Gobernadora declara estado de emergencia por la falta de agua en Canóvanas y Río Grande
El municipio de Loíza no fue incluido en el documento oficial publicado hoy en el Departamento de Estado.
Por Juan Marrero
La gobernadora Jenniffer González firmó una nueva orden ejecutiva declarando un estado de emergencia para los municipios de Canóvanas y Río Grande por la falta del servicio de agua potable por unos trabajos programados que comenzaron en el día de ayer.
En la misma declaración, la OE-2026-032, la mandataria ordenó también la activación de la Guardia Nacional.
“Resulta necesario declarar un estado de emergencia en los municipios de Río Grande y Canóvanas, así como en cualquier otro municipio o comunidad de Puerto Rico que resulte afectada por las condiciones de sequía o por las interrupciones programadas del servicio de agua potable determinadas por la AAA. Asimismo, resulta necesario autorizar la activación de la Guardia Nacional de Puerto Rico para brindar apoyo a las operaciones de respuesta de la AAA y de las demás agencias e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico que intervengan en la atención de esta emergencia”, lee parte del documento.
La mandataria delegó en el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Arthur Garffer, en coordinación con el presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Luis González, extender esta declaración a algún otro municipio o comunidad que se vea afectado, y así asignar los “recursos extraordinarios para garantizar el acceso al agua potable y proteger la vida, la salud, la seguridad y el bienestar de la población”.
Toda determinación también deberá realizarse en “coordinación con la Secretaría de la Gobernación para garantizar una respuesta gubernamental uniforme, oportuna, eficaz y eficiente”.
Así mismo, se le instruyó tanto al Departamento de Hacienda, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agenda Fiscal de Puerto Rico realizar todas las gestiones que sean necesarias y convenientes para poner a disposición los recursos fiscales, humanos, materiales, técnicos, operacionales y administrativos que resulten necesarios para la implantación de esta Orden Ejecutiva y el cumplimiento de sus propósitos.
Más temprano desde La Fortaleza, el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, había adelantado que en esta declaración se iba a estar incluyendo al municipio de Loíza, sin embargo, este no fue incluido en el documento oficial publicado hoy en el Departamento de Estado.
A preguntas de la prensa sobre si las alcaldesas fueron notificadas antes de la implantación del plan, el secretario sostuvo que la comunicación se mantuvo desde que se activó el protocolo y que el aviso más reciente se hizo el domingo.
“Se avisó el domingo y se habían estado comunicando con ellas”, afirmó.
