Pablo José Hernández pide la salida de Francisco Domenech tras acusaciones bajo juramento de Sebastián Negrón
En momentos en que el Senado evalúa una declaración jurada de 70 páginas presentada por el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard.
Por Santiago Omar Escobar Colón
La controversia que rodea al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, escaló este jueves luego de que el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, reclamara públicamente su salida del gobierno, en momentos en que el Senado evalúa una declaración jurada de 70 páginas presentada por el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, con múltiples señalamientos de presuntas irregularidades.
“Por el bien de Puerto Rico, urge que la gobernadora despida a Francisco Domenech y su claque”, expresó Hernández Rivera en declaraciones escritas.
El funcionario sostuvo que la permanencia de Domenech en La Fortaleza tiene consecuencias que van más allá del ámbito político.
“Las alegaciones de corrupción —creíbles y constantes— laceran la reputación de Puerto Rico en Washington y ponen en peligro fondos federales, como los del Plan Vital que vencen en 2027”, indicó.
Además, cuestionó la decisión de la gobernadora Jenniffer González Colón de mantener a su principal colaborador en el cargo.
“La resistencia a hacer cambios obliga a preguntarse: ¿qué encubre, y a quiénes protege, La Fortaleza?”, añadió.
Las expresiones del comisionado residente se producen apenas horas después de que trascendiera el contenido de las declaraciones juradas sometidas por Negrón ante el Senado como parte de la investigación ordenada mediante la Resolución del Senado 548.
En esos documentos, Negrón acusa a Domenech de intervenir para frenar una investigación interna del DDEC sobre el proceso competitivo RFP-DDEC-OGPe-2026-06, de oponerse a la suspensión de funcionarios señalados por presuntas irregularidades, de instruir que se controlara a las empleadas denunciantes para evitar que hablaran públicamente y de ejercer presiones relacionadas con el proyecto Opus Miramar y la firma Politank.
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La declaración jurada también sostiene que Domenech intervino en decisiones administrativas del DDEC, cuestionó medidas disciplinarias contra funcionarios vinculados a la campaña de la gobernadora y presionó para agilizar asuntos relacionados con decretos contributivos.
A esos señalamientos se suma una segunda declaración jurada, suscrita por el exdirector de la Oficina de Incentivos para Negocios, Ernesto J. Zayas García, quien aseguró que Domenech defendió activamente el proyecto Opus Miramar durante reuniones oficiales y que una auditoría al decreto contributivo de Politank encontró presuntas irregularidades administrativas, incluyendo la desaparición temporal del expediente físico de la empresa.
Hasta el momento, las alegaciones contenidas en las declaraciones juradas no han sido adjudicadas por un tribunal ni representan una determinación administrativa.
No obstante, el reclamo del comisionado residente aumenta la presión política sobre La Fortaleza y convierte a Hernández Rivera en una de las figuras de mayor rango en solicitar abiertamente la destitución del secretario de la Gobernación mientras continúan las investigaciones sobre el caso.
