ameritan. Eso fue precisamente lo que ocurrió en este caso”.
