Procuradora acusa a Suzanne Roig de quitarle poderes de fiscalización: revela que multó dos veces a Familia
Yolanda Varela aseguró que la secretaria aprobó un reglamento que redujo facultades de la Procuraduría y confirmó que su oficina investiga el manejo del caso de Casa Dorada.
Por Santiago Omar Escobar Colón
La procuradora de las Personas de Edad Avanzada, Yolanda Varela Rosa, aseguró este lunes que la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig, le retiró parte de sus facultades de fiscalización mediante un reglamento aprobado por esa agencia, al tiempo que reveló que la Procuraduría ya ha impuesto dos multas al Departamento de la Familia durante el pasado año.
Durante una entrevista en Primer Round, Varela explicó que la controversia surgió cuando el Departamento de la Familia modificó un reglamento relacionado con la fiscalización de hogares de cuidado prolongado.
“Me quitó parte del poder en el reglamento… de fiscalizar”, afirmó.
Según relató, cuestionó directamente a la secretaria sobre el cambio y recibió como respuesta que, aunque ya no aparecía incluida en el reglamento, podía continuar ejerciendo sus funciones.
“Yo hice esa misma pregunta. Ella respondió que como quiera yo estaba incluida. Pero si no está incluida, me excluye”, expresó.
A pesar del cambio, aseguró que la Procuraduría ha continuado realizando inspecciones y fiscalizando hogares de adultos mayores.
Varela también reveló que, desde que asumió la dirección de la agencia hace aproximadamente un año, la Procuraduría ha multado en dos ocasiones al Departamento de la Familia.
“Sí hemos dado multa… fueron las dos al Departamento de la Familia”, indicó.
No obstante, aclaró que esas sanciones no estuvieron relacionadas con el caso del hogar Casa Dorada ni con denuncias de maltrato o abandono, y declinó ofrecer detalles específicos al alegar que se trató de asuntos distintos.
Las expresiones cobraron relevancia en medio de la controversia por el manejo del caso de Casa Dorada, en Las Piedras, donde un cuidador enfrenta cargos por la presunta muerte de una residente de 87 años.
La procuradora confirmó que su oficina mantiene abierta una investigación sobre la actuación del Departamento de la Familia en ese caso y que, una vez concluya el proceso investigativo, evaluará si existen fundamentos para imponer nuevas sanciones a la agencia.
“Dependiendo del desfile de pruebas que me den y de lo que yo pueda sostener, claro que sí”, respondió al ser cuestionada sobre una posible multa relacionada con ese caso.
Varela también reveló que la Procuraduría sufrió un recorte presupuestario de $600,000 para el presente año fiscal, lo que, según explicó, compromete cerca de $2 millones en fondos federales pareados destinados a programas de alimentación para adultos mayores en toda la isla.
